Política

La oposición quiere usar el fallo que benefició a Sabbatella para que los candidatos a gobernador apoyen a varios presidenciables

Por Gabriela Pepe.- La ley de primarias limita que quienes compitan en las elecciones se presenten por distintos partidos políticos. Pero dos sentencias de la Cámara Nacional Electoral, una a favor de Nuevo Encuentro, flexibilizaron la norma. Massa deberá aplicarla en la provincia de Buenos Aires.

La oposición deberá invocar un fallo que benefició a Nuevo Encuentro en caso de que sus candidatos a gobernador quieran adherir sus boletas a distintos presidenciables, y viceversa. Así, si Sergio Massa pretendiera llevar en su lista diferentes candidatos a gobernador o de que el jujeño Gerardo Morales procurara adherir su boleta a las del Frente Amplio Unen (Faunen) y el Frente Renovador, de manera simultánea, tendrán que hacer una presentación judicial que los autorice.

 

Desde hace tiempo varios candidatos a gobernador por la oposición barajan la posibilidad de colgar su boleta tanto de los presidenciables de sus respectivos espacios como de las figuras de otros partidos. El candidato del radicalismo en Mendoza, Alfredo Cornejo, por ejemplo, acordó con Mauricio Macri y decidió llevar al jefe de Gobierno porteño en su boleta, además del candidato del Faunen.  En Jujuy, Morales pretendía hacer lo mismo y pegarse al referente del Faunen y a Massa. Una decisión similar había adoptado el radical José Cano para competir en Tucumán.

 

Esa estrategia electoral está limitada por la ley de primarias, que establece en su artículo 22 que “los precandidatos que se presenten en las elecciones primarias sólo pueden hacerlo en las de una sola agrupación política, y para una sola categoría de cargos electivos”. Sin  embargo, fue el mismo kirchnerismo el que logró la flexibilización de la norma, en el año 2011, cuando consiguió que la Cámara Nacional Electoral autorizara a Martín Sabbatella a ir colgado de la lista de Cristina Fernández de Kirchner con su partido, Nuevo Encuentro. La boleta oficial del Frente para la Victoria para la gobernación la llevó Daniel Scioli.

 

La presentación, en ese entonces, estuvo a cargo del apoderado nacional del PJ, el diputado Jorge Landau. “La ley de primarias se hizo para evitar las listas espejo, con la idea de que cada partido político tenga competencia interna, pero eso se flexibilizó con el fallo de la Cámara Nacional Electoral”, dice Landau a Letra P. La norma se sancionó después de las elecciones 2009, cuando en algunas localidades el kirchnerismo padeció el sistema espejo. En Tigre, por ejemplo, Néstor Kirchner obtuvo el 39 por ciento de los votos mientras que la primera candidata a concejal, Malena Galmarini, esposa de Massa, alcanzó el 53 por ciento. Esas sospechosas diferencias derivaron en la famosa “caza de traidores” del kirchnerismo y en la sanción de la ley de PASO.

 

Cuando en 2011 Nuevo Encuentro quiso adherir a la lista del Frente para la Victoria encontró un escollo legal en el decreto 443, reglamentario de las PASO, que en su artículo 15 estableció  que “en el acta de conformación de las alianzas pueden establecerse acuerdos de adhesiones de boletas de diferentes categorías para las elecciones generales, con otras agrupaciones políticas no integrantes de la alianza, siempre que las listas a adherir resulten ganadoras en sus respectivas elecciones primarias”. Es decir que, según esta norma, las listas colectoras recién pueden adherir a las candidaturas de otros espacios en las elecciones generales y no en las primarias. Ese criterio fue ratificado por el fallecido juez Manuel Blanco, quien falló en contra de Nuevo Encuentro. La decisión de Blanco fue apelada por Landau ante la Cámara Nacional, que revirtieron el escenario.

 

De acuerdo con el fallo 4598/2011, firmado por los camaristas Rodolfo Munné, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, para que “la lista N° 2 Celeste y Blanca, de la alianza Frente para la Victoria, distrito Buenos Aires” pudiera “imprimir sus boletas con las de la agrupación distrital Partido Progreso Social y las alianzas provinciales Frente Social de la Provincia de Buenos Aires y Nuevo Encuentro”, debía existir “un vínculo jurídico” previo entre las agrupaciones. A ese requisito se sumaba, además, la necesidad de que “exista consentimiento de las listas. Prestado – de modo expreso o tácito – a través de sus respectivos apoderados”.

