Antes de la fiesta de Navidad, el ministro de Economía, Axel Kicillof, tiene previsto girarle a la Corporación de Exportaciones y Créditos de Seguros de China (Sinosure) un pago de US$ 193 millones correspondientes a los gastos operativos, comisiones y la póliza parcial del crédito por US$ 4.714 millones que un pool de bancos chinos liderado por el ICBC le otorgó al país para llevar adelante la construcción de las usinas patagónicas “Néstor Kirchner y Jorge Cepernic”.
Casi en forma simultánea con ese desembolso, se remitirá a China otro giro de US$ 25 millones de un seguro complementario de la asistencia crediticia. En este caso, el consorcio adjudicatario que integran el grupo chino Gezhouba y la local Electroingeniería tienen que aportar US$ 17 millones, mientras que los US$ 8 millones restantes le corresponden al Gobierno.
Para la cancelación de estos pagos, el Gobierno utilizará la cuenta compensatoria de divisas que forma parte del “swap” vigente con China.
Hasta ahora, Argentina ya lleva “tomados” de ese acuerdo unos 14.300 millones de yuanes que equivalen a US$ 2.314 millones. Ese monto –que ingresó como un crédito de corto plazo– ha pasado a engrosar el nivel de reservas y puede ser usado en cualquier momento para cancelar obligaciones con China y por los importadores de ese país para abonar los envíos de cereales y productos que reciban de Argentina.
Una vez que se acrediten los pagos parciales a Sinosure en China y que el consorcio constructor termine de contratar en Buenos Aires con Nación Seguros la póliza exigida para la realización de las obras, el Gobierno estará en condiciones de solicitar el primer desembolso del préstamo.
Será por un total de US$ 250 millones que se destinarán a pagar los trabajos iniciales de caminos, obradores y puentes en Santa Cruz y el anticipo para la fabricación de los equipos de generación en China.
Según los plazos en juego, el pool de bancos que encabeza el ICBC depositaría la primera partida del crédito a mediados de enero y a partir de ese momento comenzará a correr el plazo de 66 meses que tienen los constructores para hacer realidad la megaobra hidroeléctrica.
Tras haber sido adjudicado en el segundo semestre del año pasado, el emblemático emprendimiento de las históricas centrales Condor Cliff y La Barrancosa –que fueron rebautizadas por el Gobierno con los nombres de “Néstor Kirchner y Jorge Cepernic”– logró encarrilarse durante la visita oficial que realizara en julio a Buenos Aires el presidente de China, Xi Jimping.
Luego de varios meses de negociaciones, el Gobierno pudo cerrar el financiamiento récord de US$ 4.714 millones para afrontar las obras y el suministro de las máquinas y los equipos de generación. El crédito fue otorgado a 15 de años de plazo, con un período de gracia de 5 años y medio (el tiempo de construcción de las represas) y una tasa de interés anual del orden del 7,5%.
Más allá de las cuestiones económicas y financieras, la megaobra se topó con un fuerte cuestionamiento ecológico.
A principios de diciembre, la Asociación de Abogados Ambientalistas Patagónicos (AAAP) presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción de amparo para que se impida el inicio de la obra sobre el río Santa Cruz hasta que se haga un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Los abogados ambientalistas advirtieron que las represas –que aportarán 1.740MW de capacidad de generación al sistema eléctrico nacional– podrían afectar la composición de los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini y alterar el ecosistema de la zona que cubre el río Santa Cruz.
Mientras, siguen de cerca el avance de la causa que ahora está en la órbita de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que debe expedirse sobre la competencia del máximo tribunal. Los directivos del grupo adjudicatario salieron a contratar a un grupo de especialistas del CONICET y a los principales glaceólogos de Suiza para que emitan su opinión sobre la viabilidad de la obra y la preservación del entorno natural.