La decisión se adoptó a pedido del secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Guido Carlotto, quien además impulsó la investigación sumarial administrativa. La carátula de la causa está asentada como “amenazas, torturas y privación ilegal de la libertad”.
En este sentido Carlotto afirmó que “resultan inadmisibles prácticas de ese estilo”, y agregó que el organismo que conduce “no tolerará vulneraciones al estado de derecho”.
“El trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos es aportar para la construcción de un nuevo paradigma de seguridad democrática: prácticas ligadas a la violencia institucional son inadmisibles y no vamos a dudar en instrumentar todas las medidas para desterrarlas y sancionar a quienes las apliquen”, enfatizó.
“Ya se inició la investigación sumarial administrativa y está en pleno el proceso de investigación para determinar las responsabilidades institucionales del caso”, explicó Carlotto.
El hecho denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria ocurrió en la madrugada del domingo último, cuando Mario Verón, que trabaja en dicho organismo, viajaba en un taxi que fue interceptado por la policía.
Los uniformados le requirieron el documento de identidad al joven, quien al no tenerlo se identificó como trabajador de la Comisión, a lo que -según la denuncia- los policías respondieron esposándolo y golpeándolo con patadas y trompadas.
Verón fue llevado a la Comisaría Primera de Berisso y alojado en un calabozo, pero recuperó su libertad horas después y luego se dirigió a la guardia médica del Hospital Cestino, donde se constataron excoriaciones en las piernas, cuello, rostro y cabeza.