Con la reforma del Banco Central, el Presidente busca blindar el modelo; con la reelección, cambiar para siempre la Argentina. ¿Sueños de una hegemonía posible?
El anuncio de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la iniciativa de "grillete fiscal" de Javier Milei constituyen pasos fundamentales para blindar su modelo de mercado libre a ultranza. El resto, su aspiración de dar vuelta la Argentina como una media, dependerá de que el año que viene logre superar la prueba de fuego de las elecciones.
Si siempre son determinantes, los comicios de 2027 lo serán por partida doble. Cualquier margen eventual de triunfo de la extrema derecha gobernante no solo le aseguraría el Poder Ejecutivo por cuatro años más, sino que significaría una contundente ratificación popular del rumbo actual.
Además, la renovación parcial del Congreso le daría una mayoría cómoda en la Cámara de Diputados y algo cercano a eso en el Senado, lo que, sumado a la colonización en curso del Poder Judicial, le brindaría a La Libertad Avanza (LLA) algo muy parecido a una hegemonía impensable en 2023.
Más allá de que la falta de rivales confirmados y la crisis sin solución aparente del peronismo dejan al oficialismo solo en el ring, la economía que administra Toto Caputo le da al Gobierno cada vez menos motivos para dar un triunfo por descontado.
La cadena nacional del jueves dejó, además de proyectos de ley relevantes, unas cuantas señales políticas.
Una, la confirmación del tono sostenido que tendrá la campaña oficialista, que no ahorrará en virulencias y ataques con nombre y apellido.
En paralelo, que su marca en el orillo será esta nueva forma de macartismo que es el antikirchnerismo.
Por último, que, dada la dificultad de seguir señalando a "la casta" cuando ya se es parte medular de ella, hay que prestar atención a significantes equivalentes que empiezan a salir de la boca del Presidente, como "alta política".
El veredicto sobre todo eso está a 15 meses vista. Más inmediato es el modo en que Milei pretende darle a su modelo económico y social un blindaje del que la reforma de la autoridad monetaria es una pieza clave.
En concreto, Milei anunció una reorientación de la misión del Central que restablece, de modo excluyente, la preservación del valor de la moneda.
Al hacerlo, renovó su profesión de fe monetarista, dogma al que se abraza con el corazón aunque la realidad lo revele como un pifiador serial en materia de derrota de la inflación y lo obligue a prestar atención a una multicausalidad que jamás admitirá, hecha de inercia, acechanzas del dólar y puja distributiva que está decidido a ahogar en beneficio del capital.
"El objetivo unívoco (de preservar el valor de la moneda) es una excepción a las reglas de los bancos centrales a nivel internacional. Sólo el Banco Central de Reserva de Perú o el Banco de Colombia se asemejan a esta situación, siendo casos poco frecuentes", señaló en un informe el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Para conseguir el objetivo de disciplina monetaria a rajatabla, el mandatario anunció una prohibición absoluta de emisión de pesos para financiar baches fiscales del Tesoro y, por añadidura, de provincias y municipios. Según dijo, la transferencia de utilidades del BCRA sólo podrá realizarse para cancelar deuda.
Esto marca una inconsistencia y un posible autoengaño.
Lejos del modelo peruano que se persigue ahora, lo primero es que su propio gobierno se financió con utilidades del Central por 24 billones de pesos solamente este año, según cálculos de Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. De ese total, dijo, "18 billones se usaron para cancelar letras intransferibles del Tesoro y seis billones siguen en cuentas del Tesoro en el Central, lo que ha impedido que fueran a la calle".
Lo segundo, vinculado con lo anterior, es que sería un autoengaño señalar que las transferencias al Tesoro solamente pueden usarse para cancelar deuda en tanto el Gobierno vuelva a reservarse márgenes ajenos a la eliminación de compromisos del Tesoro con el Central.
Además, el dinero es fungible y los pesos que sean transferidos "para pagar deuda" no tienen una marca que los distinga de otros. Así, lo que podría usarse para ese fin en base a recortes de gasto o aumento de impuestos provendría, en parte, del Banco Central que se asegura estar castrando.
A diferencia de la campaña de 2023, cuando el entonces candidato Milei prometía violar la Constitución para cerrar o incluso incendiar el Banco Central y para dolarizar la economía "a cotización de mercado", el presidente Milei refuerza esa institución y el peso.
La Argentina nunca debatió debidamente, a la hora de asignar responsabilidades, cuánto hubo de mala praxis de Alberto Fernández y de Sergio Massa en la escalada de la inflación de ese año y cuánto de culpa de un presidenciable en crecimiento y de discurso económicamente subversivo.
Como sea, bienvenida esa dosis de pragmatismo. Así, se reforzaría la autonomía operativa de la entidad y la posición de sus presidentes, que para ser removidos deberían recibir el repudio de dos tercios de cada cámara, comenzando, se supone, por Santiago Bausili.
