Afrontará una votación decisiva en el Senado mientras negocia con aliados la agenda del segundo semestre. Sturzenegger vs. Bullrich. Ley del BCRA, con errores.
La actividad en el Congreso se retomará con un desafío muy difícil para Javier Milei, que marcará los límites para su reelección. Será el jueves, en el Senado, cuando se debata el proyecto para resguardar la propiedad privada. Patricia Bullrich puja con los aliados de La Libertad Avanza (LLA) para aprobar el capítulo de tierras y el final es incierto.
En la Cámara de Diputados el clima para el Gobierno es mejor. El tratamiento de la reforma del Banco Central comenzará con una cumbre entre bloques dialoguistas y funcionarios. La aprobación no presenta riesgos, aunque hay algunas correcciones a errores de técnica legislativa que siguen repitiéndose en los proyectos que manda la Casa Rosada sin que nadie se haga cargo.
Con los cambios a la legislación de la política monetaria, Milei busca un escenario para exponer lo que, considera, es una batalla cultural ganada. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, advirtió que el cronograma se puede complicar si no habilitan en las sesiones propuestas de los socios legislativos. La lista de pedidos es larga.
Será un segundo semestre intenso en el Congreso, con desafíos que el Presidente necesita afrontar antes de largar su campaña por su reelección. Uno es completar los más de 300 juzgados vacantes, sorteando las presiones del Círculo Rojo. Ya cubrió 100 y la próxima semana seguirán las audiencias. En el Senado también avanzará el Súper-RIGI, que sería ley en 10 días.
Otro reto para Milei es el Presupuesto 2027. Para cumplir con las metas del FMI debe aprobarse sin déficit ni capítulos rechazados, como sucedió en diciembre. Para cubrirse, el Presidente prometió un shutdown criollo, distinto al de Estados Unidos. Si cumple lo que anunció, podría revitalizar el rol de los legisladores en la gestión presupuestaria.
Bullrich está preocupada. Llegó al fin de semana sin garantías de poder juntar una mayoría que le permita aprobar el fatídico capítulo dos del proyecto Inviolabilidad de Propiedad Privada, que habilita la venta de tierras sin límites a extranjeros. La ley vigente la limita al 15% del total de la superficie.
El último intento de tratar la iniciativa falló, porque hubo dos ausencias que eran decisivas (Carlos Espínola, de Provincias Unidas, y la macrista Andrea Cristina). La jefa del bloque oficialista del Senado tampoco tenía certezas de sumar a los diez radicales y, además, chocó con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, autor de la iniciativa, que estaba molesto con los cambios que había acordado la legisladora.
El funcionario no quiere que los gobernadores intervengan en las compras de tierras de extranjeros para impedir que cerquen los recursos naturales, como señala el último borrador. Acusa a los propietarios locales de concentrar riquezas y fugar divisas. Aquel día, posterior a la clasificación de Argentina a la final del mundial de fútbol, Bullrich prefirió esperar. “Si debatimos siete horas, Sturzenegger le va a llenar la cabeza a Milei”, sospechó y pidió cuarto intermedio hasta el jueves 6.
En la primera semana del receso, la senadora sentó al ministro en su despacho y le exigió ceder. “Con la ley actual, un extranjero no puede comprar 1000 hectáreas para una inversión. Cambiemos eso. No se puede manejar lo que hagan los gobernadores”, planteó.
El economista cerró la boca y la senadora retomó la negociación, pero no resultó sencilla. La marcha multitudinaria citada para este jueves tensiona a los aliados, que, como es habitual antes de cada elección, hacen cuentas sobre qué les conviene.
Los números están muy finos y pesa el efecto dominó, previo a cada votación. Es una secuencia que se repite: si los aliados saben que hay votos de sobra para aprobar un capítulo polémico, se anotan. Si esa cifra mágica de 37 votos no está garantizada, ninguno quiere ser decisivo.
Sin la decena de radicales garantizados, Bullrich no puede asegurar la aprobación del capítulo de tierras. El jefe de la bancada de la UCR, el correntino Eduardo Vischi, le prometió a la senadora su respaldo, aunque hay al menos tres de sus pares que no dan garantías: el bonaerense Maximiliano Abad –quien ya se expresó en contra–, el pampeano Daniel Kroneberger y el catamarqueño Flavio Fama. Complica más la negociación un pronunciamiento en contra del Comité Naciónal del radicalismo, conducido por Leonel Chiarella.
La Libertad Avanza (LLA) necesita al menos dos votos de este trío para llegar a 37, si es que no se caen otros cuatro aliados, que hasta ahora aceptan ayudar: Flavia Royón (Salta), Espínola, Beatriz Ávila (Tucumán) y Julieta Corroza (Neuquén).
