Obtuvo 36 votos positivos entre macristas, LLA y larretismo. El PJ se abstuvo. Ahora se abre la rosca por los 80 juzgados y jueces del nuevo fuero.
El convenio para el traspaso de la Justicia del Trabajo a la Ciudad se aprobó este jueves en la Legislatura porteña con la abstención del bloque del peronismo.
La Legislatura porteña aprobó este jueves el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, un antiguo anhelo del sector empresario y del macrismo. La iniciativa reunió al PRO, La Libertad Avanza, el larretismo y otros sectores de la oposición, mientras que el peronismo se abstuvo y la izquierda votó en contra.
La aprobación del convenio marco es uno de los pasos centrales del acuerdo entre Nación y Ciudad, aunque todavía no pone en funcionamiento el nuevo fuero. Como explicó durante el debate la presidenta del bloque oficialista, Silvia Lospennato, resta negociar en los próximos 180 días un convenio específico para definir la transferencia de recursos, personal y edificios necesarios para hacer efectiva la mudanza.
“Es un importantísimo primer paso, pero no lo concluye”, advirtió Lospennato. La legisladora explicó que los gobiernos nacional y porteño mantienen conversaciones para cerrar esa segunda parte del acuerdo, que será determinante para definir las condiciones materiales con las que comenzará a funcionar la Justicia laboral porteña.
Para Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, la aprobación representa “un paso histórico” para completar la autonomía porteña. La legisladora atribuyó la decisión al presidente Javier Milei y sostuvo que el convenio salda una deuda institucional pendiente desde hace tres décadas.
La votación puso en marcha una discusión que excede ampliamente al convenio aprobado este jueves. Para eso, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, ya envió a la Legislatura un paquete de proyectos que proyecta una estructura de hasta 80 juzgados laborales de primera instancia, diez salas de Cámara y 30 jueces de alzada.
El plan contempla además un nuevo Código Procesal laboral, un servicio propio de conciliación obligatoria y una organización administrativa más concentrada. Frente a los alrededor de 1900 trabajadores que tiene actualmente la Justicia Nacional del Trabajo, el proyecto porteño prevé una dotación de 1235 empleados y un esquema de oficinas de gestión centralizadas.
La negociación por los recursos se cruzará con otra discusión todavía abierta: qué ocurrirá con los jueces que actualmente integran el fuero nacional. Entre las posibilidades bajo análisis aparecen el traslado voluntario a la órbita porteña, la obligación de concursar nuevamente o alguna fórmula intermedia que reconozca especialmente la experiencia dentro de la Justicia laboral.
La abstención del peronismo en el recinto contrasta con lo que sucede en otros casilleros de la construcción del nuevo fuero. La Ciudad ya seleccionó una primera camada de magistrados y funcionarios, en su mayoría con distintas terminales políticas. Los pliegos llegarán a su tratamiento en la Legislatura sin haber recibido impugnaciones ni objeciones formales.
La ausencia de cuestionamientos anticipa un grado de acuerdo político bastante más amplio que el expresado este jueves en el tablero de votación. Mientras el peronismo decidió no acompañar el convenio que habilita el traspaso, esa distancia todavía no tuvo correlato en la discusión sobre quiénes van a administrar la nueva Justicia laboral.
La definición gana peso ante la magnitud de una estructura que, si prospera el proyecto del Ejecutivo, llegará a tener 80 juzgados.
La aprobación fue celebrada por el Ejecutivo porteño. El ministro de Justicia, Gabino Tapia, aseguró que se trata de “un paso más para el orden laboral en CABA. Una Justicia local pensada para que los conflictos laborales no sean interminables para los trabajadores, ni la ruina para el empresariado”.
La votación del convenio laboral mostró, de todos modos, una mayoría más extensa que el entendimiento entre macristas y libertarios. Entre los 36 votos afirmativos estuvieron también Horacio Rodríguez Larreta, Emanuel Ferrario y legisladores de otros espacios, en una jornada en la que distintas combinaciones políticas permitieron destrabar algunos de los proyectos de mayor peso de la agenda porteña.
El traspaso laboral no fue el único proyecto relevante aprobado durante la jornada. Con 31 votos afirmativos y 26 negativos, la Legislatura sancionó también una modificación de la Carta Orgánica del Banco Ciudad impulsada por Nicolás Pakgojz, de LLA, para orientar una mayor porción de las utilidades de la entidad hacia el crédito hipotecario.
Pakgojz celebró la sanción y sostuvo que los recursos deben dejar de “alimentar la caja política” del Instituto de Vivienda de la Ciudad para ampliar el financiamiento destinado a la compra de viviendas. “El Banco Ciudad tiene que trabajar de banco: dar crédito y no financiar estructuras políticas”, afirmó.
La sesión sumó además la aprobación de una ley para que los jubilados porteños que cobren hasta 2,5 haberes mínimos puedan viajar gratis en subte utilizando directamente el DNI. Macri celebró la iniciativa en sus redes y reconoció la autoría del proyecto de Graciela Ocaña, con quien, señaló, fue trabajado de manera conjunta.
