El sello que envuelve este caso, ocurrido en su totalidad durante 2007, el último año del último mandato de Romero como gobernador, es Dash S.A. Esta firma no puede ocultar sus vínculos con la familia Romero: fue creada por Néstor Adrián Dousset Zamora, socio de Marcelo Romero, hermano del senador y subdirector del diario El Tribuno, el emblema mediático del clan familiar. Además, Dousset Zamora es apoderado de Estancia El Carmen, la que utilizó el hoy senador para reunir en una sola empresa todas las tierras de las que consiguió hacerse durante su paso por la Gobernación y que están siendo investigadas, aunque con trabas y sugestiva lentitud, en tribunales salteños –ver los casos “El Hangar” y “La Ciénaga” –.
Según consta en la denuncia que tramita en el juzgado de Transición N°4, a cargo del juez Federico Diez, Dash S.A. adquirió el 10 de mayo de 2007 un total de 78 hectáreas en la finca San Miguel, en la localidad de El Galpón. Por la totalidad de ese terreno pagó una suma de 190.000 pesos. Pero a fines de ese mismo mes, la empresa consiguió venderle esos terrenos al ex Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda en la suma de 1.588.296 pesos. Con una salvedad: la transferencia fue de apenas 17 de las 78 hectáreas que había comprado. Que, en cálculo, tendrían un valor de 42.000 (pagó 190.000 por el total). Lo que le reservó a la empresa vinculada al hermano del entonces gobernador una ganancia superior al 3.700%.
La escritura pública 227 es la que ratifica la venta de las 78 hectáreas a Dash S.A. Fue refrendada por la escribana María Carolina Dellmans Pacheco, imputada en la causa. La que intervino en la siguiente operación, el pase de 17 de esas hectáreas a manos del Estado salteño por más de 1,5 millones de pesos fue Laura Inés Wayar, una ex funcionaria de Romero y, además, dueña de un nombre que aparece en casi todos los expedientes que el ex gobernador por ahora consigue trabar en la Justicia.
Según consta en la escritura pública 756 que rubricó Wayar, Dash S.A. sumó a la venta de tierras una “donación” de otra porción del terreno, estimada en poco más del 21% del total del predio. Por lo que, en total, Salta se quedó con menos de la mitad de las 78 hectáreas que compró la empresa ligada a los Romero, pagando por eso cifras siderales.
Para cerrar el círculo del negocio, dos años después Dash S.A. decidió desprenderse del resto de las tierras que había comprado en mayo de 2007. Esta vez decidió hacerlo rápido, ya que había obtenido ganancias suficientes en la transacción inmobiliaria con el Gobierno de Romero. El 10 de junio de 2009 vendió lo que le quedaba de los terrenos en una suma de 100.000 pesos, cifra 15 veces menor a lo que había pagado Salta por un predio menor. ¿Cuál fue la empresa que consiguió tan buen precio? Fue Estancia El Carmen S.A., la compañía emblemática del clan Romero y que reúne todas las operaciones inmobiliarias de la familia. La operación fue registrada en la escritura pública 76 y la selló el escribano Víctor Manuel Brizuela, otro nombre frecuente en las causas que involucran a Romero y que, además de haber sido escribano del Gobierno provincial, fue ministro de Gobierno y Justicia y jefe de Gabinete durante la gestión Romero.
Boroquímica, otro caso
El pase de manos de los terrenos que ocupaba hace 20 años la ex Boroquímica Baradero es otro caso entre las causas judiciales que pesan sobre Romero. Se trata de cuatro hectáreas en el sur de la ciudad de Salta, al lado de los barrios Bancario y San Carlos, que todos los vecinos coinciden en identificar como un baldío inservible, desolado, de tierra árida en la que no crecen ni las más resistentes plagas silvestres.
Quien se atrevió a “invertir” en esas tierras fue Alberto Raymundo Sosa, abogado y uno de los lobbystas de mayor confianza de Romero, implicado además en alguna otra denuncia contra el senador. Según consta en el expediente, que también tramita en el juzgado de Diez, Sosa puso 160 mil dólares para comprar ese predio en julio de 1999. Pero para Sosa, claro está, esa operación tenía ganancias aseguradas.
Tardó apenas dos meses en ofrecer el terreno al Estado salteño. Puntualmente, al ex Instituto Provincial de la Vivienda, organismo que también sirvió para canalizar otras operaciones inmobiliarias entre el gobierno provincial y la familia Romero. Pero el negociado tardó un poco más en cerrarse.
Fue el 27 de diciembre del 2000, cuando por medio de la resolución 869 del gobierno de la provincia, se autorizó pagar la suma de 580 mil pesos/dólares por el terreno de Sosa. Una ganancia de 420.000 dólares para el letrado de Romero, que consiguió triplicar su inversión en poco menos de un año y medio.