Política

Guerra judicial: Con una solicitada de fiscales, el Gobierno empezó su contraofensiva por Gils Carbó

Letra P.- Como anticipó Letra P, el gobierno dio al puntapié a su “revancha judicial” por el golpe que vivió el viernes pasado cuando el juez Enrique Lavie Pico, frenó a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la designación de 16 fiscales subrogantes. Capitanich habló de “caranchos” que quieren frenar la implementación del Código Procesal Penal. La reunión de Pichetto y Domínguez.

En varios diarios de tirada nacional, un grupo de fiscales denunció hoy una “campaña de criminalización” contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El texto tiene como objetivo rechazar “las versiones que circularon en los últimos días y que cuestionan decisiones tomadas por la Procuración General de la Nación en ejercicio de sus facultades constitucionales”. Hace referencia al nombramiento de los 16 fiscales subrogantes.

 

Además, devela otra vez la interna que incluye a funcionarios judiciales. Los fiscales que responden a Gils Carbó coinciden en que hay un grupo de agentes que “se arrogan una representación plural, cuando sólo enuncian intereses particulares de algunos de sus miembros”. La cita habla del nuevo Código Procesal Penal y el sistema acusatorio.

 

Sucede que el viraje al sistema acusatorio que propone el nuevo Código Procesal Penal, según el espacio que responde a la Procuradora, se sustenta en “la transparencia, la oralidad, la celeridad, el compromiso, la creatividad, el liderazgo y la responsabilidad social son los valores directrices de una modera forma de persecución penal”. Algo que también defendió el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matinal.

 

¿No será porque son los mismos ‘caranchos’ que desde una perspectiva corporativa se apropian de núcleos del Poder Judicial para extorsionar a los gobiernos y particulares?” se preguntó el jefe de ministros de la Nación, desde Casa Rosada. 

 

Por su parte la solicitada de fiscales habla de un “intento por descalificar a magistrados y magistradas que concursaron sus cargos y fueron nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación siguiendo todos los mecanismos constitucionales, así como a los funcionarios y funcionarias que se desempeñan en las estructuras de apoyo a las investigaciones”,

 

Concluyendo que tanto el amparo como las definiciones de distintos espacios de jueces y fiscales opositores “revela, una vez más, la indolencia de quienes optan por defender espacios de poder individual en lugar de brindar respuestas a la población mediante la lucha contra la impunidad en el marco de un estado constitucional de derecho” .

 

El texto que lleva la firmas de Daniel Adler, Dante Vega, Jorge Auat, Pablo Parenti, Abel Córdoba, Cristina Caamaño, Guillermina García Jardín y Adrián García Lois; entre otros.

 

Pero luego del revés que recibió el gobierno, las estrategias para ir a fondo empezaron a desplegarse. Como medida de fondo, según supo Letra P, las estrategias son 2.

 

Una de ellas es reflotar el proyecto de un código de procedimientos que regule el fuero contencioso con el objetivo de limitar el efecto de las sentencias contra el Estado. Proyecto ya casi añejo del kirchnerismo, que se redactó a pedido de Julio De Vido y que corrigió Roberto Dromi.

 

Por otro lado aparece uno más efectivo pero dañino: pasar a retiro a todos los jueces que superen los 65 años, como es el caso de la gran mayoría del fuero contencioso federal. Ese camino se recorrería desde el Consejo de la Magistratura donde sólo hace falta un proyecto de reglamento que debería aprobarse por la mayoría simple que hoy el gobierno tiene en ese organismo.

 

Quizá la reunión de “urgencia” que convocó el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, para este lunes a las 18 horas, según publica La Nación, tiene que ver –además de dar una declaración pública de respaldo a Gils Carbó- trazar un esquema y reflotar el proyecto para establecer un código de procedimiento para regular el fuero contencioso.

 

“Lo que sucede con algunas resoluciones judiciales es de gravedad institucional y los representantes del pueblo no podemos ni queremos quedarnos con los brazos cruzados, ni como meros espectadores frente al desvío de estos actos jurisdiccionales” había dicho el presidente de la Cámara Baja, Julián Domínguez durante el fin de semana.

 

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