Lo hizo a través de Personas Jurídicas, al tiempo que instruyó al Ministerio de Justicia para que se realice una investigación en la Unidad Penal 41 de Campana para determinar las responsabilidades sobre la denuncia por irregularidades en el manejo de donaciones, según informó la Gobernación en un comunicado.
Por decisión del Gobernador, el secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro, el subsecretario de Justicia, César Albarracín, y la titular del Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini, concurrirán a la Fundación.
La intervención se da luego de que efectivos de la Policía bonaerense allanaran la casa de Julio César Grassi y la Fundación “Felices los Niños” en el partido de Hurlingham, tras una denuncia de un supuesto desvío de donaciones al penal de Campana, donde el cura cumple una condena por abuso sexual a menores de edad.
La denuncia fue realizada ante la Fiscalía número 8 de Morón, derivada de una investigación periodística a cargo del programa Periodismo Para Todos que transmite El Trece.
Según lo difundido, las autoridades administrativas de la Fundación “Felices los Niños” habrían notado “faltantes” de mercaderías donadas que, al parecer, eran enviadas al Penal de Campana donde se aloja Grassi, por lo que se sospecha que esto le habría permitido gozar de supuestas prebendas y prerrogativas lo que, de comprobarse, significaría un incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y corrupción de parte de autoridades del Servicio Penitenciario.
El cura fue condenado en 2009 a 15 años de prisión por el Tribunal Oral de Morón por abuso sexual agravado de un menor de edad que vivía en la fundación que Grassi dirigía.
El religioso quedó preso en septiembre del año pasado, cuando la Suprema Corte bonaerense ratificó la pena de 15 años a prisión por lo que pocos días después, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Morón ordenó su detención del cura.
En junio pasado, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó un pedido de excarcelación presentado al desestimar un “recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley” contra la sentencia dictada.