Uno de los episodios judiciales más controvertidos de la pandemia de COVID-19 en la provincia de Buenos Aires acaba de recibir su cierre institucional: el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, presidido por el juez de Casación Manuel Bouchoux, resolvió archivar las denuncias contra su colega Víctor Violini, acusado de haber dictado en 2020 la resolución que habilitó la liberación masiva de presos durante la emergencia sanitaria.
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La decisión, firmada el 17 de julio al inicio de la feria judicial y conocida este lunes 4 de agosto, se produce en pleno año electoral, con la seguridad pública y el rol de la Justicia en el centro del debate político bonaerense.
El fallo, que tomó estado público recién hoy al notificarse a los denunciantes, archiva un caso que fue uno de los más explosivos de la pandemia: la presunta liberación masiva de presos bonaerenses en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.
La notificación llega en plena campaña electoral provincial, con un clima político en el que la seguridad pública, el sistema penitenciario y la independencia judicial se convirtieron en ejes de confrontación. Y, como ocurre en estos casos, el contenido técnico del fallo se mezcla con la interpretación política de sus consecuencias.
Tres denuncias, un objetivo del PRO: destituir a Violini
Las actuaciones S.J. 544/20, S.J. 552/20 y S.J. 616/21 concentraron las denuncias de tres frentes distintos pero convergentes:
Los entonces legisladores provinciales de la oposición: Juan Pablo Allan, José Andrés De Leo, Claudia Rucci y Sandra París.
La ONG Usina de Justicia.
El diputado nacional Alberto Emilio Asseff.
En conjunto, reclamaron la destitución de Violini por mal desempeño, con suspensión o apartamiento preventivo. Los cargos incluían desde incompetencia, negligencia e incumplimiento de deberes, hasta irregularidades procesales, parcialidad manifiesta y, en el caso de Asseff, la comisión de delitos como prevaricato, cohecho y enriquecimiento ilícito.
La base de las acusaciones fue su actuación en los hábeas corpus colectivos N° 102.555 y N° 102.558, presentados durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por defensores oficiales para mejorar las condiciones de detención en un contexto de riesgo sanitario extremo.
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“Competencia inexistente” y resoluciones no solicitadas
Los denunciantes afirmaron que Violini, de manera unipersonal, declaró parcialmente procedentes las acciones y extendió el alcance a cualquier persona privada de libertad que el Poder Ejecutivo incluyera en listados de riesgo COVID. Según ellos, esa decisión "vulneró la garantía del juez natural, asumió competencias no propias del Tribunal de Casación, desnaturalizó sus funciones revisoras y, en un exceso de poder, dictó disposiciones de carácter general ajenas a la magistratura”.
También denunciaron que el fallo modificó de hecho normas de ejecución penal y creó categorías inexistentes en la ley (“delitos graves” y “delitos leves”), lo que a su criterio implicó usurpar facultades legislativas.
En cuanto a la protección de las víctimas, sostuvieron que se incumplió la Ley 27.372 al no notificarlas antes de conceder arrestos domiciliarios. Y que en muchos casos el juez resolvió incluso más allá de lo solicitado (extra petita).
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Manuel Bouchoux, el juez que archivó las denuncias que pesaban sobre su par Víctor Violini.
Casos individuales bajo la lupa: Petrullo y Olmos
Los expedientes individuales también fueron señalados como ejemplos de mal desempeño. En el caso de Pedro Olmos, los legisladores apuntaron que Violini dictó arresto domiciliario vulnerando las reglas de intervención que él mismo había fijado un día antes.
En el de Enrique “Quique” Petrullo, condenado como parte de una organización criminal ligada al suspendido juez Martín Ordoqui, se cuestionó que Violini no se excusara pese a estar mencionado en investigaciones previas y que dispusiera el beneficio “sin perjuicio de estudios médicos”, es decir, sin confirmar el riesgo sanitario alegado.
Según los denunciantes “el juez seleccionó indebidamente los casos en los que intervenía, incurriendo en un ejercicio inaceptable de fórum shopping que atenta contra la imparcialidad judicial”.
Acusaciones de corrupción: del rumor periodístico a la desestimación fiscal
La presentación de Asseff fue más allá, imputando delitos de cohecho, prevaricato y enriquecimiento ilícito. Basó sus dichos en artículos periodísticos que insinuaban que Violini participó en maniobras para conceder beneficios a cambio de dinero, en vínculos con el suspendido juez Ordoqui y en la falta de presentación de su declaración jurada patrimonial de 2018.
Estos elementos dieron lugar a investigaciones penales preparatorias en la Fiscalía de Delitos de Corrupción de Dolores, pero fueron archivadas en dos oportunidades. El fiscal concluyó que “la única vinculación del Dr. Violini surge de diálogos entre terceros en los que desarrollan una especulación, sin afirmación, sobre si el sindicado podría aceptar una dádiva”.
Posteo de Violini en X
El fundamento del archivo: independencia judicial y falta de pruebas
En su resolución, Bouchoux sostuvo que las denuncias eran “cuestiones estrictamente jurisdiccionales” y que la vía del enjuiciamiento no podía utilizarse para revisar pronunciamientos ya resueltos por instancias superiores.
Advirtió además que la independencia judicial protege a los jueces de ser destituidos por el contenido de sus fallos, salvo supuestos excepcionales como desvío de poder o errores inexcusables de gravedad extrema, que en este caso “no se configuraron”.
Sobre la denuncia de Asseff, remarcó que estaba sostenida en “especulaciones alimentadas por publicaciones digitales”, sin pruebas materiales que justifiquen un juicio político o penal.
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El contexto político: seguridad, cárceles y campaña electoral
El momento en que se conoció la resolución no es neutro. A menos de tres meses de las elecciones provinciales, con encuestas que marcan a la inseguridad como una de las principales preocupaciones ciudadanas, el archivo de las denuncias contra el juez que habilitó la salida de presos en pandemia tiene inevitable impacto político.
Más allá del archivo, el caso Violini seguirá siendo mencionado cada vez que se discuta el límite entre la independencia judicial y la responsabilidad política por las decisiones que afectan la vida cotidiana de los bonaerenses.
Hoy Usina de Justicia fue notificada de una resolución por demás injusta: el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, Manuel Bouchoux, decidió cerrar y archivar nuestra denuncia contra el juez Víctor Violini, por haber liberado indiscriminadamente… https://t.co/m6Ey0osMdZ
Bouchoux cerró su resolución con una advertencia doctrinaria: “El enjuiciamiento de un magistrado solo se justifica en supuestos de gravedad extrema que revelen un intolerable apartamiento de su misión, con daño al servicio y menoscabo de la investidura, conciliando el debido respeto a los jueces con el principio de inamovilidad”.
Pero en la arena política, donde las frases se recortan y las imágenes pesan más que las doctrinas, la liberación de presos en pandemia y la protección judicial a quien la dispuso son insumos demasiado tentadores para no ser usados en campaña.