 

En la misma fecha, 26 de julio de 2011, la Cámara falló en el mismo sentido en el caso Gustavo Llaver, apoderado del Partido Autonomista, que recurría decisión de la justicia electoral de la Ciudad de Buenos Aires. “Para que la boleta de un partido pueda ser impresa de modo conjunto a la de otra agrupación es necesario que entre ellos exista un vínculo jurídico”, repetía la Cámara.

 

De acuerdo con la doctrina del tribunal electoral, la oposición necesitará demostrar un vínculo jurídico preexistente entre sus agrupaciones para poder pegar sus boletas en los distintos distritos. “Si no demuestran eso, las alianzas no pueden operar”, asegura Landau. Con base en ese fallo, en esa ingeniería electoral viene trabajando el radicalismo desde el mes de diciembre. El encargado de llevar adelante el entramado es el senador por Formosa Luis Petcoff Naidenoff, en contacto permanente con Morales, uno de los mayores interesados en que la adhesión de boletas sea posible.

 

En ese mismo fallo debería ampararse Massa en caso de querer llevar varios candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Todo parece indicar que el Frente Renovador tendrá por lo menos a Darío Giustozzi y Gustavo Posse en su lista oficial pero aún no se sabe cómo será el mecanismo por el cual competirá Francisco de Narváez, que el sábado anuncia su acuerdo con Massa. Tampoco está claro qué pasará con Martín Insaurralde, de pasarse al massismo, ya que dentro del Frente Renovador hay quienes resisten que el intendente de Lomas de Zamora compita en las internas del espacio y pretenden que lo haga desde un sello diferente. En caso de que De Narváez quiera colgarse de la candidatura presidencial de Massa sin participar de la interna, desde su partido Unión Celeste y Blanco, e Insaurralde lo haga desde un sello propio, necesitarán del fallo Nuevo Encuentro.

 

Una jugada similar fue aplicada por el kirchnerismo en las elecciones de Santiago del Estero, en 2013, cuando la lista oficialista encabezada por la gobernadora Claudia Ledesma Abdala, esposa del mandamás Gerardo Zamora, fue con la lista oficial del Frente Cívico y la Justicia permitió la adhesión de las boletas del Frente Popular a ese espacio. El oficialismo santiagueño logró, de esa manera, quedarse con las tres bancas del Senado disponibles, cuando obtuvo dos por la mayoría (del Frente Cívico) y una por la minoría (la de Gerardo Montenegro, del Frente Popular).

 

El dilema de Mendoza

 

El gobernador mendocino, Francisco “Paco” Pérez provocó la reapertura del debate electoral con su reglamentación de la ley de primarias provinciales en la que establece que  “no podrá haber ningún tipo de adhesión de boletas entre categorías que no pertenezcan a la misma agrupación política, o que sean parte de una alianza o confederación reconocida”. El gobernador tiene una enorme presión en su distrito, ya que varios intendentes –radicales y también del peronismo – decidieron desdoblar las elecciones y delinea estrategias para evitar la derrota ante el radical Cornejo, que pretende pegar su lista a las de Julio Cobos y Macri. El mismo Cobos le dijo a Letra P que la decisión de Cornejo “se adelantó sin tener en cuenta que el justicialismo iba a apelar a su estrategia para pelear todo lo posible”, en referencia a la jugada de Pérez.

 

Esa limitación fue interpretada como una maniobra del kirchnerismo para evitar cualquier intento de unión de la oposición. Según reveló La Política Online, la Rosada prepara una nueva modificación a la ley electoral para impedir que la oposición selle acuerdos por distritos o categorías sin conformar un frente, algo que terminaría con las estrategias de los candidatos radicales.

 

Si bien Landau afirma que “no hay ningún proyecto en ese sentido” y recuerda la regla según la cual “no se sancionan leyes electorales en años electorales”, algo que justificó la aprobación de la ley de Parlasur el 29 de diciembre, el escenario aún está abierto y la oposición sigue en estado de alerta, ya que teme que el kichnerismo dinamite sus planes de alianza con alguna jugada de último momento.

 

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