La iniciativa, fue presentada por el diputado provincial Rubén Eslaiman (PJ San Martín) y es acompañada por diputados de los bloques del Pro Peronismo, Unión Celeste y Blanco y Frente para la Victoria, presentada ante la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y en la mesa de entrada de la Cámara baja bonaerense.
El proyecto de ley promueve la creación de un “Régimen de Promoción y Protección Integral de los derechos de la mujer embarazada y del niño por nacer en el ámbito provincial, bajo el principio rector de la prevención como pilar de todo sistema de salud, entendiendo que su aplicación debe operar en los cuatro estadios que conforman toda política sanitaria, esto es la promoción, prevención, asistencia y protección”.
El legislador peronista manifestó que “la presente iniciativa legislativa nace como una necesidad de regulación jurídica ante los indeseables e incesantes abortos clandestinos realizados en el territorio de la provincia de Buenos Aires y que, pese a la inexistencia de un índice oficial actualizado, al día de la fecha no dejan de ser una realidad frente a la cual el Estado provincial debe intervenir activamente en pro de garantizar el derecho natural y supremo a la vida desde la concepción”.
Entre los puntos más trascendentes de la iniciativa se señalan la prohibición de promover prácticas abortivas: se prohíbe en el ámbito de la provincia de Buenos Aires toda acción de entes públicos, pertenecientes a la administración central y/o descentralizada, y/o entes del sector privado, que tengan por fin la promoción del aborto.
También se proscriben en la iniciativa políticas públicas integrales: “el Estado provincial garantizará los derechos contenidos en el instituido régimen de protección de los derechos de la mujer embarazada y de los niños por nacer, mediante la ejecución de políticas públicas destinadas a la promoción, prevención, asistencia y protección de aquellos derechos”.
En la iniciativa se establece la creación de Centros de Asistencia a la mujer embarazada acorde con las actuales pretensiones de regionalización del Ejecutivo provincial, se prevé la descentralización regional en el territorio de la provincia a través de Centros de Asistencia a la Mujer Embarazada, los cuales deberán funcionar en cada hospital público y estarán conformados por profesionales médicos, psicólogos y trabajadores sociales.
Además, se prevé la creación de un Consejo Consultivo conformado por representantes de los poderes públicos, Iglesias o confesiones religiosas reconocidas, Universidades, Organizaciones no Gubernamentales en materia de niñez y el Defensor del Pueblo bonaerense, entre otros, que tendrá por fin monitorear y evaluar los programas y acciones de promoción y protección de los derechos de la mujer embarazada y del niño por nacer.
Por último, Eslaiman destacó que “el objeto del proyecto de ley, lejos de agotarse en una mera regulación jurídica de la temática, conlleva en si una intención superadora pretendiendo esgrimirse en un instrumento que de sustento a una postura política de oposición frente a los que se embanderan en favor de la despenalización del aborto; pues entiendo que es deber del Estado Provincial adoptar medidas de acción positiva de cara a la problemática que representa el aborto ilegal, canalizando las mismas mediante la sanción de una ley formal desde el ámbito de la legislatura provincial”.