Los pequeños transportistas pymes que cortaron, en forma intermitente durante 48 horas, el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de San Pedro, levantaron la protesta y liberaron el camino este miércoles a la noche después de que un representante del Ministerio de Transporte se comprometiera a trabajar en el petitorio que le presentaron. Piden, por ejemplo, que se derogue la desregulación del transporte de cargas que impusieron Carlos Menem y Domingo Cavallo en 1991.
Los manifestantes son el eslabón más débil del sector transportista. Dueños de uno o dos camiones cada uno, se quejan de que los acopiadores de cereales de todo el país, productores, las grandes firmas del sector agroexportador y los puertos del Gran Rosario les imponen un precio a la baja de la tarifa del flete para el transporte de granos. A ellos solo les queda aceptar menos dinero por cada tonelada transportada o quedarse con el camión vacío.
Esa tarifa de referencia de los fletes de granos, cereales, oleaginosas y subproductos es un precio que acuerdan los dadores de carga -Federación Agraria, Coninagro, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales- y los transportistas -representados por las gremiales empresarias Fadeeac, FETRA Y Faetyl- en la Mesa de Negociación Participativa que convoca el Ministerio de Transporte. Casi nadie paga ese precio consensuado y homologado por el Gobierno. Es un tema histórico agravado en el contexto de la sequía, que provoca restricción de cargas en la cosecha gruesa y la sobreoferta de camiones.
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Los transportistas que reclamaron en la ruta explicaron que las cerealeras les dan carga si aceptan hasta un 35% menos de la tarifa de referencia para el transporte de granos. Detallaron, por ejemplo, que en un viaje desde San Francisco (Córdoba) hasta el puerto de Rosario les están pagando $ 2.500 por tonelada por kilómetro recorrido, cuando la tarifa de referencia establece que les deben pagar $5.400.
El no cumplimiento de la “tarifa plena” está corroborado por otros actores del sector. “La tarifa de referencia es un dibujo, nadie la paga”, advierten. Se trata del “poder de negociación” de cada transportista y del volumen del negocio que manejan. En ambos casos, los que pierden son las pymes camioneras, los dueños que conducen su propio camión, que tampoco pueden diversificar cargas para contratar mejores tarifas. El sector transportista en Argentina es mayormente pyme, aunque también hay empresas con grandes flotas.
El flete de granos está concentrado en Santa Fe, Córdoba y el norte de la provincia de Buenos Aires. Los dadores de carga son, casi siempre, grandes empresas que en muchos casos tercerizan el servicio de transporte. Si el contrato lo hace una empresa que tiene flota de camiones o una transportista mediana, el precio se acerca a la tarifa de referencia.
Según fuentes del sector, “hoy un transportista de granos o de ganado está perdiendo plata en cada viaje; el esquema es la tarifa de referencia menos el 20% o el 30% y los que pierden son los más pequeños”. La uberización de las cargas, las APPs digitales que vinculan cargas con camiones también ayudan a liberar el precio del flete.
El artículo de la discordia
Por eso, la nueva entidad empresaria camionera, la Asociación Civil Cámara de Autotransportistas del Cordón Industrial San Lorenzo, que preside René Cornejo, reclama que el Ministerio de Transporte derogue la ley de oferta y demanda.
Se trata del artículo quinto del decreto nacional 2284, de 1991, que tiene la firma del expresidente Menem y de Cavallo, su ministro de Economía. Allí se liberó y desreguló el transporte automotor de cargas por carretera y la contratación entre los transportistas y los dadores de carga en todo el territorio nacional.
El 2284 es uno de los decretos fundacionales del período de desregulación económica, reforma y achicamiento del Estado que implementó el gobierno del riojano en la década del ´90, la mano invisible del mercado.
La Asociación Civil Cámara de Autotransportistas del Cordón Industrial San Lorenzo se presenta como una alternativa a las otras entidades empresarias transportistas, como Fadeaac, la que tiene más socios; FETRA, con afiliados en Santa Fe, y CATAC, con representados en la provincia de Buenos Aires.
El piquete fue la carta de presentación de Cornejo. Esos transportistas son el emergente de una problemática con varios conflictos que se muestran al comienzo de una cosecha gruesa magra. Son problemas estructurales que arrastra el sector por el alza de costos por la inflación y la cartelización de los dadores de carga, que los deja en posición dominante y tira a la baja los precios de los fletes, entre otros problemas.
Una de las promesas que recibieron de parte del Ministerio de Transporte para salir de la ruta fue que van a poder sentarse a la próxima reunión de la Mesa Participativa, convocada para el próximo 14 de marzo, donde tendrán que renovar el precio del flete que sirva como referencia para los próximos tres meses.
Los pequeños transportistas irán con una ristra de cuestionamientos: que el Estado les cobra muchos impuestos, que aumentaron los peajes y las tasas por estadía en las playas de estacionamiento de los puertos y que se les exige una examen psicofísico adicional a los estudios médicos que se realizan anualmente para obtener el carnet profesional. También, se quejan de una resolución vigente del Ministerio de Transporte que agregó una nueva instancia oficial obligatoria y arancelada de certificación de los camiones que, según denuncian, solo tiene fines recaudatorios.
