Javier Milei y Toto Caputo volvieron de Los Ángeles con un anuncio que buscó recuperar algo del centro mediático dominado por la efervescencia patrimonial de Manuel Adorni. Primero desde el avión presidencial y, luego, con una conferencia con algunos detalles, anunciaron el súper-RIGI: una serie de beneficios impositivos adicionales a industrias que agreguen valor a los sectores extractivos.
Lecturas políticas aparte, la iniciativa en sí, que deberá pasar por el Congreso, tiene dos aristas complementarias. La primera muestra una reacción de una política económica que dice no elegir ganadores, pero que allanó el camino a los sectores extractivos como el petróleo y la minería y dio la espalda a la industria orientada al mercado interno.
Los ganadores no elegidos no generan la cantidad de empleos que destruyen los perdedores designados, así que se requeriría una segunda ola de inversiones multimillonarias para industrializar esas materias primas y no convertir al país en una aglomeración de economías de enclave. Es un camino largo, admitió Caputo, pero que genera un cambio al proponer incentivos adicionales al agregado de valor.
La segunda es que la única herramienta a la que acuden Caputo y su equipo para incentivar a esos sectores es la promesa de excesivos beneficios impositivos y cambiarios y un compromiso de estabilidad que comprometerá la caja de los próximos gobiernos, tanto nacionales como provinciales y municipales.
Los mejores 18 meses en décadas que vaticinó el ministro de Economía necesitan una rebaja adicional de impuestos para atraer inversiones que, en muchos casos, ya están contempladas en el régimen de incentivos vigente.
Con contadas excepciones, como la planta de aceros largos de Sidersa, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en un vehículo para dinamizar desembolsos en sectores estratégicos ligados a la exportación de recursos naturales. El grueso de los proyectos aprobados o en vías de aprobación permitirán al país convertirse en exportador de GNL o desarrollar la minería de litio y cobre.
El país se comprometió a reducir la tasa máxima del impuesto a las Ganancias a 25%, bajar a cero aranceles a la importación y exportación, y garantizar la libre disponibilidad de divisas a esos proyectos por 30 años. Las provincias que adhirieron congelaron, también, las alícuotas de Ingresos Brutos.
Desde este año, el RIGI se extendió al upstream, la producción de petróleo y gas, que había quedado deliberadamente excluida porque Caputo consideró que Vaca Muerta no necesitaba un incentivo adicional para seguir expandiéndose.
El mix de la estabilidad impositiva y cambiaria y la suba del petróleo aceleró el anuncio de inversiones que ya estaban estudiadas. Algunos anuncios: Tecpetrol lanzó Los Toldos II Este, con un desembolso previsto de u$s 2400 millones; Vista aceleró en Águila Mora y Bandurria Norte (u$s 1000 millones); Chevron acaba de anunciar, a través de Caputo, posibles inversiones por u$s 10.000 millones.
Son inversiones estratégicas, vale insistir, pero que no generan el empleo que se pierde en otros lados. Tal como contó Letra P, los 12 proyectos aprobados hasta ahora estiman crear 36.876 puestos directos e indirectos en estos años, que no compensan ni un cuarto de los más de 200.000 trabajos formales asalariados que se perdieron durante la gestión de Milei.
Caputo y sus secretarios de Energía y Producción, Daniel González y Pablo Lavigne, ahora proponen un régimen recargado. Según anunció el ministro, el Gobierno busca atraer industrias que actualmente no están en el país, como la de autos eléctricos, las baterías de litio, los laminados de cobre y los datacenters, unos galpones enormes que alojan racks de computadoras que consumen enormes cantidades de energía y agua potable para refrigeración y generan poco empleo, como cuenta la periodista especializada Karen Hao en su libro El imperio de la IA: Sam Altman y su carrera por dominar al mundo.
A estos sectores -Caputo habló de proyectos de más de u$s 20.000 millones- el país les ofrecerá una tasa máxima de Ganancias del 15%, exenciones impositivas para importar, aranceles cero para la exportación, amortización acelerada de bienes de uso y el compromiso de que las provincias adherentes no les cobrarán más del 0,5% por Ingresos Brutos. Los municipios tampoco podrán gravar tasas sobre las ventas.
Muchas de estas inversiones están contempladas en el RIGI original. Las automotrices pueden presentar proyectos para fabricar vehículos híbridos o eléctricos. Sur Energy, el proyecto impulsado por Demian Reidel y patrocinado por Sam Altman, anunció la radicación de un datacenter para venderle capacidad de cómputo a OpenAI desde la Patagonia. El video del jefe de Chat-GPT leyendo un teleprompter en la previa electoral todavía resuena, pero el ingreso al RIGI previsto para marzo de este año todavía no ocurrió y no hubo más novedades.
Caputo argumentó que el RIGI fue un éxito que llegará a los u$s 140.000 millones en anuncios en los próximos días. "Si hace dos años me hubieran preguntado si esto iba a ser posible, hubiera pensado que no", se asombró. Que Milei es un imán de inversiones. Que los empresarios, en un nuevo contexto geopolítico, miran al país con otros ojos.
Pero con el gran interés que genera el Presidente y el éxito de la política económica que Caputo y su equipo celebran a cada rato no alcanza. Es necesario otorgar ventajas adicionales: "Un súper-RIGI que implique todavía más beneficios impositivos para lograr una mayor industrialización de lo que son nuestros recursos", dijo el ministro.
El gobierno de Milei acelera en su anhelo de convertir a Argentina en un país prácticamente libre de impuestos (patrimoniales). Al RIGI y el súper-RIGI se suman la baja de tasas del impuesto a los Bienes Personales, los blanqueos laborales y el blanqueo permanente que significa el régimen de Inocencia Fiscal. Para sacar los dólares del colchón de una vez, el Gobierno acelera una flexibilización en los instrumentos financieros que permitan ofrecer más alternativas de inversión a los ahorristas.
"El súper-RIGI es, conceptualmente, una muy buena idea. Hay una reducción tributaria, pero esto no implica pérdida de recaudación debido a que actualmente estas actividades no se realizan en la Argentina", consideró Sebastián Domínguez, ceo de SDC Asesores Tributarios. "Es decir, lo que se cobre será un incremento de la recaudación", añadió.
