Fuentes judiciales informaron que en la decisión se tomó en cuenta la figura del artículo 140 del Código Electoral que se refiere a la “inducción con engaños” y dice que “se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”.
El consultor ecuatoriano y sus socios José Garat y Rodrigo Lugones están acusados y procesados de haber realizado una campaña telefónica en la que vinculaban a Salomón Filmus, padre del candidato que competía con Macri, con el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, en pleno escándalo por el presunto desvío de fondos públicos de esa entidad. “Ahora que usted sabe esto, ¿lo votaría?”, concluía el llamado.
La jueza basó la resolución en diferentes pruebas, como las obtenidas tras una serie de allanamientos realizados el año pasado en las consultoras Tag Continental, Conectic SRL y NSS, vinculadas a Lugones y Garat, en las que se concluyó que desde unas 30 computadoras secuestradas allí fueron realizados los llamados contra Filmus a través de servidores ubicados en los Estados Unidos.
En el mismo edificio donde estaban las empresas también se encuentra la consultora “Opinión Confidental”, propiedad de “Durán Barba y Asociados”, y en donde Garat y Lugones son socios.
Cabe recordar que la causa tuvo varios retrasos ya que hubo postergaciones de las indagatorias, que estaban previstas para diciembre y febrero pasado pero en ambas oportunidades se suspendió la audiencia por pedido de los acusados que argumentaron viajes al exterior.
También hubo una cuestión de competencia suscitada entre la jueza Servini, quien la instruye desde el inicio del caso, y el juez porteño Bentolila.
De este modo, la magistrada envió la disputa con su colega a la Corte Suprema, que resuelve los conflictos de competencia entre distintas jurisdicciones para que decida qué juez se queda con la causa, pero siguió adelante con la investigación.