La UOM, en conflicto con la empresa de Nicky Caputo. BGH también recorta personal. En 2026, la industria suma 3100 bajas en la isla. Conciliación y crisis.
Los despidos en Mirgor, la empresa de Nicky Caputo, profundizan la crisis en Tierra del Fuego.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto entre la empresa Mirgor, de la familia de Nicky Caputo, y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) por el despido de 296 personas, incluidas representantes gremiales. En 2026, la industria electrónica fueguina perdió más de 3100 puestos de empleo registrados.
En Río Grande, BGH también desvinculó a 24 operarios de su planta, la más grande de la isla, que recientemente había retomado la actividad después de tres meses de paralización. Fuentes empresarias aseguraron que, en este caso, se trata de "acuerdos de salida".
Los despidos de Mirgor se concretaron este lunes y alcanzaron al personal de cuatro empresas del grupo: IATEC, FAMAR, Brightstar y Mirgor en Río Grande. Sin embargo, fuentes empresarias sostienen que las desvinculaciones "no están estrictamente relacionadas con el achicamiento de la actividad", aunque admiten que "se cayó mucho la fabricación de celulares".
Fuentes vinculadas a la negociación entre Mirgor y la UOM señalaron que la empresa decidió avanzar con los despidos luego de que los empleados realizaran medidas de fuerza que paralizaron las plantas de producción, en medio de la negociación paritaria y mientras todavía estaba vigente una conciliación obligatoria.
Las autoridades de Mirgor tomaron la decisión después de que, la semana pasada, el ceo de la compañía, José Luis Alonso, viajara a la planta para dialogar con los trabajadores. Según fuentes de la negociación, el cuerpo de delegados resolvió retirar a todo el personal sin siquiera escuchar al ejecutivo.
Los paros programados complican especialmente a Mirgor porque la compañía debe cumplir en tiempo y forma con sus compromisos con la industria automotriz, a la que abastece de climatizadores, pantallas de información y entretenimiento y módulos electrónicos que procesan los datos de los sensores de los vehículos. En las otras plantas alcanzadas por el conflicto se fabrican celulares, placas electrónicas y televisores.
El secretario adjunto de la UOM, Marcos Linares, aseguró que los trabajadores iniciaron "un plan de lucha debido a que desde marzo veníamos reclamando por las vías correspondientes un adelanto de la primera cuota del premio anual por desempeño, un reclamo legítimo de los trabajadores, y la empresa no estaba dispuesta a escucharnos”.
La UOM plantea una disputa en el peor momento del desempleo en la provincia y el recambio de trabajadores está al alcance de la mano para las empresas. La propia Mirgor despidió en junio a diez personas que registraban alto grado de ausentismo e incorporó inmediatamente a otras diez nuevas.
La crisis de empleo en Tierra del Fuego se profundizó a partir de que el gobierno Javier Milei dispuso -mediante el Decreto 333/25- que los aranceles para las importaciones de celulares pasen del 16% al 0%.
La baja de los impuestos a los productos importados redujo la competitividad de la fabricación en Tierra del Fuego. A ese escenario se sumaron la caída generalizada del consumo y el avance del contrabando. Según datos de las cámaras de fabricantes, uno de cada tres celulares que se conectan en Argentina ingresa por la vía ilegal.
Las empresas radicadas en la isla importan las partes de los celulares sin pagar IVA ni impuestos internos y luego comercializan los equipos en todo el país, incorporando el IVA al precio final.
Para amortiguar los cambios, las administraciones nacional y fueguina y la UOM firmaron un compromiso para no despedir personal hasta diciembre de 2025 y trabajar en una mesa de competitividad para la industria.
Nada pudo parar la sangría de trabajadores industriales en la provincia más austral del país. Según declaraciones de la secretaria de Industria y Promoción Económica, Alejandra Man, en mayo de 2025 tenían 9000 personas registradas en empleos industriales y, en mayo de 2026, esa cifra se redujo a 3900.
Esa cifra incluyó la debacle del sector textil, al que el gobierno del expresidente Alberto Fernández le impuso mayores exigencias para acceder a los beneficios de la promoción industrial, y la gestión de Milei constató que la mayoría de las empresas no cumplían esos requisitos y los excluyó del régimen.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, aseguró que "lo que sucede en Mirgor es gravísimo. Detrás de cada trabajador que pierde su empleo hay una familia fueguina que queda en la incertidumbre".
"Milei sigue tomando una medida tras otra que le pegan, sin escalas, a nuestra industria. Desmantelan el trabajo fueguino. Abren importaciones por todos los canales imaginados como si fuésemos un depósito gigante y no un país que debe proteger a millones de trabajadores. Los países centrales suben aranceles, vuelven a la industria. Milei acelera para el otro lado y los resultados son estos", expresó el jefe comunal fueguino.
En diálogo con Letra P, el senador Agustín Coto (La Libertad Avanza) sostuvo que "nadie debate el tema central de la industria electrónica fueguina, que es modificar los procesos productivos obligatorios para la fabricación de celulares en Tierra del Fuego".
Según explicó, las empresas reclaman poder importar kits más completos y evitar así algunos pasos de fabricación en la isla. "Eso genera menos empleo, claramente, pero resguarda a la industria y la vuelve más competitiva. Hay una discusión de intereses que nadie puede resolver", planteó.
Coto también cuestionó el esquema de ingresos de la provincia. "Al gobierno provincial le conviene que los procesos productivos se mantengan bien en alto porque cobra la tasa de verificación de procesos, que es del 1,8% de la facturación bruta de las empresas. Ese impuesto se suma al 4,5% que pagan las empresas de Ingresos Brutos", aseguró.
Para el senador libertario, "el gran problema es la maraña de decretos que conforman el subrégimen de la industria electrónica de Tierra del Fuego, que hace 25 años que no incorpora a ningún jugador nuevo".
Coto distingue entre la Ley Nacional 19.640, sancionada en mayo de 1972, que estableció un régimen fiscal y aduanero especial para Tierra del Fuego —que todavía no era una provincia—, y los distintos decretos que reglamentaron y modificaron el funcionamiento del régimen de promoción industrial.
