Cubrir las cuatro vacantes es parte de la agenda 2026. Presiones gremiales, prioridades de la política y ausencia de consulta interna al tribunal.
La cobertura de las cuatro vacantes de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires se ha convertido en un centro neurálgico de la política judicial bonaerense. Aquí, un repaso de los nombres que circulan para ocupar una de las poltronas en la cima de la justicia bonaerense.
El máximo tribunal funciona desde hace tiempo con sólo tres integrantes, en un contexto de vacancias acumuladas por jubilaciones, renuncias y fallecimientos que dejaron al órgano reducido y con presión institucional para su recomposición hasta llegar a siete miembros.
En junio de 2024, la salida del ministro Luis Genoud marcó una nueva vacante que se sumó a las de Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters, renunciados y jubilados, y a la del fallecido Héctor Negri en 2020, consolidando un órgano que debería tener siete miembros y apenas cuenta con tres.
La persistencia de esas vacantes obliga al tribunal a convocar a jueces de Casación para que integren fallos, una solución transitoria que deja al cuerpo en una situación extraordinaria. En ese contexto, el Ejecutivo bonaerense instaló la discusión de la cobertura de esos cargos entre las prioridades de su agenda institucional y política.
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) elevó, además, un reclamo explícito para que la cobertura atienda la cuestión de género y se avance hacia una integración paritaria de la Corte, recordando que en 150 años de historia su composición mayoritaria ha sido masculina y que el actual proceso ofrece una oportunidad para saldar esa deuda histórica.
A lo largo de 2024 y 2025, en distintas etapas de la discusión por el futuro del máximo tribunal, surgieron una serie de nombres que estuvieron en la mesa de diálogo, pero que con los cambios de condiciones políticas y negociaciones diversas podrían quedar algo rezagados a la espera de que la estrategia de designaciones se clarifique. Entre ellos fueron mencionados:
Estos nombres circularon con fuerza en distintos momentos de la rosca política para la Corte, aunque por el momento no se consolidaron como postulantes definitivos.
Al escenario tradicional de aspirantes se sumó un nuevo actor desde el ámbito político surgido del espacio mileista provincial: el exfiscal de La Plata Marcelo Romero. Su incorporación al debate amplía el espectro de posibles postulantes, incorporando voces del ecosistema libertario y mileísta a la discusión por la integración del máximo tribunal provincial.
La aparición de Romero como nombre propuesto por el proyecto político afín a Javier Milei y sus aliados bonaerenses marca una expansión del debate más allá de los perfiles judiciales clásicos que habían estado en juego hasta ahora.
Este nuevo perfil de postulante coincide con artículos políticos previos que señalaban la complejidad de alcanzar acuerdos internos en la Legislatura, donde una de las sillas de la Corte podría corresponder a fuerzas opositoras, en función de equilibrios políticos en ciernes.
El reclamo por paridad de género se mantiene como una pieza presente en la discusión, planteado por la AJB como una condición estructural para transformar la composición de la Corte en un órgano más equitativo. El gremio judicial sostiene que ante la histórica ausencia de mujeres en el máximo tribunal la cobertura de las vacantes actuales constituye una oportunidad para avanzar hacia un tribunal más representativo.
Mientras tanto, voceros de la Suprema Corte señalaron que todavía no se registró comunicación formal con los ministros que integran el cuerpo para conocer su opinión respecto de los nombres que circulan en el ecosistema mediático y político. Ese dato puede interpretarse como un indicador de que la llamada “danza de nombres” está más influida por las prioridades de la política que por decisiones internas del propio tribunal a la hora de elaborar y proponer perfiles concretos para elevar al Senado los pliegos correspondientes.
La cobertura de vacantes en el máximo tribunal bonaerense sigue, así, condicionada por los equilibrios políticos tanto dentro del oficialismo como en la oposición, la presión de actores gremiales por la paridad de género, y la integración de nuevos actores que buscan posicionarse como candidatos en un proceso que se perfila como central para el año judicial de 2026 y para la institucionalidad de la provincia.