La actividad de inteligencia está permitida en la legislación interna, pero sólo en el marco de la investigación de delitos y bajo estricta autorización y control judicial. Así lo establecen tanto la Constitución Nacional como las leyes de Seguridad Interior, Inteligencia y Protección de Datos Personales. En particular el artículo 4 inciso 2 de la ley de Inteligencia (25.520), establece que ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
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