Política

Las relaciones carnales de los gobiernos de turno con el imperio de la familia Cirigliano

A 48 horas del accidente ferroviario en Once, que terminó con la vida de 50 personas e hirió a más de 700, la opinión pública continúa conmocionada por haber sido testigos de una tragedia que pudo haberse evitado, y que hoy pone en jaque a una larga lista de responsables directos e indirectos, entre los que se encuentran principalmente el Estado y la empresa concesionaria TBA, una de los tantos negocios manejados por el Grupo Cirigliano.

Precisamente, entre las voces que salieron a declarar horas después del siniestro, intentando explicar de alguna manera lo ocurrido, se encontró la del director de Material Rodante de la empresa TBA, Roque Cirigliano, quien consideró que el accidente pudo deberse a “una falla técnica o un error humano”, y remató su oratoria –repudiada con gritos e insultos por los presentes- calificando de “aceptable” el servicio prestado por la empresa.

 

Roque Cirigliano es primo de Claudio y Mario Cirigliano. Ellos están a cargo de la concesión de la línea de trenes. El Grupo Cirigliano maneja una importante cadena de servicios de transporte, entre los que se destacan carrocerías de colectivos (Cometrans S.A y Tatsa S.A), empresas ferroviarias (Emfersa S.A., TBA Trenes de Buenos Aires, Metrovías, Opportrans –en Río de Janeiro-) y varios colectivos (Grupo Plaza de líneas urbanas -líneas 36, 61, 62, 104, 114, 124, 133, 140, 141, 142-, líneas de larga distancia El Rápido Argentino, Plus Ultra y Mercobus). Tal vez uno de los negocios más importantes de los Cirigliano es el Grupo Plaza, que en total opera 40 líneas urbanas, de las cuales 20 se circunscriben a la Ciudad de Buenos Aires, 12 en Bahía Blanca y 8 en Santa Rosa, La Pampa.

 

Cirigliano y el poder

 

El Grupo Cirigliano recibe una cifra muy jugosa en cuanto a subsidios por parte del Estado, y a pesar de las denuncias y juicios que han sido una constante a lo largo de la historia de la empresa familiar, sus negocios y expansión del imperio se mantuvieron firmes, e incluso crecieron inmensamente en los últimos tiempos.

 

El crecimiento del Grupo ha sido gradual, desde hace muchos años, y siempre con el guiño del poder político de turno. En la década de los 90, con complicidad del ex presidente Menem, el Grupo dio un salto inmenso, viéndose beneficiado con la adjudicación de varias concesiones, entre las que se encontraba el servicio de trenes urbanos. Los años pasaron y del mismo modo creció la cuenta de los Cirigliano: con Fernando De La Rúa y Duhalde mantuvieron una estrecha relación, tal es así que participaron en numerosos viajes oficiales al exterior.

 

Hoy en día, por más que después de lo ocurrido en la estación de Once se intente demonizar a los Cirigliano desde sectores allegados al poder, hay algo que es cierto, y es que también este gobierno mantiene una estrecha relación con el Grupo, y que va más allá de los negocios. Ejemplo de esta afirmación fue la tarea de Claudio Cirigliano en el año 2003, como recaudador en la campaña de Néstor Kirchner en el marco del aporte de transportistas. Luego, su relación directa con el cuestionado ex Secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime lo implicó en otras tantas denuncias, como un presunto delito de dádivas a causa de varios viajes al exterior. Otro dato significativo que ilustra la cercanía de la familia con los K fue la inclusión de los Cirigliano en la lista de empresarios que dijeron presente en la Casa Rosada aquella jornada en que Antonini Wilson visitó el país y desencadenó un escándalo mediático a raíz del secuestro de una valija llena de dólares.

 

Las denuncias

 

El ex diputado del ARI y actual dirigente del Frente Amplio Progresista, Sebastián Cinquerrui, había denunciado al Grupo Cirigliano hace ocho años. Fue el creador de un extenso informe, en el que investigó detalladamente los manejos del Grupo y principalmente su relación con el poder político.

 

“La matriz operatoria de este grupo empresario fue utilizar su influencia política para recibir prebendas, en el caso que nos ocupa, la concesión de las líneas ferroviarias Mitre y Sarmiento (hoy TBA) y bajo el amparo cómplice del poder político actuante, quien pese a las denuncias de irregularidades formuladas por parte de los órganos de control nada hizo y dejó hacer, utilizar una importante parte de los fondos generados por el gerenciamiento de esta empresa (ya sea por la vía de las utilidades obtenidas o por los subsidios estatales otorgados), extraer parte de esos fondos (que por contrato debían ser utilizados en el mantenimiento y mejoramiento del servicio) para redirigirlos y trasladarlos a negocios propios del grupo. Se hicieron negocios propios con dinero proveniente del Estado destinado originariamente a financiar la operatoria del servicio ferroviario concesionado”, expresa un pasaje del estudio.

 

“Las conclusiones de los informes realizados por la Auditoria General de la Nación, son tan contundentes, que por sí mismos deberían haber tenido como consecuencia lógica la automática rescisión del contrato con TBA. Y si a esto le sumamos las continuas quejas y demandas realizadas por parte de los pasajero, quienes desde hace muchos años son sometidos diariamente a condiciones de viaje ignominiosas, no se explica la inacción por parte del gobierno. Los hechos son de por sí tan evidentes que deberían forzar al poder político a tomar de una decisión definitiva”, continúa afirmando Cinquerrui en la primera parte de su informe “TBA y el Grupo Cirigliano. La quintaesencia del empresario argentino”.

 

De esta manera, como dijo el Secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, “todo está dado para investigar cuanto antes qué fue lo que pasó”. Ahora bien, “lo que pasó” no debe circunscribirse al hecho concreto del accidente de este miércoles en la estación de Once, sino que la investigación debe ser más profunda, retrotraerse en el tiempo y poner la lupa en los negocios, relaciones y manejos directos entre una serie de actores que no son precisamente ni el maquinista del tren, ni los pasajeros que madrugaron para ir a trabajar y nunca llegaron.

 

Una vez más la sociedad se ve envuelta en un reclamo general y desesperado por justicia, nuevamente encarnado por un sector de la población que está ajena a los manejos sospechados de corrupción y que desgraciadamente es castigada por culpa de estas maniobras que involucrarían –una vez más- a presuntos empresarios corruptos y personajes poderosos.

 

Lourdes Arrieta, la diputada del patito en la cabeza, a cargo del armado de La Libertad Avanza en Mendoza. 
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

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