La Legislatura porteña aprobó este martes la designación de los primeros jueces, fiscales y asesores tutelares que integrarán la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, un nuevo paso para poner en funcionamiento el fuero laboral después de la aprobación del convenio de transferencia con la Nación.
Los pliegos salieron con un acuerdo transversal: 49 votos afirmativos, dos negativos y una abstención. A diferencia de lo ocurrido con el convenio de traspaso, que en agosto había dividido al recinto y dejó al peronismo en la abstención, esta vez el PRO, La Libertad Avanza y Fuerza por Buenos Aires confluyeron detrás de la primera camada de magistrados. Sólo las legiladoras de la izquierda Alejandrina Barry y Andrea D’Atri votaron en contra. El oficialista Facundo Del Gaiso se abstuvo.
El resultado terminó de confirmar el clima que había quedado expuesto durante las audiencias públicas de septiembre. Como contó este medio, los candidatos atravesaron esa instancia sin impugnaciones ni objeciones capaces de alterar el trámite, pese a que detrás de los distintos perfiles conviven trayectorias judiciales, sindicales y académicas y cercanías con diferentes sectores de la política porteña.
Para integrar la Cámara de Apelaciones del Trabajo fueron designados Diego Javier Tula, Martín Leonardo Furchi, Patricia Paola Ceriani, Silvia Inés Gutiérrez Garay, Horacio Bernardino Pitrau y Gabriela Inés Fernández.
Se trata de un lote heterogéneo en el que conviven funcionarios provenientes de la Justicia Nacional del Trabajo y del Poder Judicial porteño, perfiles académicos y abogados con experiencia sindical. También aparecen distintas referencias políticas y profesionales dentro del PRO, el peronismo y el entramado judicial de la Ciudad.
Tula tiene una extensa trayectoria en derecho laboral y había sido designado recientemente en la Cámara Nacional del Trabajo. Furchi proviene de la Justicia Contencioso Administrativa porteña y aparece vinculado al universo político y judicial de Juan Manuel Olmos. Ceriani desarrolló buena parte de su carrera en la Ciudad y mantiene referencias dentro del entramado judicial cercano a Daniel Angelici.
Gutiérrez Garay trabajó para el Suterh y otras organizaciones sindicales. Pitrau fue secretario de Trabajo durante la presidencia de Mauricio Macri, integró el equipo de Jorge Triaca y tuvo una impronta clara de intervención estatal sobre los sindicatos. Fernández combina experiencia en la Justicia Nacional del Trabajo, la docencia universitaria y cargos dentro del Poder Judicial porteño.
Además fue designado Germán Helvio Queipo como fiscal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Para ocupar los cargos de juez de Primera Instancia del Trabajo fueron aprobados María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Luis Caset.
También en ese grupo se combinan perfiles con experiencia específica en derecho laboral, funcionarios de la Justicia porteña, abogados provenientes de estudios empresarios y dirigentes con referencias dentro de distintos espacios políticos.
Loredo hizo carrera en la Justicia Nacional del Trabajo y obtuvo una de las mejores calificaciones del concurso; Nievas Ibáñez aparece vinculada al kirchnerismo; Bonhote proviene del Ministerio Público Tutelar y tiene referencias dentro del universo del PRO cercano a Carolina Stanley.
Calogero tiene una larga trayectoria en la abogacía porteña y en el espacio de Jorge Rizzo; Elissondo es el Director de Recursos Humanos de la Legislatura; y Bergonzelli desarrolló buena parte de su carrera en estudios orientados a la representación empresarial.
Stringhini está especializada en innovación e inteligencia artificial dentro del Ministerio Público Fiscal porteño; Canido desarrolló su carrera en el Consejo de la Magistratura y organismos vinculados a niñez y adolescencia; Liste proviene de la Justicia de la Ciudad y del espacio académico de Carlos Balbín; y Caset es socio de un estudio especializado en derecho laboral empresario y relaciones sindicales.
La Legislatura también designó a Viviana Laura Díaz y Mariana Paula Mansilla como fiscales de Primera Instancia del Trabajo. Mansilla estuvo vinculada políticamente a Alejandro Amor, a quien acompañó durante su paso por la Defensoría del Pueblo.
Para el cargo de asesor tutelar de la Cámara de Apelaciones fue aprobado Damián Natalio Ariel Corti, con referencias dentro del peronismo y particularmente con Olmos. Como asesor tutelar ante los juzgados de primera instancia fue designado Federico Kaimakamian Carrau, funcionario formado dentro del Ministerio Público Tutelar y la estructura judicial porteña.
La votación completa una etapa del proceso abierto con el acuerdo entre el gobierno de Jorge Macri y la Nación para transferir la Justicia laboral. El convenio marco fue aprobado por la Legislatura el 27 de agosto con 36 votos afirmativos: el peronismo se abstuvo y la izquierda votó en contra.
El acuerdo fijó un plazo de 180 días para avanzar con la implementación, pero la transferencia efectiva todavía depende de un convenio específico que deberá definir el traspaso de recursos, personal y edificios.
En paralelo, el Ejecutivo porteño envió a la Legislatura un paquete de proyectos para construir la estructura definitiva del nuevo fuero. El esquema contempla hasta 80 juzgados laborales de primera instancia, diez salas de Cámara, un Código Procesal Laboral propio y un servicio de conciliación.
Las designaciones aprobadas este martes constituyen, por lo tanto, apenas la primera camada de una estructura judicial bastante más amplia. La próxima discusión será cómo completar esos cargos y, sobre todo, cómo se resolverá el traspaso de los magistrados y trabajadores que actualmente integran la Justicia Nacional del Trabajo.