Hasta el momento, el funcionario se ha desempeñado en comisión y el BCRA ha actuado como un apéndice del Ministerio de Economía, la cartera que conduce su exsocio y amigo Toto Caputo. Este es otro baño de humildad para el presidente que pretende amputar al Estado en base a un enorme trabajo estatal.
La independencia de los bancos centrales es un asunto conceptualmente espinoso, toda vez que sustrae de la soberanía popular al ente encargado, entre otras cosas, de velar por la solidez del sistema bancario y de fijar el costo del dinero a través de la tasa de interés. Es, en los hechos, la captura de un segmento crucial del Estado por parte del mercado financiero, que impone sus condiciones sobre políticas y sobre el nombramiento de autoridades "del palo". Es, en definitiva, el coto de una casta.
Más allá de eso, hay que concederle al Presidente que el modo en que la política argentina ha zamarreado al Banco Central –reformado seis veces en 90 años– y aplicado políticas monetarias imprudentes hace que esas disquisiciones sean hoy una pérdida de tiempo.
Hay en esto tantas autocríticas pendientes…
Otro punto esencial de lo anunciado es el llamado "grillete fiscal", nombre ocurrente para copiar el contenido, pero no el nombre del shutdown que rige en Estados Unidos.
También en esto se evidencia el ansia refundadora del jefe de Estado, que pretende imponerle al Congreso una autolimitación totalmente ajena la Constitución, esto es la imposibilidad de aprobar presupuestos deficitarios.
Por otro lado, el shutdown a la criolla establece que un desequilibrio presupuestario sostenido durante una cantidad no precisada meses gatillará la paralización automática de las actividades "no esenciales" del Estado.
La definición de lo esencial se limita al pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, y a los gastos en salud pública, seguridad y defensa. No lo serían las dietas de los legisladores –Milei cree que no sacarán los pies del plato si se les corta "la suya"–, los sueldos de las principales autoridades del Ejecutivo y, curiosa omisión, la educación pública.
Todo indica que el "grillete fiscal", contrapartida de un superavit que en alguna medida se dibuja y que al propio Gobierno le cuesta mantener, tendrá un tránsito más conversado en el Congreso que la reforma de la Carta Orgánica del Central.
¿Cómo funcionarían la misión monetaria única del BCRA y el ajuste consolidado en casos de emergencia, desde eventuales pandemias, menos infrecuentes dramas ambientales, comunes y corrientes shocks externos o contracciones crediticias, y hasta necesidades sociales en un punto impostergables? El Congreso tendrá la última palabra.
Remover al Banco Central de una lógica "de gobierno" –tan aplicada hasta ahora por Milei– para entregarlo a la tarea de custodio de la estabilidad monetaria que impone el mercado es un elemento clave del blindaje del modelo, definido por la ortodoxia fiscal y monetaria, la desgravación a las grandes empresas y a los sectores más ricos, el recorte real de los ingresos populares y el imperio de un mercado prácticamente liberado de regulaciones y consideraciones de interés social.
Otro hito en ese camino fue la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se ha extendido abusivamente incluso a la superrentable Argentina saudita de Vaca Muerta. El esquema recortó al 25% la alícuota del impuesto a las Ganancias, eliminó aranceles de importación de bienes de capital y estableció una progresiva libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones. Todo, con estabilidad de reglas por 30 años so pena de juicios contra el Estado en las canchas inclinadas de las cortes estadounidenses.
Uno más está dado por la reforma laboral que, curiosamente, pretende formalizar el mercado de trabajo consagrando el empleo temporal y precario, eliminando las multas por el empleo no registrado, cercenando gravemente el derecho de huelga, reduciendo las indemnizaciones por despido y desfinanciando la seguridad social en base a la creación de un fondo de cese.
Otros elementos del blindaje son la deuda nueva que el país ha contraído con el FMI el año pasado –hipoteca sobre hipoteca–, el blanqueo de activos permanente que consagra el principio de "inocencia fiscal" y las desregulaciones por kilo de Federico Sturzenegger.
El detalle del blindaje puede encontrarse en una excelente nota reciente de Esteban Rafele en Letra P. "Con cada ley económica que el Congreso sanciona, Milei, Toto Caputo y Sturzenegger perfeccionan una zona franca para que las grandes empresas y el Círculo Rojo tengan la certeza de que futuros gobiernos no podrán cobrarles más impuestos. Los regímenes especiales y blanqueos vienen con letra chica: quien busque una política tributaria más progresista tendrá las manos atadas", señaló.
La reforma del Banco Central pretende cerrar el círculo de lo irreversible. Otra vez: "Pretende". La historia nacional es un cementerio lleno de refundaciones difuntas.
