El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, enviará un proyecto de ley a las cámaras que prohíbe sumar personal a la planta permanente del Estado en el último año de gestión.
La llamada Ley de Transición de Gobierno intenta evitar que se incorporen indiscriminadamente familiares, amigos, dirigentes y colaboradores. Un informe presentado por la actual gestión indica que en la anterior crecieron un 33 por ciento los nombramientos durante el último año.
El proyecto impulsado por Frigerio será remitido esta semana y plantea que no sólo se prohíban los nombramientos. Además, busca impedir transferencias entre dependencias y recategorizaciones. Todo, en el último año de gestión y alcanzando a los poderes Ejecutivo y el legislativo provincial.
“Nos vamos a autolimitar la posibilidad de designar personal de planta permanente, reasignar cargos entre distintas dependencias o recategorizar empleados. No se puede seguir utilizando al Estado como una agencia de empleo", advirtió el actual mandatario entrerriano.
La Legislatura provincial informó que de las 71 designaciones que se dispusieron en el último período, 66 se concretaron en el último año: el 92,95%.
En el Senado, en tanto, no se concretaron ingresos de personal a la planta permanente en el período 2019-2021, pero en el último año se sumaron 74 personas.
En el total de ambas cámaras, en apenas un año, se aumentó un 32% el personal designado en planta permanente.
Siguiendo la propuesta anunciada por el presidente Javier Milei, el gobierno entrerriano formalizará la semana que viene un decreto para dar de baja todas las designaciones que considera irregulares, tanto en el Ejecutivo como en la Legislatura. En el caso del Gobierno se impulsará una auditoría en cada ministerio y la medida alcanzará a todos las contrataciones realizadas en el último año y medio de gestión.
La Ley de Transición de Gobierno pretende “evitar abusos de los gobiernos salientes en el ejercicio de sus prerrogativas, especialmente aquellas de tipo presupuestario”, como por ejemplo “iniciar procesos de licitaciones y/o contrataciones que excedan los compromisos establecidos en la Ley de Presupuesto vigente”.
Además, el proyecto pretende organizar y asegurar que la información esté disponible para que el gobierno entrante tenga “un conocimiento preciso del estado de situación económica, política y social” que hereda.
En el caso de la gestión saliente crea al mismo tiempo la obligación de “rendir cuentas de su gestión y de lo realizado”, permitiendo a la ciudadanía acceder a la información sobre el estado de situación del gobierno saliente.