A tal efecto, el Conaduv manifiestó que “el respectivo contrato de concesión ( a la empresa Coviares) debe ser rescindido por leonino e ilegal y por los incumplimientos observados”.
“Dicho corredor debe pasar a manos del Estado nacional, eliminando las cabinas de peaje existentes y financiando el mantenimiento respectivo y las nuevas obras que se necesiten a través de la reasignación de parte de los fondos viales que recauda el Estado Nacional que ascienden a la suma de más de $ 17.000 millones anuales”, agregaron desde el Conaduv.
Asimismo, el organismo subrayó que “antes de tomar cualquier tipo de medida respecto a la concesión de la Autopista Buenos Aires – La Plata, deberá convocarse a una audiencia pública vinculante donde los usuarios viales puedan expresar sus reclamos y alternativas. Debe quedar en claro que los usuarios viales son parte a tener en cuenta y deben ser escuchados”.
“Recuperar las rutas por parte del Estado, supone poner fin al ciclo más escandaloso dentro del proceso privatizador en Argentina, y a la vez, retomar el manejo de una herramienta estratégica en materia de precios relativos y mejoramiento de la competitividad de la economía”, finaliza el comunicado.