La Suprema Corte bonaerense relevó 238 vacantes en todos los fueros. El penal es el más afectado. También hay cuatro sillas vacías en el máximo tribunal.
Buenos Aires: uno de cada cinco cargos de juez está sin cubrir
El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires tiene, al menos, 238 cargos de jueces vacantes, entre los que ya están sin cubrir y los que quedarán vacantes antes de que termine 2026. La cifra representa el 17% de la planta de magistrados, según un relevamiento de la Suprema Corte bonaerense de Justicia del 21 de septiembre, solicitado por Letra P.
El dato expone la dimensión de un problema que atraviesa a todo el sistema judicial. Mientras casi uno de cada cinco cargos de juez está sin cubrir, el máximo tribunal provincial funciona con apenas tres de sus siete integrantes. La cobertura de las vacantes depende de una negociación política que todavía no permitió completar la integración de la Corte.
La distribución de las vacantes muestra que el fuero Penal concentra la mayor cantidad de cargos sin cubrir, con 86 puestos, equivalentes al 15% de su estructura. Si se suman los fueros Penal y Penal Juvenil, el número asciende a 110 vacantes, casi la mitad del total relevado.
En términos relativos, el panorama es todavía más delicado en algunos fueros. El Penal Juvenil tiene casi un tercio de sus cargos vacantes: 24 puestos representan el 32% de su estructura. Le siguen el Contencioso Administrativo, con el 22%, y los fueros Laboral y de Familia, ambos con el 19%. El Civil y Comercial registra el porcentaje más bajo, con el 13%.
El propio documento aclara que las cifras no incluyen las licencias prolongadas por razones de salud ni las medidas administrativas o disciplinarias. Por eso, la cantidad de órganos judiciales que funcionan sin su titular efectivo puede ser mayor a la que surge de la planilla oficial.
La situación de la estructura judicial se replica en la cúpula. La Suprema Corte bonaerense tiene cuatro de sus siete cargos vacantes, tras los retiros de Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters, la muerte de Héctor Negri en 2020 y la salida de Luis Genoud en junio de 2024.
Actualmente la integran Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan. La falta de cuatro ministros obliga al tribunal a recurrir a jueces de Casación para completar la integración de determinados fallos.
El 28 de abril, el presidente de la Corte encabezó un acto junto al procurador general Julio Conte Grand, representantes de los colegios de Magistrados y de Abogados y la Asociación Judicial Bonaerense. Allí formuló un reclamo por la dimensión de la vacancia: “Los ministros que presidimos este acto somos tres, cuando debiéramos ser siete”.
Tal como publicó Letra P, Torres contabilizó entonces 2.292 días sin cobertura de la primera vacante y 152 incumplimientos del plazo de 15 días que establece la Constitución provincial para que el Poder Ejecutivo proponga un candidato al Senado.
El planteo también incluyó un reclamo por la autarquía presupuestaria del Poder Judicial. Torres explicó que cerca del 92% del presupuesto judicial se destina al pago de salarios y advirtió que las remuneraciones bonaerenses están más de un 50% por debajo de las del Poder Judicial de la Nación.
La respuesta del Gobierno bonaerense al reclamo de la Corte fue escueta. Una semana después del acto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo que el envío de pliegos es una “potestad del gobernador”, quien resolverá según criterios de oportunidad, mérito y conveniencia.
Detrás de la demora aparece una negociación política sin acuerdo entre los distintos sectores del oficialismo. Letra P informó que las diferencias entre el axelismo, el kirchnerismo y el massismo, sumadas a la fragmentación de la oposición, dificultaban la definición de los nombres. Cualquier designación para la Suprema Corte requiere el acuerdo del Senado.
En los meses siguientes hubo nuevos anuncios. A comienzos de septiembre, el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, adelantó que el gobernador Axel Kicillof enviaría 200 nuevos pliegos de jueces y funcionarios judiciales a la Cámara alta, aunque no precisó si esa tanda incluiría las cuatro vacantes del máximo tribunal.
La cifra permite dimensionar la magnitud del problema en el conjunto del sistema. Según informó Letra P, el total de cargos vacantes de jueces, fiscales y defensores ronda los 440. Ese número es superior al relevamiento de 238 cargos de magistrados porque contempla también otros integrantes del Ministerio Público.
El 3 de noviembre, después de una reunión del gobernador con representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios, se anunció el envío al Senado de nuevos pliegos para cubrir vacantes de magistrados. En ese encuentro, los representantes judiciales volvieron a plantear la necesidad de avanzar con la autarquía presupuestaria.
La cobertura de los cargos del máximo tribunal tiene una dificultad adicional: requiere un acuerdo político que permita reunir los votos necesarios en el Senado. La negociación involucra al oficialismo y a una oposición que tampoco aparece ordenada detrás de una posición común.
En mayo, tanto desde el Gobierno como desde la propia Corte se había planteado la necesidad de resolver las vacantes antes de fin de año. El calendario electoral de 2027 aparece como un factor que podría complicar todavía más las conversaciones políticas.
Por ahora, mientras se anuncian nuevas tandas de designaciones para el resto de la estructura judicial, no hay constancia pública de que se hayan enviado al Senado los pliegos para cubrir los cuatro lugares vacantes de la Suprema Corte.
La cobertura de las vacantes judiciales vuelve así a quedar atada a una negociación política que todavía no encuentra salida. Mientras cientos de cargos de magistrados permanecen sin cubrir, el máximo tribunal provincial continúa funcionando con menos de la mitad de sus integrantes.
