“Resuelvo hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Acción en la Subalternidad(CIAJ), suspendiendo los efectos de la Resolución N° 642/14, dictada por el Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con el alcance indicado en el considerando 6 de la presente; ello de manera inmediata a la notificación de la presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 163 de la Const. Provincial y hasta tanto se dicte sentencia en autos”, expresa el fallo.
Lo que había solicitado Verbitsky era el dictado de una medida cautelar para que se disponga la suspensión de aquella resolución del gobierno provincial y se ordene la prohibición de alojar personas en aquellas dependencias policiales que fueran inhabilitadas para ello.
“Las comisarías de policía son centros concebidos para detenciones transitorias que no cuentan con la infraestructura ni los servicios básicos para asegurar condiciones dignas de detención. Además, debido a su formación, el personal policial no está preparado para cumplir con la función de custodia de detenidos, la que corresponde a servidores públicos capacitados para la custodia y tratamiento de personas privadas de la libertad, en este caso, al Servicio Penitenciario Provincial”, argumentaron los organismos de derechos humanos.
En el fallo de Arias de este miércoles, se destaca que “la Provincia de Buenos Aires se encuentra sujeta al cumplimiento de un marco normativo que establece los principios y modalidades básicas que deben satisfacer los establecimientos de detención y las medidas que allí se cumplen. En efecto, el artículo 18 de la Constitución Nacional dispone que las cárceles son para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) prescribe en su artículo 5 inciso 2 que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; en igual sentido el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH)”.
“Tanto de los relevamientos efectuados por los peritos como los informes producidos por las autoridades se desprende que la estructura edilicia de las seccionales policiales bonaerenses no es apta para cumplir con las detenciones ordenadas por los magistrados de la justicia penal, toda vez que no cumplen con los estándares internacionales establecidos para la privación de la libertad”, se detalla en el fallo.
Verbitsky, junto a otros organismos de derechos humanos, viene denunciado el estado en las cárceles y lugares de detención de la provincia de Buenos Aires, incluso confrontando fuertemente en varias ocasiones con integrantes del gabinete sciolista y sus legisladores.