Hay gobernadores que no levantaron el teléfono para hablar con sus senadores afines, como Claudio Vidal (Santa Cruz), quien no controla a su dupla de coterráneos conformada por José Carambia y Natalia Gadano.
En Misiones, la interna entre Hugo Passalacqua y el mandamás local Carlos Rovira altera las mayorías del Congreso. El oficialismo ya no puede contar con el respaldo de la dupla de senadores de esa provincia, integrada por Sonia Rojas Decut y Carlos Arce.
Los caminos para Bullrich son difíciles. Si hay un empate y Milei ya partió rumbo a Colombia, donde participará de la asunción de Aberlardo de la Espriella, el voto decisivo será el del libertario Bartolomé Abdala.
Pero si el Presidente viaja el mismo viernes del acto oficial en Bogotá, la definición podría quedar en manos de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien ya anticipó que está en contra de cambiar la ley de tierras.
Tal vez por eso fue que Santilli le pidió la renuncia este viernes a la titular del Senado, quien anticipó que no dejará su cargo en forma anticipada.
La jefa de LLA podrá mirar los números finos y, en tal caso, retirar el capítulo polémico para aprobar el resto del proyecto. Esa opción no es considerada en la Casa Rosada, motivo de fastidio en los bloques libertarios.
Es que el resto de la reforma tiene temas diversos con respaldo de muchos sectores, como facilidades para desalojos y restricciones para expropiar.
“Hay gente mayor que no puede desocupar sus viviendas y nos pide la ley. Y nosotros nos trabamos por los terrenos de Benetton”, se molestó un senador libertario en uno de los debates internos.
Los bloques oficialistas, con los ingresos de diciembre y la experiencia de estos años, ya no razonan como en 2023. Hay figuras más experimentadas y pragmáticas que se quejan de las dilaciones de la Casa Rosada.
En la cámara baja esperan la resolución del debate de la ley de tierras en el Senado para exponer una agenda. Martín Menem quiere sesionar el 19 y el 26 de agosto, con la reforma del Banco Central y la nueva ley de inocencia fiscal como temas centrales.
Este último proyecto comenzará a debatirse el miércoles por la mañana, en comisiones. Un día antes, el riojano volverá a reunir a los bloques dialoguistas para acercar posiciones.
Una vez más, fue invitada la santafesina Gisela Scaglia, jefa de Provincias Unidas, que reúne a representantes de gobernadores que hasta ahora enfrentan a Milei, como Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut).
El otro es el radical santafesino Maximiliano Pullaro. Scaglia fue su vice y, si bien aún preside el PRO de su provincia, le responde y apuesta a su reelección, si es necesario, mediante un acuerdo con La Libertad Avanza.
Son las alquimias locales que comenzarán a medirse minuto a minuto, antes del tratamiento de cada iniciativa de ley. Karina Milei y Santiago Caputo parecen haber coincidido en que lo mejor es no desafiar a los gobernadores que estén dispuestos a ayudar en el parlamento. Cada uno mostrará sus cartas en los próximos meses.
Scaglia empezará a jugar y pedirá una lista de temas para las sesiones, que incluyen biocombustibles, competencia provincial para estupefacientes, desendeudamiento pyme y Ficha Limpia. El PRO armó su propia nómina de proyectos. Exige avanzar con uno para habilitar la siembra a los costados de las rutas nacionales.
Si bien la reforma del Banco Central logró un amplio consenso ente los aliados, el texto tiene un error que por estas horas nadie sabe cómo saldar sin caer en el papelón.
El proyecto dispone que para echar a directores del organismo serán necesarios dos tercios de ambas cámaras. Se trata de una mayoría especial que sólo es requerida por la Constitución Nacional, por una cuestión simple: como cualquier ley, puede ser corregida por otra, sancionada por simples mayorías.
Ningún aliado quiere levantar la voz a favor de proteger a funcionarios del BCRA, sobre todo porque la intervención del Congreso en la expulsión de los directivos es aceptada.
Pero los diputados tampoco aceptan quedar escrachados por un error grosero de técnica legislativa. No entienden la razón por la cual la encargada de redactar propuestas de ley, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, sigue teniendo una silla en las cadenas nacionales.
El resto de la reforma no trajo críticas entre aliados. Tampoco el bosquejo de shutdown criollo que anunció Milei. Consistiría en paralizar el Estado si se queda sin plata y darle al Congreso un tiempo para revisar las cuentas. En ese plazo, los legisladores pueden cuestionar gastos inocuos o la caída en la recaudación por una actividad económica que escapa al control tributario. El Presidente parece dispuesto a dar ese debate. Es parte de su batalla cultural.
