Las tecnológicas refuerzan su presencia política en Washington, mientras el papa advierte sobre su poder. Argentina avanza con la agenda desreguladora.
OpenAI, Anthropic, Alphabet (dueña de Google), Meta y Peter Thiel aceleraron en la disputa global por el control político y económico de la inteligencia artificial. Mientras el papa León XIV advierte sobre el excesivo poder que acumulan los dueños de la IA, las firmas tecnológicas desembarcaron en Washington con oficinas y equipos de lobby para esculpir las políticas públicas.
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei impulsó proyectos y anunció políticas que acercaron a la Argentina a los debates sobre regulación, vigilancia y gestión de datos.
En Estados Unidos, las grandes compañías de IA profundizaron una estrategia institucional de relacionamiento político. La semana pasada OpenAI inauguró oficinas en Washington. El lugar se llama The Workshop y es un espacio mezcla rara de laboratorio con sala de exposiciones. Queda a ocho cuadras de la Casa Blanca y se ubica en un departamento de más de 4000 metros cuadrados en el histórico edificio Gallup.
A pocas cuadras, Anthropic también inauguró su primera oficina en Washington D.C. La apertura coincidió con la disputa que la empresa mantiene con el Pentágono por la clasificación de riesgo en la cadena de suministro de chips: días antes del anuncio, la firma de IA demandó al gobierno estadounidense para impugnar esa decisión.
Básicamente, ambas empresas están planeando inauguraciones que van desde capacitaciones de estudiantes locales de secundaria y adultos mayores sobre cómo usar la IA hasta debates políticos con legisladores y funcionarios de la administración Trump.
En Estados Unidos, la práctica de cabildeo no sólo está blanqueada sino que está bien vista por su transparencia. Haciendo gala de ello, Anthropic debutó en el ámbito del lobby en Washington en una actividad en la que los fundadores de la empresa de IA, Dario Amodei y Jack Clark, recibieron a cientos de legisladores y funcionarios de la administración Trump para presentar la tecnología de la compañía.
Así como muchas empresas de tecnología achican sus plantillas, Anthropic triplicó la cantidad de personal experto en políticas públicas el año pasado y tiene planes para triplicarla de nuevo este año. Sarah Heck, quien se unió a la empresa como jefa de Asuntos Externos, se convirtió en head of policy reemplazando a Jack Clark, quien ahora lidera el Anthropic Institute.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía casi listo un decreto ejecutivo para que las agencias federales pudieran evaluar modelos de IA avanzados antes de su lanzamiento al público. David Sacks, ex zar de las criptomonedas y la IA de Trump, montó un lobby de último minuto y llamó personalmente a Trump para oponerse. Hicieron lo mismo Elon Musk y Mark Zuckerberg.
Por su parte, los directivos de OpenAI, Google, Anthropic y Microsoft —invitados apenas 24 horas antes a la presentación— avisaron que no asistirían. El episodio derivó en que Trump suspendiera la firma de la iniciativa el 21 de mayo. Según explicó luego ante la prensa, el proyecto no lo convencía y, además, podía obstaculizar el liderazgo de Estados Unidos frente a China y el resto del mundo.
Del otro lado del mapa, mientras el papa León XIV leía su primera encíclica en la que advierte sobre la concentración del poder tecnológico en pocas corporaciones, se podía ver a Christopher Olah, cofundador de Anthropic, vestido para la ocasión.
En Argentina, el lobby está mal visto. O al menos hasta ahora. El martes el gobierno de Milei envió al Congreso la llamada Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, conocida como “Ley Lobby”. La iniciativa busca regular y transparentar la actividad de los lobistas ante funcionarios y legisladores. El proyecto toma como referencia el modelo de Estados Unidos.
El martes también ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto del súper-RIGI que fija una base de inversión de u$s 1000 millones dentro de un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa para atraer proyectos de gran escala dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas.
Todo esto ocurre al mismo tiempo que el Gobierno anunció la creación de un gemelo digital del país con la idea de replicar, en un entorno virtual, gran parte de la realidad económica, social y operativa del Estado para optimizar la gestión.
El lanzamiento de Gemelo Digital con Thiel en el país —cuya empresa ofrece precisamente ese servicio— encendió interrogantes sobre quién quedará a cargo de la implementación del proyecto impulsado por el Ministerio de Capital Humano, que hasta ahora no brindó detalles oficiales.
Thiel permanece en Argentina desde abril. Aunque no abrió oficinas cerca de la Casa Rosada, compró una propiedad en Barrio Parque, tradicional enclave residencial elegido por figuras como Susana Giménez, Mirtha Legrand y Mauricio Macri. Durante su estadía también mantuvo reuniones con dirigentes locales y participó de un torneo de ajedrez en el barrio porteño de Almagro.
El codirector ejecutivo de Derechos Digitales, Carlos Lara, dijo a Letra P que la presencia de Thiel en el país no es una visita de negocios. “No envió representantes ni está firmando contratos a distancia, sino que está construyendo relaciones personales con quienes toman decisiones, como lo hizo con JD Vance antes de financiar su carrera política”.
Ante la pregunta sobre los riesgos de la implementación de esos servicios en el país, Lara dice: “No sólo puede implementarse, sino que las condiciones ya están creadas. En regiones como América Latina, las debilidades normativas e institucionales facilitan la llegada de mecanismos de vigilancia. En Argentina ya se han propuesto cambios para obligar a organismos del Estado a compartir datos con la SIDE. Eso es exactamente la integración de bases de datos que programas como Gotham de Palantir necesitan para operar”.
Lara advirtió además sobre riesgos vinculados al perfilamiento automatizado de personas y la opacidad de las decisiones algorítmicas. “Cuando un sistema determina que alguien representa un riesgo, muchas veces no existe expediente ni funcionario identificable que responda por esa decisión”, señaló. ¿Por qué Argentina? Porque podría ser un laboratorio, un espacio apto por la regulación laxa y un gobierno que no pondría obstáculos a este tipo de inversión. “Eso es exactamente lo que Palantir necesita para instalarse sin resistencia”, señaló.
Consultado por Letra P, Tomas Pomar, presidente del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), indicó que si bien no hay información pública concreta sobre cuáles son los motivos específicos de la presencia de Thiel en Argentina, sí aparecen distintos indicios y versiones vinculadas a un posible interés en avanzar con tecnologías asociadas a Palantir.
Según Pomar, esto es relevante porque actualmente los Estados están atravesando una transformación muy profunda de sus capacidades operativas: “A medida que la gestión pública, la seguridad y la inteligencia se vuelven cada vez más digitales, los gobiernos empiezan a depender de grandes proveedores privados de infraestructura tecnológica y análisis de datos”.
Con este panorama, el avance de las grandes corporaciones sobre áreas estratégicas del Estado abre una nueva etapa de disputa geopolítica, en la que gobiernos, empresas y organismos internacionales buscan definir quién controlará los datos, los algoritmos y la capacidad de vigilancia del futuro.
