Será la primera prueba de fuerza del nuevo triunvirato frente al Gobierno. También negociará con senadores para frenar los puntos más duros del proyecto.
La CGT marca la cancha: moviliza el jueves 18 a Plaza de Mayo contra la reforma laboral de Milei.
La CGT resolvió este miércoles movilizar a Plaza de Mayo el jueves 18 de diciembre para rechazar la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. La decisión se tomó en el Consejo Directivo reunido en la sede de Azopardo y confirma la estrategia dual que venía planteando la conducción sindical: calle y rosca.
La medida se definió a pesar del gesto que tuvo el Ejecutivo de moderar el artículo que afectaba la recaudación de las cajas sindicales a través de las cuotas solidarias. Esa "deferencia" con el punto que más irritaba a la central obrera, no alcanzó para frenar la movilización. El Consejo Directivo evaluó que el proyecto sigue siendo "regresivo" y que quita derechos colectivos e individuales a los trabajadores.
"Tenemos que mostrar fortaleza. Profundizar el diálogo en el Congreso, con legisladores y gobernadores. Y empezar a construir. No creemos que sea momento de un paro, pero sí de salir a la calle", dijeron fuentes del triunvirato que integran Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. La frase resume la estrategia: amenazar con conflictividad mientras negocian en paralelo con senadores para moderar los puntos más duros de la iniciativa.
La convocatoria al Consejo Directivo reunió a más de cuarenta secretarios generales, entre ellos Andrés Rodríguez, de UPCN; Gerardo Martínez, de la Unión Obrera de la Construcción; Héctor Daer, de Sanidad; Hugo Moyano, de Camioneros; Sergio Romero, de la Unión de Docentes Argentinos, y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias. El encuentro estuvo precedido por una reunión de mesa chica durante la mañana donde se delineó la estrategia.
La reforma laboral que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca flexibilizar las contrataciones y los despidos, restringe el derecho a huelga y recorta la fortaleza de las organizaciones sindicales. El proyecto redefine la base de cálculo indemnizatorio, excluyendo vacaciones, aguinaldo, propinas y premios, y fija nuevos límites: el monto no podrá exceder tres veces el salario promedio del convenio correspondiente, con un piso equivalente al 67 por ciento de ese valor.
Los puntos que más preocupan a la CGT son la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la limitación de la capacidad de acción sindical. El proyecto exige autorización patronal para realizar asambleas sin goce de sueldo, tipifica como infracción grave el bloqueo de empresas y reduce a diez horas mensuales los créditos horarios de los delegados. Además, restringe la ultraactividad: vencido un acuerdo, solo subsisten las cláusulas normativas y la autoridad laboral podrá suspender disposiciones si generan "distorsiones económicas".
La iniciativa también establece fuertes restricciones al derecho de huelga. Los servicios esenciales deberán garantizar el 75 por ciento de cobertura en caso de paro y los servicios de importancia trascendental, el 50 por ciento. La central obrera rechaza cualquier reglamentación que condicione el ejercicio del derecho a huelga y considera que estas limitaciones vulneran la autonomía sindical.
En paralelo a la movilización, la CGT intensificará las gestiones en el Congreso. La central obrera se reunió esta semana con senadores de Unión por la Patria para coordinar una estrategia conjunta que permita frenar o al menos moderar los aspectos más duros de la reforma. El objetivo es construir una mayoría opositora en el Senado, donde el oficialismo necesita sumar voluntades para alcanzar los votos necesarios.
"Analizaremos un programa de acción. Seguramente vamos a convocar a un plenario de delegaciones regionales. Comienza una etapa de defensa, de resistencia. Nada está descartado", expresó Gerardo Martínez a su llegada a la sede de Azopardo. En una señal que adelantó la medida de hoy, el líder de la Uocra no había asistido el martes a la última convocatoria del Consejo de Mayo, el órgano colegiado impulsado por el Ejecutivo donde se elaboró un documento sobre modernización laboral que no contó con su firma.
La semana próxima el proyecto de reforma laboral sería tratado en la Cámara de Senadores, de acuerdo a las intenciones del oficialismo. La movilización del 18 será la primera prueba de fuerza de la nueva conducción cegetista frente al gobierno de Milei.