En la Legislatura se están debatiendo dos posturas disímiles, una que apunta a la regulación, planteada por la oposición, y la postura que nosotros defendemos que es la prohibición definitiva.
En la actualidad nos encontramos en una situación dual, de vulnerabilidad por un lado, y de privatización del espacio público por otro.
La vulnerabilidad es de los vecinos, los derechos afectados son los de los vecinos, que quieren estacionar, que son agredidos y violentados en las esquinas mientras están en sus autos, que soportan un amedrentamiento ante un posible daño a sus vehículos. La privatización del espacio público es una decisión discrecional de algunos sujetos, que en actitud intimidante se apropian con toda impunidad del espacio de todos, convirtiéndolo en un lugar para pocos.
La ley, tal como está redactada en la actualidad, es de imposible aplicación. Tal es así que, de las más de 3.700 causas iniciadas durante el año 2007 por ejemplo, el 95% fueron directamente archivadas porque la ley vigente establece como deber de los vecinos realizar la denuncia, contar con testigos que hayan presenciado el hecho y además probar que hubo “exigencia” por parte del “trapito”.
Nosotros buscamos celeridad en el proceso judicial que funcione como paliativo para las miles de denuncias. No se le puede solicitar la carga de la prueba a la persona. Por otro lado, la realidad demuestra que el “acuerdo voluntario” entre partes, al que hace referencia la oposición, no existe. La gente protesta cada vez de manera más categórica, debemos escucharla para repensar las leyes vigentes.
Es fundamental escuchar al vecino, al comerciante, al contribuyente que forma parte y hace a la sociedad, que debe ser un miembro activo de su ciudad, teniendo la libertad de gozar plenamente del espacio público sin ser coaccionado. Regularizar no es incluir, es conformarse.
Veamos la realidad: crear un registro no soluciona en lo más mínimo el tema; para ir contra las mafias no hay que dejar ningún paso sin dar, los “trapitos” son eslabones primarios que permiten la constitución de organizaciones más grandes. Es impensable llegar a la gran organización delictiva si ni siquiera podemos probar el hecho extorsivo del cuidacoche.
No queremos estigmatizar al cuidacoche sino ir en contra de las conductas que son ilegales; nosotros no aceptamos que coaccionar a un automovilista para obtener un beneficio sea cosa habitual.
No se trata de exclusión, ni de estigmatización de la pobreza, esos son siempre argumentos falaces que desvían la atención. Las problemáticas sociales se atienden desde las políticas sociales que la Ciudad tiene implementadas y funcionan realmente muy bien. Nuestra intención es hacer cumplir la ley, algo tan simple y normal, como que la calle es el espacio de todos.