La CPM denunció que la baja del 34% en el presupuesto, debilita gravemente la continuidad de los trabajos vinculados a la promoción y protección de los derechos humanos, a los aportes investigativos y documentales en los juicios por delitos de lesa humanidad, y a la transmisión de la memoria de nuestro pasado reciente.
En este sentido en el texto dirigido al mandatario provincial expresaron “El Ejecutivo provincial ajustó a la CPM en un 34% respecto de lo acordado. Desde hace meses la CPM ha venido gestionando las partidas para la ejecución de su plan de trabajo para el presente año, diseñado de acuerdo a los fondos convenidos con las autoridades pertinentes del Ejecutivo hacia fines del 2011. Sin embargo, a pesar incluso del compromiso que comunicó el propio gobernador a miembros de la CPM en la reunión del 8 de agosto del presente año, no ha habido ninguna respuesta concreta al reclamo”.
Asimismo consignaron “Las acciones de monitoreo a los 60 establecimientos penitenciarios, comisarías e institutos de menores se han visto afectadas no pudiendo realizarse todas las visitas que durante el año 2011 llegaron a 120”.
En relación al proyecto Jóvenes y Memoria explicaron “El programa trabaja este año con 700 escuelas de la provincia, y articula acciones con 8 provincias del país, convocando a más de 10.000 jóvenes a trabajar por la memoria y la defensa de los derechos humanos. La falta de recursos dificulta las tareas, y pone en juego la realización del Encuentro de Jóvenes por la memoria a realizarse en el mes de noviembre en el complejo de Chapadmalal”.
Y en esta misma línea continuaron ”Las partidas adeudadas a la CPM son exiguas ante la dimensión del presupuesto provincial. Entonces ¿qué lugar ocupan en las prioridades del gobernador las políticas de DDHH y memoria? El ajuste a la CPM puede entenderse como una política de cercenamiento de su capacidad de acción en defensa de los derechos humanos y promoción de la memoria”.
Finalmente interpelan a Scioli a que de respuesta al pedido “Esperamos que el señor gobernador cumpla con su palabra para no cercenar nuestra acción, lo cual implicaría un retroceso en las políticas de los derechos humanos y la búsqueda de verdad, justicia y memoria”.
El documento fue firmado por el titular de la institución y por otros miembros que representan a las autoridades de la entidad.