Política

Caso Grassi: critican el rol de la Secretaría de Niñez de la Provincia

Letra P.- El coordinador del Foro por los Derechos de la  Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la Provincia de Buenos Aires, Adolfo “Fito” Aguirre, puso en duda el accionar de la Provincia sobre la Fundación “Felices los Niños” en el escándalo del padre Grassi.

Después una denuncia de un supuesto desvío de donaciones de la Fundación al penal de Campana, donde el cura Julio César Grassi cumple una condena por abuso sexual a menores de edad, el coordinador del colectivo de derechos de la infancia cuestionó a la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia del Gobierno bonaerense.

 

“Es el órgano de aplicación directa del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y sí o sí debe tomar injerencia en los controles”, dijo y agregó que “es inexplicable como no se le sacó antes la personería jurídica a la Fundación “Felices los Niños”, que se interviene recién luego de informe periodístico”, en referencia al informe de Jorge Lanata en su programa de televisión que desató el escándalo.

 

“Si bien desde la Secretaría se remarcó que la entidad no tenía convenio con la Provincia, llama la atención que se diga desde la misma área que había un control periódico. ¿Qué clase de control hubo que no se advirtió antes? Y en todo caso, ¿se interviene luego de un informe periodístico?”, se preguntó el también secretario de Relaciones Internacionales de la CTA.

 

Luego de la denuncia en Periodismo Para Todos, el gobernador Daniel Scioli decidió intervenir la Fundación con las miradas puestas sobre el secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro, por el estado en que se encuentra la institución, denunciada por su director Juan Manuel Casolati desde que Grassi quedó detenido.

 

En ese sentido, Aguirre hizo hincapié en el rol del Estado y su relación con otras entidades dedicadas al cuidado de chicos. “El Estado no puede omitir su responsabilidad dejando a organización privadas lo que él mismo debiera garantizar sin control alguno. Debe tener una política que controle y audite tanto los servicios que una organización brinda a los niños y niñas como el uso de los fondos que se hace a través de becas o donaciones”, reclamó.

 

El coordinador del Foro destacó que el sacerdote condenado por abuso de menores desde el año pasado, podía manejar una entidad desde la cárcel. “Eso revela una falta absoluta de controles. No se comprende cómo la entidad puede seguir habilitada para seguir recibiendo donaciones y, a la vez, su presidente, condenado, seguir con facultades decisorias respecto a ella”.

 

“Descubrí que entraban muchísimas donaciones a la Fundación y así como entraban se iban a la cárcel”, dijo Casolati al denunciar que el religioso tenía en su celda con un plasma, teléfonos celulares, computadora, frigobar, estufa y baño privado, entre otras comodidades que provenían de donaciones de la Fundación.

 

Para Aguirre, esta situación “afecta el interés superior de todos los niños que en la actualidad se encuentran en la situación, marca la falta de compromiso del Gobierno bonaerense con la aplicación del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez, con organismos que aún no se crearon”.

 

“Esta situación no debiera haber ocurrido nunca si es que todos los resortes del Sistema de Promoción y Protección hubieran actuado de manera coordinada y a tiempo en pos del bienestar de los niños. Urge que el Estado propicie una política planificada frente a las problemáticas de la Niñez y no una respuesta aislada ante cada emergencia”, concluyó.

 

El escándalo que originó la investigación provocó que la titular del Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini, ordenara la separación preventiva del titular de la Unidad 41 de Campana, Raúl Garnica, con el objetivo de garantizar la transparencia y la exhaustiva investigación en el marco del sumario iniciado en el penal.

 

Asimismo, el ministerio de Justicia de Ricardo Casal, explicó que se va a investigar a fondo la situación.

 

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