Como informara este portal, el Defensor del Pueblo bonaerense, figura establecida en el artículo 55 de la Constitución Provincial y normada por la Ley Nº 13.834, se establece con la constitución de una Comisión Bicameral en el ámbito de la Legislatura, integrada por 7 senadores y 7 diputados. Estos, evalúan los nombres propuestos por los distintos sectores políticos y el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara selecciona el nuevo mandato.
El actual Defensor, Carlos Bonicatto, puede ser reemplazado o reelecto en el cargo por 5 años más y entró en campaña para la reelección cuando asistió al acto de Daniel Scioli en el Teatro Argentino el 30 de agosto, además de visitar constantemente el Senado después de mitad de año.
Hasta ahora, Bonicatto cuenta con un escenario legislativo favorable, ya que la conformación de la Comisión Bicameral para analizar los eventuales postulantes al frente de la Defensoría es nula. Al día de hoy no hubo convocatoria formal en ninguna de las dos Cámaras para saber quiénes estarán al frente, con un Senado que ya formalizó las sesiones ordinarias.
Los teléfonos de los legisladores, apagados entre la llegada de fin de año y temas que demandan ser tratados antes de 2015, y la falta de respuestas sobre postulaciones de aspirantes, le garantizan una esperanza para un nuevo mandato. Además, no se conocen pedidos de la oposición para que se cumpla con la selección de candidatos. Parece que tanto diputados como senadores bonaerenses prefieren no convocar a la bicameral y resolver quién es el próximo defensor por 5 años.
En teoría, el próximo en ese cargo debería ser designado antes del 11 de diciembre. Para ello, la comisión de los 7 senadores y los 7 diputados tendría que haber comenzado su tarea en octubre, algo que nunca ocurrió luego del recambio legislativo surgido a partir del resultado de las elecciones legislativas 2013, donde varios de los integrantes que dejaron sus bancas debían ser reemplazados.
Sin aparentes candidatos a sucederlo, Bonicatto tendría una nueva chance para seguir al frente de la Defensoría del Pueblo bonaerense, un cargo creado con la reforma constitucional de 1994 pero que nunca fue ocupado hasta el 2009, cuando un año antes la ley que regula su funcionamiento se sancionó.
Del mismo modo, el Defensor cumple sus 5 años de mandato en un cargo al que llegó después de haber sido durante 16 diputado por el peronismo, primero menemista, luego duhaldista y, por último, kirchnerista, tras una fuerte polémica: cuando iniciaba sus funciones, recibió una impugnación de parte del juez platense Luis Federico Arias, que cuestionó la manera en la que el ex diputado se quedó con el cargo.
“Ningún miembro del Poder Legislativo, durante su mandato, ni aún renunciando su cargo, podrá ser nombrado para desempeñar empleo alguno rentado que haya sido creado o cuyos emolumentos se hayan aumentado durante el período legal de la Legislatura en que haya actuado, ni ser parte en contrato alguno que resulte de una ley sancionada durante su período”, le dijo en su momento el juez a la Política Online. Bonicatto se excusó que el cargo fue creado en 1994, cuando se reformó la Constitución provincial y no cuando él se desempeñaba en la Cámara baja bonaerense, algo que Arias discutió en cuanto a la remuneración del Defensor (igual a la de un senador), en contra de lo que la Constitución suscribe.
La ley establece que la Defensoría tendrá un presupuesto anual no menor al 1 por ciento del presupuesto de la Provincia, lo que representa que sus partidas pueden fluctuar entre los 65 y los 100 millones de pesos anuales.
Con este presupuesto, a lo largo de su gestión, Bonicatto supo receptar en su estructura a diputados de la oposición que vieron finalizados sus mandatos, como el caso del “lilito” Oscar Negrelli, o el ahora massista Walter Martello, o el dirigente de Libres del Sur Jorge Ceballos.
Indudablemente, trasladó sus artes parlamentarias a la Defensoría del Pueblo y con la estructura con la que debería defender a los bonaerenses contrató a dirigentes de la oposición desocupados para mantenerse en el cargo sin que se preocupen por la inactividad del organismo.
Queda claro que el ex diputado llegó a la Defensoría como premio consuelo por haberse quedado fuera de la lista en 2009, es decir, pasó a formar parte de una institución creada para el contrapeso del poder político bonaerense pero jugó a favor de él, como cuando presentó el amparo judicial para que los docentes regresen a sus lugares de trabajo y garanticen las clases en las escuelas públicas bonaerenses en medio del conflicto salarial con el Gobierno de Scioli.
Además, denunció a Cablevisión al vencer el plazo que le había dado la Justicia a esa empresa de cable para que retrotrajera la tarifa del plan básico a 123 pesos en todo el territorio provincial y hasta consideró denunciarla por “desobediencia” con posibilidad de dictarles prisión a los empresarios que la representan.
También, con su aval, la prestadora de agua y cloaca bonaerense Absa se presentó a una segunda audiencia pública para discutir el aumento de su tarifa entre un 45 y 145 por ciento, entre reclamos por la falta del servicio y la mala calidad del mismo.
Así las cosas, el artículo 55 de la Carta Magna Bonaerense establece, entre otros requisitos, que podrá ser designado como Defensor/a toda persona mayor de 30 años que acredite idoneidad para el cargo, tenga ciudadanía argentina (nativo o por opción, con al menos de cinco años desde su obtención) y un mínimo de un año de residencia en la provincia de Buenos Aires.
El designado deberá rescindir de su pertenencia política para asumir el cargo, algo que se le cuestionó a Bonicatto cuando asumió hace cinco años, ya que estaba afiliado al Partido Justicialista, renunció, pero no formalmente. Muchos se quejaron que el Defensor participaba activamente de la política, en plenarios que desvirtuaban su rol, con un organismo bajo su mando que se transformó en una dependencia más del Gobierno provincial.
