Identificada en el ambiente eléctrico como “Delivery 7” –por el tipo de equipamiento en juego y la cantidad de concursos que ha efectuado hasta ahora ENARSA–, la pelea licitatoria ingresó en una etapa caliente a pocos días de la presentación de las ofertas que está prevista para el viernes 12 de diciembre.
Lo que está en juego es la contratación por un período de cinco años de una potencia mínima de 700 MW en pequeñas y medianas usinas móviles que puede extenderse hasta 1.400 MW por las variantes de ofertas alternativas y complementarias que permite el pliego de bases y condiciones.
Tras dos intentos fallidos que terminaron con la anulación de las ofertas por no cumplir con las exigencias técnicas y económicas, ésta es la tercera vez que ENARSA busca adjudicar los contratos de la generación “a medida y a domicilio” para poder atender en el corto plazo las zonas críticas que presenta el sistema eléctrico en materia de abastecimiento.
Según los cálculos que se manejan en el sector, el alquiler y la disponibilidad de los equipos generadores durante el quinquenio que prevén los contratos implicará para el Estado un desembolso de US$ 1.400 millones. A eso se le tendrán que agregar los costos de los combustibles que consumirán las turbinas y que deberán ser suministrados por la CAMMESA a los dueños y operadores de las usinas transportables.
La disputa por este negocio de generación que se extenderá hasta la finalización del mandato del próximo gobierno despertó el interés de las empresas locales y extranjeras APR Energy, Sullair, Aggreko, Electrogen, Río Energy, Uensa, Turbodina, Energyst y Secco.
La mayoría de los competidores cuestionan –por ahora en privado, pero con intenciones de hacerlo público si el clima se pone más espeso y polémico– que varios puntos del pliego habrían sido acomodados para poder beneficiar a determinados oferentes.
En varios de los 13 nodos regionales en que fueron divididas las provincias, los requerimientos de generación solo podrían ser cubiertos por dos o tres oferentes que disponen de equipos similares a los solicitados.
Entre las compañías que correrían con ventajas se encontrarían APR Energy y las locales Uensa y Río Energy. Estas dos últimas firmas, que debutan como oferentes en esta actividad, pertenecen a un empresario chaqueño que contaría con el “padrinazgo” del Jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich.
Más allá de señales de alerta que lanzaron algunas empresas que buscan quedarse con la provisión de los generadores móviles, hay otros dos elementos llamativos que presenta la licitación de ENARSA.
En primer lugar –y pese a las diferencias que existen por el manejo de la política energética entre los ministros Axel Kicillof y Julio De Vido– ésta contratación cuenta con el visto bueno tanto de los funcionarios camporistas de Economía, como de los colaboradores del titular de Planificación que conviven en ENARSA, CAMMESA y el área de Energía.
Y en segundo lugar –según han advertido varios analistas energéticos de la oposición– en numerosos casos el funcionamiento de las nuevas usinas va a requerir la ejecución de obras complementarias, como gasoductos y depósitos de combustibles, que se adjudicarían contrarreloj y a precios más elevados que los normales del mercado.