Se trata de la flamante terminal de ómnibus y centro de trasbordo de Puente La Noria que explota Otero en sociedad con DOTA, el grupo de los empresarios José Faija y Luis González, que controla más de 30 líneas de colectivos en la región metropolitana.
Nacida de una propuesta de “iniciativa privada” presentada en 2005, la terminal de Puente La Noria que comenzó a operar Otero quedó envuelta en una marcada polémica que involucra al actual intendente K Santiago Carasatorre, al ex jefe comunal, Jorge Omar Rossi y al que era en 2005 el Secretario de Gobierno, Martín Insaurralde.
El nuevo centro de trasbordo, que está habilitado desde octubre, concentra el movimiento de 20 líneas de colectivos urbanos. Además cuenta con un sector comercial de 44 locales y un paseo de compras de 9.000 metros cuadrados que se anexará en los próximos meses. La terminal también sumará otras 20 dársenas para la partida y llegada de ómnibus de larga distancia. Y el plato fuerte del negocio -según las versiones no desmentidas y cada vez más firmes-, sería la próxima instalación de un bingo.
Ante el silencio de las autoridades municipales y el apuro de los concejales oficialistas por aprobar las modificaciones más cuestionadas del proyecto, la legisladora massista María Elena Herrera salió a reclamar la creación de una “comisión investigadora” para analizar la actuación de todos los funcionarios que intervinieron en el tema y las diversas irregularidades que se denunciaron sobre los alcances del negocio.
Para justificar la conformación de la comisión investigadora, la edil del Frente Renovador destacó los siguientes aspectos: la “iniciativa privada” de Otero fue aprobada y declarada de “interés municipal” en 2005 sin contar con la zonificación apropiada para el predio y el tipo de servicio ofrecido; el predio previsto inicialmente para el proyecto era de 10.000 metros cuadrados, pero la obra terminada y habilitada por el municipio terminó siendo de 100.000 metros cuadrados; el grupo adjudicatario no habría presentado todos los planos de las obras para que sean evaluados y aprobados por los técnicos municipales.
Además, agregó que las empresas constructoras tampoco tendrían las aprobaciones y autorizaciones de la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires para las obras de saneamiento y el nivel de relleno que debían tener las instalaciones ubicadas en una zona inundable; que el grupo concesionario de la terminal no tiene presentado el “Estudio de Impacto Ambiental” que exigen las normas vigentes; que los funcionarios del Ejecutivo local se excedieron en sus funciones y aprobaron ampliaciones del proyecto de manera irregular; y que el municipio permitió la construcción de un centro comercial que no figuraba en el decreto, ni en la ordenanza que aprobaron las obras de la terminal.
Con el fin de tapar las denuncias y blanquear los puntos oscuros, en la última sesión del Concejo Deliberante, la mayoría de los legisladores del Frente para la Victoria de Lomas de Zamora aprobaron un proyecto de la comisión de Obras Públicas que convalidó “todas las modificaciones de las obras de la terminal Puente La Noria”.
Sin embargo, lo que quedó en el aire es la polémica y millonaria cuestión del bingo.
El concejal del Frente Amplio Unen, Marcelo Pellegrini, impulsó un proyecto para que el municipio “deniegue cualquier tipo de localización para la explotación de salas de bingo en la nueva terminal de Puente La Noria”.
La movida fue rechazada por los representantes del oficialismo con el argumento de que se trata de una falsa versión.
No obstante, en el ámbito lomense nadie da por descartado el tema y muchos apuestan a que volverá a estar sobre el tapete en los primeros meses de 2015.