Reclamos por alimentos, reposición del fondo para obras en las barriadas y programas preventivos. El papa Francisco, los movimientos sociales y la política.
La Iglesia le reclamó a Javier Milei la restitución del FISU
Cáritas Argentina La Iglesia le reclamó a Javier Milei por los programas de prevención de adicciones
En pocos días, la Iglesia objetó el rumbo de tres programas destinados a los sectores más vulnerables que desde la llegada de la administración de Javier Milei sufrieron recortes, suspensiones, omisiones y demoras: alimentos para los comedores comunitarios, integración socio urbana de las villas y barrios populares y políticas de prevención de adicciones.
El posicionamiento de un grupo mayoritario de obispos va en línea con la doctrina del papa Francisco, quien este miércoles marcó la cancha en uno de los tres puntos de preocupación social de las autoridades eclesiásticas vernáculas: adicciones-narcotráfico.
En la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano, el pontífice cargó contra la producción y el tráfico de drogas; insistió en denunciar a las bandas narcos, a las que define como “traficantes de la muerte; y afirmó que una reducción de la dependencia no se consigue liberalizando el consumo como se propone en algunos países. “Esto es una fantasía”, definió y aseveró: “Cuando se liberaliza se consume más”.
En el contexto de la jornada de Naciones Unidas de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, obispos del país realizaron este miércoles marchas y acciones de visualización para reclamarle al Gobierno que no cercene los presupuestos de los programas dispuestos por las normas que declararon las emergencias en adicciones y en consumos problemáticos.
Tal como viene contando Letra P, el escándalo por las toneladas de alimentos retenidas por el Ministerio de Capital Humano hizo que Milei empujara a la Iglesia hacia el lado de la oposición, provocando una fisura interna por el acercamiento eclesiástico a los movimientos sociales que fueron desplazado de su distribución en los comedores.
Tras reivindicar el servicio de los comedores comunitarios con una misa en el partido de La Matanza, la Iglesia le pidió este martes a Milei la restitución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que la administración libertaria les quitó a las organizaciones sociales por irregularidades y advirtió que la suspensión de esas obras expone a las barriadas populares al avance del narcotráfico.
Tras reivindicar el servicio de los comedores comunitarios, la Iglesia le reclamó al presidente Javier Milei la restitución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que la administración libertaria les quitó a los movimientos sociales por irregularidades y advirtió que la suspensión de esas obras expone a las barriadas populares al avance del narcotráfico.
Cáritas Argentina reunió este martes en el barrio IAPI, del partido bonaerense de Quilmes, a obispos y personas que trabajaron en áreas sociales durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández, para exponer públicamente la importancia de que haya una presencia “inteligente” del Estado en esos asentamientos urbanos.
La conferencia "Estado o narcotráfico: valor de la integración socio urbana en los barrios populares" tuvo como expositores al titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Ojea; al presidente y vice de la organización caritativa, obispos Carlos Tissera y Gustavo Carrara; al ex vicejefe de Gabinete macrista Mario Quintana; y al director ejecutivo de la organización TECHO, Juan Maquieyra.
Asimismo, expusieron quienes estuvieron a cargo de Integración Socio Urbana en las gestiones anteriores, el macrista Sebastián Welisiejko y la albertista Fernanda Miño, que referencia al dirigente Juan Grabois y fue muy cuestionada por la administración mileísta por sus vínculos con los movimientos sociales.
“Es imperioso, cuidando todos los mecanismos que hacen a la transparencia, que el Estado se encuentre en nuestros barrios. De lo contrario, nos entregamos al narcotráfico. Hacemos un llamado a todos para trabajar para que no se dé en la Argentina lo que ya se dio en otros lugares en América Latina", planteó Ojea.
El obispo villero Carrara consideró necesario que se busquen consensos y sugirió que quienes viven en las barriadas formen parte de las mesas de diálogo para la integración socio urbana.
“Hay urgencias y es claro que no se puede recortar por los más pobres”, aseveró el vicepresidente de Cáritas y reclamó “una presencia inteligente y necesaria del Estado, porque si no el narcotráfico va avanzando y mata personas en concreto, hipoteca la vida de niños y adolescentes".
“Hay que corregir errores sin demonizar, porque lo que está en juego es el sufrimiento de muchos hermanos. Lo que está en juego es el avance del narcotráfico”, dijo Quintana a su turno.
Miño lamentó que en la actualidad "no esté esa política de integración socio urbana” y advirtió: “Lo que no podemos frenar es el avance del narcotráfico. Las personas que quedan sin trabajo quedan a merced de estas organizaciones. Eso es lo que logra la retracción del Estado”.
Welisiejko opinó que “la desintegración urbana es la manifestación de la desigualdad” y evaluó: “No vamos a avanzar con una sociedad dividida. No se puede comerciar, no se puede transportar, no se puede circular. Antes se hablaba de erradicación. Hoy se habla de integración”.
Después de que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó a los movimientos sociales de la distribución de los alimentos en los comedores populares, el Gobierno les quitó el FISU.
Oportunamente Milei calificó al FISU como una "caja negra" de la política.
Ese fondo estaba destinado a realizar obras de integración socio urbana en los 6.467 barrios populares que según la Iglesia existen en el país y donde viven alrededor de 7 millones de personas.