La primera low cost del país agoniza. Después de anunciar inversiones por u$s 1700 millones, la empresa se quedó sin aeronaves por falta de pago.
Flybondi, la low cost del grupo COC Global Enterprise, del empresario Leonardo Scatturice, atraviesa una crisis terminal. En mayo transportó un 66% menos de pasajeros que un año atrás. Inició junio con un solo avión operativo y, durante el último fin de semana largo, canceló más del 70% de los vuelos programados, de acuerdo con fuentes de la industria.
Fuentes del sector aerocomercial advierten que las empresas de leasing que tienen contratos con Flybondi le reclaman que “les devuelvan los aviones por falta de pago y no se los dejan usar”. En el último tiempo, operaba con apenas tres aeronaves, de una flota que llegó a tener 13. Así acumula, entre reprogramaciones y cancelaciones, más de 360.000 pasajeros afectados. El jueves pasado salió de servicio, canceló la totalidad de los vuelos programados.
Allí se inscribe la acusación y denuncia penal por presunta estafa contra la aerolínea, ya que cobra los pasajes por adelantado, cancela vuelos y devuelve el dinero recién 30 días después, como mínimo.
En paralelo, la desregulación aeronáutica impulsada por el ministro Federico Sturzenegger habilitó a la compañía a operar bajo el esquema “ACMI”, que implica el alquiler de aeronaves con tripulación extranjera, mantenimiento y seguros incluidos. Según fuentes del sector, este modelo elevó los costos operativos y profundizó la crisis financiera de la empresa, cuya deuda ya superaría los u$s 300 millones.
Como telón de fondo de la crisis de Flybondi, emerge la voluntad del Gobierno de recortar y preparar para la privatización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que controla funcionamiento del sistema aerocomercial del país.
COC Global Enterprise, el fondo de inversión de Scatturice, cuyo conglomerado de empresas tiene contratos millonarios con la administración libertaria, anunció en diciembre un plan de fortalecimiento de Flybondi por u$s 1700 millones en cinco años para comprar 35 aviones nuevos de Airbus y Boeing, y ampliar sus rutas a destinos de Latinoamérica y el Caribe.
Por el contrario, suspendió y recortó algunas rutas aéreas, entre ellas conexiones de Buenos Aires con Salta, El Calafate, Córdoba y el vuelo internacional Puerto Iguazú-Lima. El presente de la compañía indica que, según expertos consultados, "converge al cierre definitivo, salvo que aparezca un nuevo inversor que la reconvierta de raíz".
Flybondi tenía el 16% del mercado de cabotaje en 2025 y ahora transporta el 6% de pasajeros locales, lejos del lema fundacional de la empresa: “Que los pasajeros vuelen más”; después lo cambiaron por "la libertad de volar". En paralelo, su principal competidora, Jet Smart, acelera su expansión: su ceo Estuardo Ortiz anunció que prevé la incorporación de diez aviones Airbus A321 para llegar a 23 aeronaves en Argentina en 2027.
Flybondi comenzó a aplicar suspensiones rotativas del personal con una garantía del 70% de los ingresos para quienes resulten afectados durante junio, julio y agosto.
La empresa afronta un pedido de quiebra realizado por el Hotel Presidente S.A. La medida se suma a los pedidos de embargos preventivos a sus cuentas bancarias realizados por exempleados de la low cost y la compañía de transporte Manuel Tienda León, para cobrarse una deuda de más de $122 millones.
Flybondi tiene sindicato propio, la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF), que en abril inició acciones de protesta por salarios atrasados.
Ahora el personal admite que no se sabe cómo se van a recuperar los puestos de trabajo suspendidos. De hecho, la empresa no paga los100 retiros voluntarios de los trabajadores que accedieron a esos planes.
“Flybondi tuvo intenciones de operar bajo registro paraguayo para reducir costos impositivos, pero los rechazaron; ese es el estado de situación actual”, le detalló a Letra P un experto que trabaja con aerolíneas.
Tres provincias aplicaron multas a Flybondi por incumplimientos con los pasajeros, que suman $630 millones: Río Negro, más de $100 millones; Neuquén, $229 millones; y la provincia de Buenos Aires, $300 millones.
La estrategia corporativa de Flybondi es judicializar y apelar las sanciones bajo el argumento de que el servicio aéreo se rige por el Código Aeronáutico Nacional y no por las direcciones de Defensa del Consumidor provinciales.
El Gobierno, a través del exministro de Transporte Franco Mogetta, había amenazado a la empresa con sacarle rutas; sin embargo, no prosperó ninguna sanción.
La compañía profundizó su deterioro operativo en paralelo con la salida de sus ejecutivos: renunció la ceo, Paz Lavisolo -aunque se quedó como abogada de COC Global Enterprise-, que había reemplazado al ceo histórico Mauricio Sana, a quien Scatturice nombró al frente del Correo OCA, la otra empresa que adquirió el grupo. Actualmente está al frente de la aerolínea Leonel Dopazo, que es gerente de Operaciones Terrestres, un ejecutivo de la línea.
También renunciaron Lucía Ginzo, a cargo de Relaciones Institucionales y Comunicaciones Externas, y Federico Pastore, ex director comercial de Flybondi. La compañía también cortó el contrato con la agencia que le gestionaba la comunicación oficial.
“Flybondi se planteó un esquema de rutas inviable respecto de la capacidad operativa que tiene, por eso los incumplimientos y también los inconvenientes técnicos que le sucedieron; eso en la industria aeronáutica no se puede pasar por alto”, dijo a Letra P una fuente de la ANAC.
Flybondi fue la primera aerolínea de bajo costo de Argentina, su primer vuelo regular fue en enero de 2018 desde Córdoba hacia Puerto Iguazú, y formó parte de la "revolución de los aviones" que prometía el gobierno de Mauricio Macri.
Scatturice creó el fondo COC Global Enterprise en 2024. Dentro de ese conglomerado figura OCP Tech, una empresa que en Argentina mantiene múltiples contratos con el Estado nacional. En el sitio web del fondo también aparece Tactic Global, la firma que, según el contrato publicado por La Nación, suscribió un acuerdo con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para prestar servicios de lobby ante el gobierno de Estados Unidos.
En 2017, Scatturice fundó junto con Diego Colunga la empresa AJS Jet S.A., controlante de Just Flight, la compañía de aviación ejecutiva que opera bajo la marca Royal Class. En uno de sus hangares, ubicado en el Aeroparque Jorge Newbery, permaneció resguardado el avión Bombardier que trasladó desde Estados Unidos a Laura Arrieta y que ingresó al país sin atravesar los controles habituales de la Aduana.
