La falta de cobertura de cargos en el máximo tribunal provincial tensiona el funcionamiento judicial y abre un debate institucional de cara a 2026. Mensaje a Axel Kicillof.
La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, hoy: Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres.
El juez de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, alertó sobre el impacto institucional que genera la demora del poder político en cubrir las cuatro vacantes del máximo tribunal y reclamó celeridad al Poder Ejecutivo de Axel Kicillof y al Senado bonaerense para avanzar con las designaciones pendientes.
Durante una visita a Olavarría, el magistrado remarcó que la situación no es neutra para el funcionamiento de la Justicia y recordó que la Constitución provincial fija plazos concretos para la remisión de los pliegos. Según sostuvo, la integración incompleta afecta la seguridad jurídica y la capacidad del tribunal para fijar doctrina.
“La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que son siete miembros y hace tiempo ya que está con vacantes. El tiempo no es indiferente porque la Constitución fija un plazo para remitir las propuestas y es exiguo, son 15 días después de producida cada vacante. Creo que la Constitución es muy aleccionadora, muy sabia, porque son cargos críticos y el tiempo no es indiferente, no hay discrecionalidad”, afirmó Soria.
En esa línea, el juez reclamó mayor conciencia política para completar la integración del máximo tribunal. “Deberían haberse efectuado las propuestas y hay que tratarlas. A veces los acuerdos políticos no se dan y hay que esperar que se tome conciencia que un cuerpo político como la Suprema Corte que necesita pluralidad de voces, de especialidades y miradas se integre”, señaló.
El planteo se inscribe en un escenario en el que el Senado bonaerense avanzó durante 2025 con pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores en distintos Departamentos Judiciales, aunque el ordenamiento del máximo tribunal continúa pendiente. Para 2026, la regularización de la Corte aparece como uno de los principales desafíos institucionales de la provincia.
Si bien la normativa prevé mecanismos de reemplazo, el magistrado advirtió que la integración incompleta genera limitaciones estructurales. “Hoy se integran con jueces que los subrogan y son determinados por la ley. Comienzan con el presidente del Tribunal de Casación Penal y prosiguen por los demás jueces del tribunal y luego por las Cámaras. Hay un mecanismo de reemplazo pero no existe doctrina legal, jurisprudencia”, explicó.
En ese sentido, remarcó que la Corte debe fijar criterios estables que otorguen previsibilidad al sistema judicial. “La Corte tiene que fijar jurisprudencia, dar certidumbre, seguridad jurídica y eso con una integración aleatoria no se puede lograr”, completó Daniel Soria.
Actualmente existen cuatro sillas vacías en el máximo tribunal bonaerense, sobre un total de siete miembros establecidos por la ley. Las vacantes se produjeron tras la jubilación de Luis Genoud, las renuncias de Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters, y el fallecimiento de Héctor Negri.
El procedimiento para designar a los nuevos ministros está previsto en los artículos 175, 177 y 181 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. A diferencia de los jueces de primera instancia, que acceden por concurso a través del Consejo de la Magistratura, los integrantes de la Suprema Corte deben ser propuestos por el Poder Ejecutivo bonaerense y aprobados por el Senado con mayoría absoluta.