En un discurso de casi tres horas de duración, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró el período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense; habló de todos los temas, menos de justicia. Solo hizo mención a la Corte Suprema por la quita de recursos de la coparticipación federal. En ese marco, agradeció al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el “compromiso concreto” con el distrito a través de “recursos y obras” y destacó el respaldo del mandatario al “reclamo ante el bochornoso fallo de la Corte” Suprema de Justicia que, dijo, “alude a los recursos y a los derechos de los bonaerenses”, en referencia al fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación.
Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, Kicillof no hizo mención al sistema de justicia ni al Poder Judicial bonaerense, el segundo más grande de Sudamérica, solo superado en volumen por el del Estado de San Pablo (Brasil). El gobernador se sentó en el recinto sabiendo que los jueces de la Suprema Corte estaban siguiendo el discurso. El mandatario obvió cualquier alusión a reformas judiciales, no hizo referencia al servicio de justicia bonaerense y apuntó su mirada en la corte federal. “La Corte, sin justificación y por fuera de sus atribuciones”, modificó la coparticipación, “las demás provincias y nosotros no lo vamos a permitir”, arengó.
El silencio de Kicillof en materia judicial bonaerense contrastó con el de Alberto Fernández, quien disparó con munición gruesa contra la Corte nacional. Hace una semana el Presidente cuestionó el accionar del máximo tribunal y lo acusó de tomar “por asalto” al Consejo de la Magistratura, defendió el proceso de juicio político que se lleva adelante en la Cámara de Diputados contra los cuatro miembros del máximo tribunal, impulsado por el Gobierno y un conjunto de gobernadores, al considerar que “no hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia”.
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La relación del Ejecutivo provincial con la Corte siempre fue correcta. No hay sintonía fina, pero tampoco rebelión alguna. Desde el inicio de su gestión, el objetivo de Kicillof fue desplazar al procurador Julio Marcelo Conte-Grand, un funcionario identificado con la exgobernadora María Eugenia Vidal. Ministros del Gabinete pidieron su renuncia en reiteradas oportunidades. Una de las voces más críticas del gobierno es la de la senadora Teresa García. “Conte Grand no puede ser procurador porque no es objetivo”, dijo en una entrevista con Letra P. El jefe de los fiscales resiste, pero sabe que si en las elecciones 2023 la actual oposición pierde un senador y ese escaño queda en manos del oficialismo el juicio político en su contra prosperará.
Pese a este panorama, el jefe de los fiscales bonaerenses dictaminó la inconstitucionalidad de la Ley 15.008 que establece un nuevo esquema de jubilaciones para la cartera laboral del personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Esa ley es autopercibida como “un logro” por la exgobernadora y precandidata presidencial Vidal, pero más de cinco mil amparos hicieron de esa normativa una “ley muerta”, según expresó Kicillof en su discurso, quien dijo que desde la Suprema Corte provincial le solicitaron que se encuentre “una solución política” al tema. La ley llegó hasta el máximo tribunal provincial que debe dictaminar si es constitucional o no.
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Motivos para hablar del Poder Judicial hay muchos: la preocupante demora en la resolución de causas, la cantidad de vacantes de jueces, fiscales y defensores oficiales sin designaciones, la magra remuneración de las y los trabajadores en contraposición con los nutridos salarios de la magistratura (también, en su mayoría, exentos de pagar Ganancias), el denunciado abuso de las prisiones preventivas y las interminables vías de apelaciones que ralentizan las causas penales, entre otras.
Por lo anterior, la Justicia bonaerense tiene una imagen negativa superior al 78 por ciento, según encuestas realizados a ciudadanos y abogados. Algunos sondeos muestran un 84% de desconfianza en ese poder del Estado. Cifras que vuelve más audible el silencio de Kicillof.
Durante el acto, la titular de la Suprema Corte, Hilda Kogan, estuvo en primera fila ladeada por el ministro de Justicia, Julio Alak, y el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, una postal muy distinta a la que se vio hace una semana en el Congreso de la Nación, donde los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz estuvieron solos y fueron blanco de todo tipo de críticas.
CÁRCELES Y SEGURIDAD
Kicillof rememoró que cuando su gestión asumió “con una huelga de hambre por falta de alimentos, había 51 mil presos en 24 mil plazas, el tribunal de Casación provincial hablo de crisis humanitaria en el sistema penitenciario, ante esto el ministerio de Justicia lleva adelante el plan de infraestructura penitenciara más grande de la historia para llegar a construir 12mil nuevas plazas en toda la gestión”.
En relación al panorama actual dentro de las cárceles señaló el plan de salud Qunita bonaerense los insumos del ajuar para recién nacidos se confeccionan intramuros por personas en conflicto con la ley y así “se bajó la reincidencia a la mitad porque los internos recuperan la cultura de trabajo”.
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Sobre el tema seguridad fue muy duro con la gestión anterior. Aclaró que “aunque mejoren las estadísticas no alcanza, cada crimen, cada robo, cada muerte, debe evitarse” recordó: “Recibimos una policía con un ajuste salarial del 29%, el más fuerte de la anterior gestión”.
Una de las frases más destacadas de su cierre de discurso fue: “Elijo la democracia plena y sin proscripciones”, en lo que pareció otro mensaje de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y el repudio a la condena de primera instancia que recayó sobre ella.
