A la espera de un consenso general para que Kicillof presida el partido, los acuerdos para completar el máximo tribunal están frenados. Nombres que siguen en carpeta.
Las vacantes en la Suprema Corte, a la espera de una resolución de la interna en el PJ bonaerense.
La próxima apertura de sesiones legislativas en la provincia de Buenos Aires vuelve a poner en agenda un tema central para la arquitectura institucional del oficialismo: la cobertura de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCBA) pero se encuentra cruzada por la interna del PJ bonaerense.
Se espera que el gobernador Axel Kicillof haga alguna referencia al estado de situación, aunque por ahora no hay señales concretas de avances. La danza de nombres continúa con los mismos protagonistas que ya circularon en los últimos meses y, según admiten distintas fuentes políticas, si existen nuevos postulantes, permanecen bajo estricta reserva.
El escenario está atravesado por una variable determinante: la interna del PJ bonaerense. Hoy no existe ninguna mesa de negociación formal para discutir nombres ni criterios de selección. Todo está, en palabras de una de las fuentes consultadas, “frenado por la interna”. El resultado de las elecciones partidarias aparece como el factor que terminará de ordenar -o desordenar- el mapa de poder en la provincia, especialmente de cara a los últimos dos años de gestión de Kicillof.
En ese contexto, la cobertura de vacantes en la Suprema Corte no es un expediente aislado. Forma parte de un paquete más amplio de decisiones que requieren consensos legislativos robustos. “Axel necesita mayoría en ambas cámaras para la diaria y en el Senado para los temas de mayor institucionalidad como nombramiento de magistrados en el Poder Judicial, cobertura de vacantes en la Suprema Corte bonaerense, endeudamiento, entre otros”, explicó otra fuente con conocimiento de las negociaciones. La discusión por los cargos en la Cámara alta -vicepresidencias, secretaría administrativa- también está atada a esos equilibrios y refuerza la idea de que todo el sistema de acuerdos está hoy en revisión.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires es el órgano máximo del Poder Judicial en el distrito más grande del país. Su integración requiere acuerdos políticos amplios y la aprobación de los pliegos por parte del Senado, una instancia donde el oficialismo necesita ordenar su tropa antes de avanzar. En ese marco, la interna del PJ funciona como un condicionante directo del ritmo y la viabilidad de cualquier definición.
La disputa interna no solo impacta en la conducción partidaria, sino también en la gobernabilidad cotidiana. Las mayorías legislativas, indispensables para sancionar leyes estructurales y avanzar con nombramientos judiciales, están atadas al resultado de ese proceso. Por eso, distintas voces del oficialismo admiten que no habrá movimientos significativos hasta que el tablero interno quede más claro.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Justicia bonaerense, que conduce Juan Martín Mena, la línea es clara y uniforme: “Todo está en manos del gobernador Axel Kicillof”. El mensaje refuerza la centralidad del Ejecutivo en la definición, pero también marca que, sin un Senado ordenado, cualquier intento de avanzar con pliegos puede naufragar.
En los espacios de análisis político-judicial que rodean al oficialismo se repite una recomendación: proponer perfiles con trayectoria en la judicatura, en el ámbito académico y en el ejercicio profesional de la abogacía, sin una identificación directa con sectores políticos. El argumento es institucional. La Suprema Corte bonaerense aún conserva, según esas miradas, un nivel de prestigio que no debería verse afectado por una lógica de reparto partidario explícito.
En ese marco de indefinición, los nombres que circulan son, en su mayoría, los mismos que ya estuvieron sobre la mesa en meses anteriores. Dentro del kirchnerismo, una de las candidatas mencionadas fue la abogada Marisa Herrera, aunque su postulación perdió fuerza con el correr del verano. Desde ese sector señalan que hoy no tienen un candidato firme para impulsar. El propio Juan Martín Mena, cuyo nombre apareció hace meses como una posibilidad, quedó inscripto como una opción más, sin señales de un respaldo político consolidado.
En el radicalismo, en cambio, hay dos postulantes que se mantienen en carrera: Marina Sánchez Herrero y Miguel Berri. Ambos nombres continúan siendo mencionados como parte de la discusión, aunque sin avances formales ni negociaciones abiertas.
Por el lado del massismo, en las últimas semanas volvió a sonar con fuerza el nombre de Ramiro Gutiérrez. Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencias Penales por la Universidad Católica de La Plata, Gutiérrez tiene una extensa trayectoria política. Inició su carrera pública como concejal en Dolores entre 2003 y 2007, fue diputado provincial bonaerense entre 2007 y 2019 y luego diputado nacional por la provincia de Buenos Aires desde 2019, cargo para el que fue reelecto en 2023 por Unión por la Patria.
A la lista de nombres que alguna vez estuvieron en discusión se suman aquellos que quedaron relegados por el cambio en las condiciones políticas. Diversos postulantes que formaron parte de conversaciones preliminares hoy aparecen rezagados, sin margen para avanzar en un escenario atravesado por disputas internas y falta de consensos.
En paralelo, en el ecosistema libertario comenzó a mencionarse un nuevo nombre: el exfiscal de La Plata Marcelo Romero, señalado como uno de los posibles postulados del mileísmo bonaerense para la Suprema Corte. Su inclusión amplía el abanico político de la discusión, aunque por ahora se trata solo de una mención sin confirmaciones oficiales.
A la complejidad política se suma el reclamo del gremio de judiciales. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) elevó un pedido explícito para que la cobertura de vacantes contemple la cuestión de género y avance hacia una integración paritaria de la Suprema Corte. El sindicato recordó que, en 150 años de historia, la composición del tribunal fue mayoritariamente masculina y que el actual proceso representa una oportunidad para corregir ese desequilibrio estructural.
Por ahora, sin embargo, la discusión permanece en un estadio preliminar. Voceros de la propia Suprema Corte señalaron que nadie se comunicó con los ministros para conocer su opinión sobre los nombres que circulan en el ecosistema mediático. Ese dato es leído, dentro del oficialismo, como un indicador de que la danza de postulantes responde más a deseos y especulaciones de la política que a un proceso efectivo de construcción de consensos para elevar pliegos al Senado.
Con la apertura de sesiones como telón de fondo, la cobertura de vacantes en la Suprema Corte bonaerense aparece así cruzada por la interna del PJ, la necesidad de mayorías legislativas y un escenario de negociación aún inexistente. Hasta que esas variables no se ordenen, la definición seguirá en pausa, a la espera de que la política provincial termine de acomodar sus propias piezas.