El texto todavía no fue publicado en el Boletín Oficial, pero Macri ya rubricó el freno a la ley aprobada por la Legislatura con 30 votos a favor y 29 en contra, a través de un decreto que también lleva las firmas de los ministros de Salud, Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Justicia y Seguridad, y por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.
La medida, que ya había sido adelantada por el jefe de Gobierno a través de la red social Twitter hace diez días, generó el rechazo tanto de las fuerzas políticas de la oposición, como de organizaciones sociales que defienden las interrupciones de embarazos en los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal.
La ley vetada regulaba los casos no punibles cuando corría riesgo la vida o la salud de la mujer o la adolescente, o cuando el embarazo provenía de una violación y admitía como válido el consentimiento a partir de los 14 años de edad y no fijaba un plazo máximo de semanas de gestación para la realización de la práctica.
Para Macri, la ley aprobada en la Legislatura “tal como ha sido redactada contiene prescripciones que exceden los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y la norma vetada “desconoce la homogeneidad del sistema jurídico establecido por la Constitución Nacional y contrarían expresas disposiciones constitucionales y del derecho de fondo, en especial teniendo en cuenta que se mantiene la calificación penal”.
“La eventual incorporación al régimen jurídico de la Ciudad de un texto normativo que colisiona reiteradamente con el ordenamiento constitucional nacional, importaría generar una multiplicación de conflictos, de muy probable judicialización, lo que por otra parte contraría los criterios que surgen de la exhortación que ha efectuado la Corte”, resaltó.
Como argumentación para el veto, el jefe de Gobierno porteño expuso que “debe evitarse la vigencia de una norma que presenta contradicciones”, y que “las prescripciones” incluidas en la propuesta legislativa “restringen en forma absoluta ciertos derechos de los profesionales” que trabajan en los efectores de salud.
Rechazó, en tanto, el artículo que admitía como válido el consentimiento a partir de los 14 años de edad para realizar la práctica al sostener que “ello resulta manifiestamente contradictorio con las disposiciones del Código Civil, que establece que los menores adultos son incapaces relativos para la realización de los actos de la vida civil”.