Raúl Alberto Garré, fue quien escribió la resolución que modificó los salarios de las fuerzas, el puntapié de las protestas de Prefectura y Gendarmería la semana pasada y no llegó a ningún acuerdo después de esperar la respuesta del gobierno nacional.
La renuncia quedó plasmada a través del decreto 1891/12, que lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manuel Abal Medina, y la propia Garré.
El polémico decreto 1307/12, fue el que desató, en principio, la protesta de prefectos después del anuncio de regularizar la situación salarial que implicaba una reducción. Su aplicación nunca se activó, después de las manifestaciones de las fuerzas de seguridad, con gendarmes sumados por la misma causa, que vieron sus ingresos reducidos entre un 30 y un 60 por ciento.
Desde el Ministerio de Seguridad, se realizó una denuncia penal contra el ex director Nacional de Gendarmería Héctor Schenone y su ex segundo Juan Obdulio Sainz, por los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública” y “tráfico de influencias”.
De acuerdo con la denuncia, existieron “algunos casos” en los que, gracias a fallos judiciales “se habían liquidado diferencias mayores al 800 por ciento respecto del haber o sueldo mensual”.
Después de una semana y a la espera de una respuesta, el Gobierno aseguró que “es imposible ofrecer un básico de 7 mil pesos en cualquier área pública” y denunció “una verdadera industria del juicio” en torno a los haberes de efectivos de Prefectura y Gendarmería, una vez recibido el petitorio de las fuerzas.
Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, aseguraron que, de todos modos, con la aplicación efectiva del decreto que modifica la escala salarial “la enorme mayoría de efectivos verá mejorada su situación”, ya que hará remunerativo entre el 80 y 90 por ciento del haber.
Por su parte, los agentes de Gendarmería rechazaron la propuesta del Gobierno, señalaron que el jefe de Gabinete de la Nación se les “rió en la cara” y llamaron a “levantar el 50 por ciento de los puestos” de trabajo como medida de fuerza.