El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó este viernes el decreto que autoriza la contratación de Fitch Ratings y Moody’s Investors para "evaluar una posible emisión de títulos de deuda en los mercados financieros locales e internacionales”, según el documento oficial al que accedió Letra P.
La contratación de las dos calificadoras de riesgo es el primer paso que da la Casa Gris luego de obtener el aval de la Legislatura para tomar deuda por U$S1.000 millones. El decreto firmado por Pullaro señala, en ese sentido, la “necesidad de contratar agencias calificadoras internacionales" para colocar bonos en mercados nacionales y extranjeros.
La nota que Fitch y Moody’s asignen a Santa Fe y a sus títulos de deuda no es inocua: la calificación de riesgo es una de las variables que inciden en la tasa de interés que la provincia deberá pagar para acceder al financiamiento.
“Toda emisión de instrumento al mercado requiere tener calificación de riesgo. Calificación como institución y calificación del instrumento concreto. Igual si salís en el mercado local. Y en el ámbito internacional, te piden mínimo dos calificaciones como mecanismo de doble chequeo. Esto se profundizó desde lo que pasó con los créditos hipotecarios en EE.UU.”, explicaron a este medio fuentes de la Casa Gris.
Qué recomienda el Banco de Santa Fe
El decreto de Pullaro explica que contó con el asesoramiento del Nuevo Banco de Santa Fe S.A en su calidad de agente financiero de la provincia. Fue la entidad perteneciente al Grupo Petersen, liderado por el empresario Enrique Eskenazi, la que advirtió que "en los procesos de emisión de títulos se requiere la contratación de calificadoras de riesgo y que éstas deben contar con reconocido prestigio internacional por cuanto la obtención de calificaciones crediticias por parte de agencias con experiencia y credibilidad global es fundamental para generar confianza en los inversores internacionales”, señala el decisorio.
En la misma línea, y “atento a la especificidad de la materia”, el NBSF “destaca que la especialidad de los servicios requeridos se justifica en que la calificación de riesgo es fundamental para obtener una evaluación independiente y estandarizada del riesgo crediticio de la provincia en el marco de operaciones de emisión de títulos” y con ese marco “recomienda la contratación de las firmas Moody’s Investors Service y Fitch Ratings, las cuales cuentan con una probada trayectoria y reconocimiento en los mercados internacionales y además han prestado servicios con anterioridad a la provincia de Santa Fe”.
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Viejos conocidos
Siempre según el decreto, “la directora General de Crédito Público procedió a la evaluación de dichas agencias, informando que Moody´s actualmente presta servicios de calificación a la provincia”, vínculo que se inició en 2016 durante el gobierno de Miguel Lifschitz para un procedimiento similar, “por lo que la ampliación de sus servicios para la próxima emisión implicaría un ahorro de costos en lo que refiere al pago de la calificación inicial, que cualquier calificación de un nuevo cliente supone”. Es decir: esa empresa está contratada por el Estado santafesino desde hace casi 10 años.
Diferente es el caso de Fitch. En el decisorio de Pullaro se deja aclarado que “si bien también fueron contratados sus servicios” en 2016, “no existe a la fecha relación contractual”. Dicho de otro modo: puso la nota en aquella oportunidad y allí se terminó su labor con Santa Fe.
En consecuencia, de acuerdo a la consideración oficial, “ambas agencias cuentan con antecedentes favorables en la prestación de servicios de calificación en la Provincia y reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional” y se dispone la contratación directa “dada la absoluta especialidad técnica del objeto de la contratación y experiencia de la firma en el área”.
Mil millones verdes
El gobierno de Pullaro obtuvo luz verde en la Legislatura hace dos semanas para emitir deuda en Wall Street por hasta 1.000 millones de dólares, la cifra más alta de la historia de Santa Fe. Los recursos que se consigan serán destinados al financiamiento del plan de obras públicas.
El pedido de autorización para el endeudamiento logró un veloz trámite legislativo, pero no estuvo exento de polémicas. A diferencia de otros temas, el interbloque peronista votó unificado en contra del proyecto oficial, criticó duramente la magnitud de fondos requeridos y advirtió sobre el peligro de endeudarse en dólares en un contexto de alta volatilidad nacional e internacional.