El gobernador Daniel Scioli medita implementar por decreto la resistida –por los ruralistas apoyados por la oposición legislativa- Ley Fiscal e Impositiva, bajo el argumento que desde 1955 no se realiza un revalúo de campos. Pero no sólo ese mencionado argumento lo motiva: con el decreto espera que el Kirchnerismo nacional le afloje la cuerda y le envíe fondos, menguados desde comienzos de año.
Si decide ponerle la lapicera al decreto de revalúo de campos, Scioli hará otro movimiento en paralelo: esperará para hacerlo que la alícuota del revalúo la fije la Legislatura. “El costo político no se lo van a facturar a Daniel solamente, que (Horacio) González, (José) Ottavis y (Juan) De Jesús hagan sentar a la oposición para sacar la Ley”, sostienen en 6 y 51.
En el Senado la Ley se aprobó en una sesión, con apoyo del radicalismo, pero en Diputados, show de Biolcatti y Buzzi mediante, el rechazo a esa medida amalgamó a los legisladores de la oposición. Los más duros son los disidentes del PJ y los del PRO. En cambio, el Frente Amplio Progresista, la UCR y ARI negociaron un ajuste escalonado.
Desde Nación retacean en envío de fondos, aumentando la necesidad de Scioli de contar con fondos frescos y, ante la ausencia de esos recursos, el Gobernador cayó en cuenta que ya se desplegó un operativo para asfixiar económicamente a la Provincia, máxime tras reconocer éste sus aspiraciones presidenciales en 2015.
Para colmo de sus males, una situación parecida a la de Provincia se registra en varias intendencias, donde no pocos jefes comunales vienen alertando sobre las dificultades que tienen para pagar el sueldo a sus empleados. Si la Ley Fiscal se aprueba, Scioli le podría girar a los municipios 1000 millones de pesos.
La encrucijada de Scioli podría resolverse este fin de semana: firmaría el decreto –el revalúo le permitiría también a Nación cobrarle Bienes Personales a los ruralistas- y le tirará la responsabilidad al Kirchnerismo para que la alícuota de aumento la aprueben en la Legislatura.