ATE exige su derogación por “entender que el Estado debe ser el garante de las políticas públicas indispensables para una provincia con justicia, inclusión social y trabajo digno para todos sus habitantes”.
En la nota, que lleva la firma del secretario general Oscar de Isasi y la secretaria administrativa Graciela Veiga, el gremio estatal asegura que el texto se contradice con los compromisos que la actual administración tomó con los representantes de los trabajadores, y afirma que una vez más “el ajuste es el eje sobre el que gravitan las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires”.
El texto sostiene que a diferencia del Decreto 2658 del año 2000 –al que se hace referencia en los considerandos como antecedente de esta medida restrictiva–, no se menciona en ningún artículo el plazo de vigencia del mismo, “lo que permite interpretar que estamos ante una medida que se prolongaría indefinidamente en el tiempo, con lo cual, a menos que esta se revierta, las potestades que las distintas jurisdicciones tienen de designar personal para el normal funcionamiento de sus dependencias se encontrarían acotadas, no pudiendo contar con las vacantes disponibles sin pasar por la autorización de la Dirección de Personal de la Provincia y del Ministerio de Economía”.
“Esta medida pone en crisis la necesidad de nombramientos en distintos sectores de trabajo que desde nuestra organización venimos denunciando en los diferentes ámbitos, como es la Paritaria General”, añade la misiva.
Más adelante, la carta dirigida al Gobernador asegura que “es contradictorio retrotraer a los parámetros de fines de la década de los 90 la situación financiera de la provincia, inclusive desde el discurso que el gobierno sostiene sobre los importantes niveles de ingreso que la misma tiene en la actualidad. Resulta insostenible que se pretenda aplicar las mismas recetas que llevaron a la provincia y al país a una debacle que tuvo su punto de mayor conflictividad en diciembre de 2001, con un pueblo que exigía ‘que se vayan todos’, y que derivó en una profunda crisis institucional que nos está llevando años remontar como país. Ya en esa oportunidad nuestra organización denunció el ajuste, rechazando de plano que, una vez más, la crisis la paguen los que menos tienen”.
Finalmente, la carta manifiesta que “la concentración de poder de decisión en el Ministerio de Economía refuerza el criterio economicista con el que está impulsada, también en sentido contrario al compromiso de terminar con el trabajo precario, reordenar los planteles básicos y trabajar en conjunto atendiendo las necesidades de las distintas áreas del Estado, acordado en ámbito paritario”.