Política

Una empresa estatal manejada por La Cámpora venderá playas ferroviarias para financiar soterramiento

Por Antonio Rossi.- A más de dos años de haberla anunciado y en medio del terremoto generado por el descabezamiento de la cúpula de la Secretaría de Inteligencia (SI), la administración kirchnerista decidió crear una nueva compañía estatal para la explotación comercial e inmobiliaria de los predios ferroviarios que se encuentran en el territorio de la Capital Federal.

Se trata de la empresa “Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA” que fue lanzada al ruedo la semana pasada por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner y tendrá a su cargo la venta de terrenos y el desarrollo urbanístico de las áreas ferroviarias de Liniers, Caballito y Palermo.

 

El nacimiento de la nueva sociedad estatal –cuyas acciones estarán en manos de la ANSES y del ministerio de Economía– despertó una serie de alertas y cuestionamientos entre los especialistas del sector y representantes del Gobierno porteño.

 

En primer lugar, distintas voces de la oposición advirtieron que la flamante empresa va camino a convertirse en otro reducto que los miembros de La Cámpora utilizarán para sumar nuevos empleados y contratados al sector público.

 

Según los datos en danza, la puesta en marcha de “Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA” implicaría la incorporación de alrededor de 50 nuevos jerárquicos y administrativos al Estado que saldrán de las filas camporistas.

 

En segundo lugar, desde la Ciudad advierten que, otra vez, la Casa Rosada desconoció la participación que les corresponde a los vecinos porteños en una cuestión como ésta donde están en juego intereses y negocios interjurisdiccionales.

 

Para los funcionarios macristas, lo correcto hubiera sido repetir el esquema utilizado para el desarrollo de Puerto Madero con el armado de una “corporación” integrada por representantes de ambos gobiernos. En lugar de esa alternativa, la Nación se cortó sola y pergeñó una empresa estatal que dependerá del ministro de Economía, Axel Kicillof, y del titular de la ANSES, Diego Bossio.

 

Y en tercer lugar aparece una arista llamativa. Según los datos oficiales, el desarrollo urbanístico y comercial de las 74 hectáreas disponibles en Liniers, Caballito y Palermo le reportarán al Estado algo más de $ 2.500 millones que se destinarán a pagar el soterramiento de la línea Sarmiento.

 

Pero, lejos de haber arrancado, las obras para trasladar bajo tierra el ferrocarril que une Once con la zona oeste del Gran Buenos Aires siguen paralizadas y sin fecha cierta de inicio. La asistencia crediticia del BNDES de Brasil, que había arrimado el grupo constructor Odebrecht para la concreción del megaproyecto ferroviario, se encuentra virtualmente congelada por los problemas económicos y políticos que afrontan las administraciones de Cristina Kirchner y Dilma Rousseff.

 

Los primeros desembolsos del crédito por US$ 1.500 millones que acordaron ambos gobiernos se vienen postergando desde principios de 2014. Inicialmente iban a llegar en marzo. Después se pasaron para agosto. Y ahora no se sabe cuándo podrían arribar.

 

Según argumentan los funcionarios del BNDES, el Ministerio de Economía local no ha cumplido con el pago de los anticipos que estaban pautados para la liberación de los fondos. Por su parte, el banco y Odebrecht se encuentran actualmente en la mira por el gigantesco escándalo de corrupción de Petrobras que involucra a las principales constructoras de Brasil.

 

Ante esta situación, el temor de los especialistas en Transporte es que los funcionarios nacionales avancen en el año que resta de la gestión kirchnerista con la venta y firma de contratos inmobiliarios mientras el soterramiento sigue en veremos.

 

Las playas de Liniers, Caballito y Palermo fueron desafectadas de la órbita ferroviaria en septiembre de 2012 por medio del decreto 1723 que había dispuesto la creación de una “sociedad anónima” manejada por el Estado para la explotación comercial y urbanística de esos espacios.

 

Con el fin de delinear el uso de los terrenos, la ANSES llevó adelante con la Sociedad Central de Arquitectos un “concurso nacional de ideas” para seleccionar los proyectos integrales de cada lugar.

 

De acuerdo con la promesa de los funcionarios, el 65% de las playas ferroviarias se utilizará para la creación de nuevos espacios verdes y parques públicos, mientras que el 35% restante de las superficies se orientará al desarrollo “urbanístico e inmobiliario”.

 

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