El Gobierno desfinancia políticas clave para la niñez, denuncia la autora. Los números de la subejecución presupuestaria de Sandra Pettovello.
Javier Milei y Sandra Pettovello.
La primera infancia, que abarca desde el embarazo hasta los cinco años, es una etapa crucial para el desarrollo cognitivo, físico y emocional. Expertos coinciden en la importancia de asegurar un entorno seguro y estimulante durante este período, lo que requiere apoyar a las familias en sus roles de crianza y cuidado.
Según la doctor Valeria Llobet, la infancia es una categoría social y política que trasciende lo biológico y debe ser comprendida en su contexto social, cultural y político, reconociendo a los niños y niñas como sujetos de derechos. Llobet subraya que la infancia es un espacio donde se reproducen y disputan desigualdades sociales, lo que hace indispensable la intervención del Estado para garantizar equidad y justicia.
En Argentina, la situación de las infancias es alarmante. A finales de 2023, el 58,5% de los niños y las niñas vivía en pobreza y el 18,9%, en pobreza extrema. Esto implica que crecen en hogares donde los ingresos no son suficientes para cubrir necesidades básicas. Además, muchos ven vulnerados otros derechos fundamentales: no asisten a la escuela, deben trabajar desde temprana edad o viven en condiciones de hacinamiento sin acceso a servicios esenciales como agua potable.
Un informe reciente de UNICEF revela que un millón de niños se acuestan sin cenar, cifra que aumenta a 1,5 millón si se considera a quienes se saltan alguna comida. Además, diez millones de menores consumen menos carne y lácteos por falta de dinero. La pobreza afecta especialmente a hogares con menor acceso educativo, monomarentales y de barrios populares.
Esta situación exige la construcción de consensos que prioricen el bienestar de las infancias en la agenda pública. Sin embargo, en un contexto donde el gobierno del presidente Javier Milei muestra una insensibilidad evidente hacia los sectores más vulnerables, como mujeres e infancias, esta tarea se complica.
Esta insensibilidad no es casual, sino parte de una decisión política que busca desmantelar derechos conquistados por generaciones de mujeres, incluyendo luchas y conquistas históricas como el reconocimiento económico de las tareas de cuidado. Esta "batalla cultural", promovida por el Gobierno, busca erosionar los derechos y avances logrados, minimizando la importancia de las políticas de cuidado y bienestar social a través del desmantelamiento y desfinanciamiento, entre otros programas, de las políticas para las infancias.
El sociólogo Pierre Bourdieu define la violencia simbólica como la imposición de significados, valores y normas por parte de grupos dominantes, que son aceptados como legítimos por los subordinados. Así, cuando el gobierno de Milei decide no invertir en políticas para la primera infancia, ejerce violencia simbólica al transmitir el mensaje de que las necesidades y derechos de los niños y las niñas no son prioritarios.
Al analizar las políticas públicas aplicadas para los más pequeños por este gobierno, es evidente el desfinanciamiento, reflejado en una reducción del 18% de los fondos en 2024 respecto del presupuesto asignado para 2023. Aunque es cierto que se fortalecieron programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que sería demasiado cruel desfinanciar en un contexto inflacionario y devaluatorio, la plata no alcanza. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que mide el valor mensual de la canasta de crianza para cada uno de los tramos de edad, en julio de 2024 el costo de criar fue de 352.561 pesos para los menores de un año, mientras que para los niños y las niñas de uno a tres años el valor fue 418.064 pesos; de cuatro a cinnco años, 346.729 pesos y de 436.261 pesos para los de seis a 12 años. Los datos ponen en evidencia que criar en Argentina es caro, pero, si además analizamos estos datos en perspectiva, el valor del salario mínimo, vital y móvil se sitúa en 254.231,91 pesos y el valor de la hora trabajada para empleados jornalizados es de 1.271,16 pesos. Entonces, criar se vuelve una misión imposible.
En nuestro país, donde las brechas sociales parecen ensancharse cada día, el Plan Nacional de Primera Infancia emergió como una política clave para intentar cerrar esas distancias desde el nacimiento. Este plan, que abarca desde el embarazo hasta los cuatro años de edad, tiene como objetivo brindar a los más pequeños y a las más pequeñas un entorno propicio para su desarrollo integral, asegurando acceso a salud, nutrición y educación.
Si analizamos la implementación de estas políticas, en el contexto actual, vemos que el programa "apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia" sólo ejecutó 0,35% de lo presupuestado. De manera similar, el programa "Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes" ejecutó tan solo un 0,83% de lo presupuestado. Curiosamente, estos recursos se destinan únicamente al pago de salarios de las trabajadoras y los trabajadores encargados de esas tareas, lo que sugiere que no hay presupuesto para planificar y ejecutar políticas públicas.
Esto afirma nuestra hipótesis: las decisiones políticas reduccionistas se transforman en violencia simbólica cuando son perpetradas desde el partido de gobierno para desfinanciar las políticas para la infancia buscando invisibilizar y desvalorizar los derechos de los niños y las niñas. Este desfinanciamiento no sólo impacta negativamente en el presente de las infancias, sino que limita sus oportunidades futuras, consolidando un ciclo de pobreza y exclusión que será muy difícil de romper.
La primera infancia debe ser la prioridad en las políticas de cualquier gobierno comprometido con su pueblo, porque el futuro de una sociedad depende del desarrollo integral y consciente de sus niños y niñas. Las decisiones políticas actuales, que desfinancian y desarman programas esenciales para las infancias, no sólo agravan la pobreza, la desigualdad y la exclusión, sino que también envían un mensaje peligroso sobre la falta de valor que se otorga a nuestros más jóvenes.
Es imperativo que quienes toman las decisiones en nuestro país revisen y reorienten sus decisiones para asegurar que las infancias reciban el apoyo y la protección necesarias para un desarrollo integral, saludable y con justicia. Solo a través de una decisión política, una planificación precisa y un presupuesto adecuado para las infancias podremos construir un futuro más equitativo y con oportunidades para los niños y las niñas.