La denuncia había sido hecha por el periodista Cristian Sanz, quien manifestó que “el escándalo que salpica al vicepresidente Amado Boudou en torno a sus vínculos con empresarios que oficiarían de testaferros suyos en negocios millonarios con el Estado —que recrudeció gracias a la adquisición de la ex firma Ciccone— no deja de deparar sorpresas día tras día”, según publica Clarín.
Los delitos de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo están contemplados en el artículo 277 del Código Penal. “No sólo sería partícipe de sospechosas operaciones incompatibles con su función de servidor del pueblo, que lo incriminarían en un surtido de delitos que están siendo investigados por la justicia federal, sino también, que llevarían a suponer el enriquecimiento ilícito del aludido, en tanto los bienes que se estiman de su titularidad, testaferros mediante, de corroborarse -merced a esta encuesta que se propugna-, configuraría el delito previsto y reprimido por el Art. 268 del Código Penal de la Nación”, expresa el texto de la denuncia.
De esta manera, el vicepresidente se ve envuelto en una nueva denuncia contra su persona, ya que además de esta última se encuentran las siguientes: una por dádivas realizada por el abogado Ricardo Monner Sans; otra en la que se lo acusa por el uso del helicóptero de un contratista del Estado; otra realizada por el diputado Claudio Lozano, que habla del uso de fondos de la ANSES; y otra más, que cuestiona si puso a su nombre un auto con documentación falsa.