Las boletas subirían entre 30% y 100% para 1,6 millones de hogares. También impactaría en comercios e industrias.. El Gobierno busca ahorrar u$s 400 millones.
Con el objetivo de sostener el superávit fiscal, la Cámara de Diputados aprobó el recorte de subsidios al gas para usuarios de zonas frías. La iniciativa, de aprobarse en el Senado, provocaría aumentos de hasta 100% en las facturas de 1,6 millones de hogares y se convirtió en otra señal del programa de ajuste impulsado por Javier Milei.
El proyecto impulsado por la administración libertaria obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones. La medida busca reducir el gasto público y generar un ahorro estimado en u$s 400 millones anuales, aunque gobernadores y legisladores de provincias afectadas ya comenzaron a manifestar resistencia antes del debate en la cámara alta.
El Gobierno sostiene que el esquema actual genera distorsiones y subsidia a usuarios que no necesitan asistencia estatal. Pero detrás de la discusión técnica aparece el impacto concreto sobre las familias: según estimaciones privadas, quienes pierdan el beneficio podrían enfrentar aumentos de entre 30% y hasta 100% en las boletas de gas.
Actualmente, el régimen alcanza a 3,4 millones de usuarios. De ese total, 1,6 millones perderían el descuento automático incorporado tras la ampliación de 2021. El cambio afecta a más de cien municipios distribuidos en 15 provincias.
Consultado por Letra P, el titular de la consultora Paspartú, Juan José Carbajales, advirtió que “la quita del subsidio a zonas frías implica entre un 30% y un 50% adicional a todos los usuarios residenciales de la zona centro del país”.
La suba no sólo se explica por la pérdida del beneficio geográfico. El proyecto también modifica la forma de calcular el subsidio: dejará de aplicarse sobre la tarifa total y pasará a cubrir únicamente una porción del costo del gas mayorista, conocido como PIST.
Eso implica que los usuarios deberán afrontar completamente los costos incluidos en la factura. “Se perderá además el subsidio sobre los componentes de transporte y distribución del costo total”, explicó Carbajales.
Federico Belich, economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), sostuvo en una entrevista radial que “va a ser muy duro para las familias”. Según detalló, quienes mantengan parte del subsidio igualmente sufrirán incrementos cercanos al 20%, mientras que los hogares que pierdan el esquema ampliado "podrían enfrentar subas de entre 50% y 100%".
“En Neuquén la tarifa de gas es de $ 44.000. Proponemos que el cambio no sea tan brusco, poner montos máximos de aumento porque sino va a ser muy complicado”, señaló Belich. Un salto de esta magnitud descuadra por completo cualquier presupuesto familiar, al superar ampliamente la velocidad a la que se recuperan los salarios registrados frente a los servicios regulados.
En adelante, el subsidio deja de regir por factores puramente geográficos o ambientales para pasar a un filtro estrictamente económico. Para las zonas excluidas, sólo conservarán un descuento del 30% aquellos hogares que acrediten vulnerabilidad extrema a través del Sistema de Canasta Básica Total (ingresos menores o iguales a tres canastas básicas totales).
"Es complicado definir el impacto real. Los usuarios de zonas frías tienen una bonificación del 30% off total factura. Eso es lo que está mas cerca de la realidad. Ese sería el impacto", explicaron desde el sector empresarial a este medio. Pero se diferenció que actualmente conviven el descuento geográfico con el socio-económico y el tratamiento diferencial de categorías de usuarios, como podría ser el caso de Mar del Plata, lo que genera distorsiones que hay que corregir.
El impacto también podría trasladarse a la actividad económica. Analistas advierten que los costos fijos del comercio e industrias locales van a aumentar de forma exponencial, obligando a los comerciantes a trasladar la suba de servicios a los precios finales de bienes de consumo diario.
El analista de mercados con residencia en Puerto Madryn, Gastón Cacciavillani, alertó además que “los costos del comercio van a aumentar muchísimo también”.
El recorte llega en un contexto en el que las tarifas reguladas vienen creciendo por encima de los ingresos registrados. Distintos informes privados ya muestran que la recomposición tarifaria acumulada desde fines de 2023 deterioró el peso relativo de los salarios frente a servicios esenciales como luz, gas y transporte. En ese escenario, el ahorro fiscal que busca el Gobierno aparece relativamente acotado frente al impacto social que podría generar.
La necesidad oficial de preservar el equilibrio fiscal explica buena parte de la ofensiva sobre los subsidios energéticos. Con la desaceleración inflacionaria y una economía todavía débil, el margen político y económico para continuar profundizando el ajuste comenzó a achicarse.
En ese contexto, el recorte sobre zonas frías aparece como una vía para reducir gasto sin tocar partidas más sensibles políticamente. El ministro Toto Caputo calcula un ahorro anual de hasta u$s 400 millones, aunque parte de ese monto podría diluirse por acuerdos políticos necesarios para conseguir apoyos parlamentarios.
Tal como se viene contando Letra P, la Casa Rosada negoció con provincias del norte la creación de una “Zona Cálida”, que incluiría subsidios adicionales en las boletas de electricidad para distritos como Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones y Santa Fe.
Esa compensación tendría un costo de entre u$s 71 millones y u$s 95 millones anuales, lo que consumiría una parte significativa del ahorro fiscal proyectado.
El oficialismo argumenta que el esquema vigente se volvió excesivamente amplio tras la expansión aprobada en 2021, cuando la cantidad de beneficiarios pasó de 900 mil a más de cuatro millones de usuarios. El economista Julián Rojo defendió la modificación y sostuvo que el sistema actual subsidia “a la mitad de la red de gas independientemente del consumo o el ingreso”.
Según explicó, el nuevo esquema vuelve al perímetro original —Patagonia, Puna y Malargüe— y establece criterios de vulnerabilidad económica para mantener descuentos en las zonas incorporadas durante el gobierno anterior.
Desde las provincias afectadas, en cambio, evalúan que el cambio implica un retroceso para usuarios de la zona centro del país. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, advirtió que la medida “pone en riesgo a unos 688.000 hogares y a más de 2,2 millones de cordobeses”.
