La suba del gasoil rompió la estructura de costos. Empresarios reclaman nuevas compensaciones, con un tercio de las unidades guardadas. Usuarios desprotegidos.
Pese al pago parcial de subsidios que autorizó Toto Caputo, la crisis del transporte en el AMBA se profundiza: el salto del gasoil desarmó la estructura de costos y reavivó el reclamo empresario por más asistencia estatal o subas de tarifas. Con menos pasajeros y boletos más caros, el sistema sigue en tensión y sin solución inmediata.
La administración de Javier Milei giró $56.800 millones, la mitad de una deuda total de $115.000 millones, mientras el litro de gasoil saltó de $1700 a más de $2200. Con 6000 unidades nacionales y 9000 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afectadas, el boleto mínimo ya cuesta entre $700 y $871 y los subsidios cubren apenas el 65% del sistema, muy por debajo de más del 90% que regía hasta 2023.
El empresariado del transporte reclama una solución: más subsidios o autorización para seguir incrementando el precio del boleto. También proponen, por ejemplo, que YPF les venda el gasoil sin el impuesto a los combustibles, que representa el 32% del precio final.
Fuentes del área de Transporte nacional aseguran que la deuda que reclaman los transportistas “no está convalidada” y que ese monto “debe discutirse”.
El empresariado cuestiona al ministro de Economía: lo acusa de retener fondos y ya le envió una carta documento por la deuda. De él depende Fernando Herrmann, un arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano con un máster en Administración de Empresas, que políticamente responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
“Se están pagando los salarios, y los empresarios que tengan dinero van a gestionar el combustible, que se abona con anticipación y cuya logística demora 48 horas”, explicó a Letra P Marcelo Pasciutto, director del Grupo Dota y de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba).
Los dueños de los colectivos aseguran que se les agotaron los recursos y califican la situación como de “fuerza mayor”.
Otro problema que afecta al sector es la caída de pasajeros: en marzo de 2026 hubo un 12% menos que en el mismo mes de 2025, lo que equivale a un millón menos de boletos vendidos, según la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA).
El conflicto alcanza a más de 6000 unidades de jurisdicción nacional y otras 9000 que circulan en el AMBA.
El boleto mínimo -hasta tres kilómetros- cuesta $700 en las líneas nacionales y $871 en las del AMBA, en ambos casos con tarjeta SUBE. Los subsidios cubren el 65% del valor total, cuando durante el gobierno anterior superaban el 90%.
“Esperemos la reunión de mañana para ver qué compromiso toma el Gobierno sobre la deuda, el costo del combustible y qué hará la provincia de Buenos Aires”, afirmó Pasciutto.
El empresariado también reclama casi $60.000 millones al gobierno de Axel Kicillof. Fuentes bonaerenses del área de Transporte, que conduce Martín Marinucci, aseguraron a Letra P que “la Provincia está al día y, en el actual escenario, no puede mejorar la situación”.
“Nación le adeuda a la Provincia más de $22,2 billones, entre coparticipación y otras obligaciones judicializadas. Con esos recursos, la situación del transporte podría normalizarse rápidamente”, agregaron.
Marinucci recibirá a los empresarios el próximo martes. “Es entendible que la estructura de costos no cierre: el aumento del 30% en el combustible impacta de lleno”, dijo a Radio con Vos.
El funcionario bonaerense destacó que la administración provincial destina más de $60.000 millones mensuales en compensaciones para el transporte del AMBA.
También reclamó a la Nación $46.000 millones desde diciembre por el “atributo social”, los descuentos de la SUBE para jubilados, beneficiarios de la AUH y AUE, Progresar, trabajadoras de casas particulares y veteranos de Malvinas, entre otros.
