Unos 350 vecinos autoconvocados realizaron un cacerolazo este lunes frente al Municipio ante el escándalo político que se vive en esa ciudad. Con la agresión a los periodistas del programa de televisión CQC salió a la luz un escándalo político que salpica al Intendente de Pinamar.
Es que en un principio se hablaba de la confección de una Fundación para recibir un crédito, entregar viviendas a las propias hijas del jefe comunal y allegados, y cerca de 1,5 millones de dólares que se habrían perdido en el camino; ahora se habla de asociación ilícita y lavado de dinero.
El abogado. Lucas Ventoso denunció: “La causa y la consecuencia es lo que acaba de pasar hace tres días en Pinamar. Que es cuando una persona se sabe absolutamente impune, directamente manda a sus funcionarios a reprimir al periodismo. Eso fue lo que pasó acá con el programa de CQC. Ya que lleven una patota, es terrible, para agredir. Pero cuando la patota es su Departamento Ejecutivo es incalificable. Que fue lo que pasó en Pinamar”.
La causa por las viviendas sociales en manos de las hijas del Intendente es –según el denunciante- la punta del Iceberg. Ventoso señaló que “esto surge en el contexto de una causa por asociación ilícita, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario. En fin, una serie de delitos contra la administración pública, donde se investiga a Altieri, a su socio comercial, también funcionario, Carlos Eduardo Oriccio. Asesor externo Municipal. Y a otros funcionarios de escala menor. En ese contexto surge el tema puntual el de las casas sociales. Que es solo una punta lo de las casas sociales”.
“La construcción de las viviendas está plagada de puntos oscuros. En todos ellos aparece la figura, repetida, de Altieri, Oriccio y sus allegados. Es interesante saber que es Oriccio quien arma la Fundación, que a su vez es el asesor legal externo del Municipio de Pinamar en el tema de los apremios a los deudores. Y también que la secretaria de Oriccio es a la vez la secretaria de la fundación. Ellos reciben un subsidio de la Provincia de Buenos Aires de 2 millones de dólares. Para hacer 150 viviendas. De las cuales solo hicieron 25. Es decir, faltan 125 viviendas y nadie sabe donde está la plata. No solo es eso. Altieri vende con su propia inmobiliaria los lotes para construir las viviendas. Altieri a través de su corralón vende los materiales. Altieri a través de su inmobiliaria las alquilaba. Y Altieri mete a su familia dentro. Todo esto documentado, de manera fehaciente, hace un año y medio en el Ministerio Público”, destacó
La causa está radicada hace más de un año en Dolores, según lo que cuenta el abogado. Ya pasaron más de 6 fiscales. Y el actual está siendo observado por el juez de la causa porque no investiga. “Si la Justicia actúa como tiene que hacerlo y en base a la ley, inmediatamente tendría que haber un procesamiento. Pero habría que impulsar más pruebas. Pero la prueba va a corroborar lo que ya se presentó. Y la Justicia procesaría a Altieri por asociación ilícita y enrriquecimiento ilícito. Y después habría que investigar el lavado de dinero. Porque una persona que tiene 25 años en la función pública, donde todos sus comercios particulares, en el principio de su función público estaba concursado, con las cuentas bancarias cerradas, no tenía nada, y de repente se hace super archi millonario. Y empieza ahora a construir cadenas de hoteles, casas por allá, hoteles en Miami, hoteles en Puerto Rico. El lavado de dinero, no tengo dudas, que está pasando también” señaló Ventoso.
Luego de la emisión del programa CQC, el pasado miércoles, donde se dio a conocer el informe completo y detallado, vecinos de Pinamar se autoconvocaron con un bocinazo por las calles de Pinamar. La convocatoria se hizo a través de mensajes de texto y las redes sociales. Hoy por la mañana, tras una nueva autoconvocatoria, unas 350 personas protestaron frente a la Comuna local.
“La Provincia sancionó un dictamen reconociendo la ilegalidad en la adjudicación. Pero la Provincia tiene una innegable responsabilidad en todo esto. La Provincia en 10 años no ha hecho ningún operativo de control, no ha fiscalizado absolutamente nada a quienes fueron adjudicadas las viviendas, a donde fue la plata. No hizo nada, sino a partir, no de la denuncia penal que sería razonable, a partir de que CQC va a hacer una nota al Instituto Provincial de la Vivienda. A partir de allí es que se toman cartas en el asunto”, dijo.
En Pinamar se viven horas de definiciones. Se habla de una posible destitución si la causa prospera y Altieri es procesado.
Fuentes: Pinamarinfo; 0223.com.ar; Tres Líneas