En línea con el plan desregulador de Javier Milei y Federico Sturzenegger, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para derogar la ley de etiquetado frontal que obliga a incluir octógonos negros en alimentos con exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías. La iniciativa favorece a las grandes compañías de la industria alimenticia y abrió un conflicto con las pymes.
Entre las empresas beneficiadas aparecen Arcor, Bimbo, Baggio, Coca-Cola, Ledesma, Danone, Ferrero, Molinos, Mondelez, Nestlé, Pepsico y Unilever.
Aunque la Cámara de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) -que nuclea a esos gigantes pero también a miles de pequeñas y medianas empresas- asegura que no fueron consultados sobre el proyecto oficial, los argumentos que expone la industria alimenticia coinciden con los fundamentos planteados por la Casa Rosada para impulsar la derogación.
El proyecto oficial propone la eliminación total de la ley y no crea ningún sistema de etiquetado alternativo. Sólo se volvería a las tablas informativas de nutrientes que ya figuran en los envases, muchas veces en caracteres diminutos.
La ley que el Gobierno busca derogar también regula la publicidad dirigida a la niñez, la alimentación en entornos escolares y los criterios para las compras públicas. Según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS), el 41,1% de las infancias y adolescencias de entre 5 y 17 años presentan sobrepeso u obesidad en Argentina: 20,7% con sobrepeso y 20,4% con obesidad, sin diferencias significativas entre niveles socioeconómicos.
La modificación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642 había sido incorporada por COPAL dentro de la agenda de competitividad del sector que coordinó Sturzenegger.
Sin embargo, se trataba de un reclamo secundario dentro de un listado más amplio que incluía la reforma laboral, la reducción de la carga impositiva —que en bebidas supera el 50%— y la baja de costos logísticos, especialmente en la operación portuaria, considerada la más cara de la región.
Fuentes de COPAL y ejecutivos de empresas asociadas aseguraron que el Gobierno no les anticipó el envío del proyecto al Congreso, firmado por el ministro de Salud, Mario Lugones. En el mensaje oficial, además, no aparecen argumentos vinculados a políticas de salud pública.
“Los fundamentos del proyecto del Poder Ejecutivo repiten los argumentos de la industria. Son los mismos con los que COPAL se opuso desde 2015, cuando empecé a trabajar en esta iniciativa”, afirmó ante Infobae el exvicepresidente Julio Cobos, quien como diputado impulsó el tratamiento de la norma junto con la actual senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti.
La industria alimenticia sostiene que los sellos de advertencia representan una barrera para el comercio exterior, ya que obligan a desarrollar esquemas de rotulado distintos para cada mercado. Según las empresas, esa situación incrementa los costos de producción y reduce la competitividad de los productos argentinos.
La presidenta de COPAL, Carla Bonito, afirmó que “la falta de convergencia regulatoria genera mayores costos de adecuación, duplicación de etiquetados y pérdida de competitividad para la oferta exportable argentina”. Además, señaló que “la regulación no resultó clara para los consumidores” y sostuvo que “COPAL comparte el desafío de construir regulaciones eficaces y equilibradas”.
Por su parte, el Gobierno argumentó en el proyecto de ley que “las asimetrías regulatorias impactan especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados, vinculados al rediseño de envases, adecuación de líneas productivas y administración de stocks”.
Sin embargo, entre las pymes alimenticias aparecieron cuestionamientos al intento de derogación. Letra P consultó a Marcelo Berardi, dueño de Productos Raulito y presidente de la Asociación de Industriales de la Alimentación de Córdoba (ADIAC), entidad que comparte espacio sectorial con Arcor, la principal empresa alimenticia del país propiedad de la familia Pagani.
“La eliminación de los octógonos nos generaría un nuevo problema de costos. Obligaría a las pymes a volver a invertir el dinero que destinamos en 2022 para aplicar los sellos, imprimir nuevos envases y modificar etiquetas. Sería un gasto enorme en medio de un consumo retraído”, explicó Berardi.
El empresario también cuestionó aspectos técnicos de la normativa vigente. “Si bajamos un porcentaje de azúcar en una mermelada, igual no logramos evitar el sello negro. Termina siendo lo mismo tener 2% de azúcar que 60%. En Chile, en cambio, existe un sistema de colores que distingue distintos niveles de exceso de nutrientes críticos”, señaló.
Todos las personas consultadas coinciden en señalar una limitación del sistema actual: “Los sellos son binarios, están o no están, pero no generan incentivos para que la industria reformule sus productos”.
José Merlo, titular de Indual —una pyme cordobesa que fabrica insumos para la industria alimenticia, como salsas dulces para heladerías y panaderías—, advirtió ante Letra P que “existe una presión de las grandes empresas para modificar una ley que puede ser estricta y que no rige en todos los países, pero que ayuda al consumidor. Vimos muchos productos light que finalmente no eran tales”.
“Habría que revisar la ley, no eliminarla. Es otra barbaridad de las que propone el Gobierno. A las pymes nos costó adaptarnos y ya hicimos la inversión necesaria, pero también hay que pensar en el consumidor y en brindar información clara”, sostuvo Merlo, cuya empresa exporta a países de Sudamérica y, según aseguró, “nunca tuvo problemas” por el etiquetado frontal.
Según datos de COPAL, de las 14.500 empresas que integran el sector alimenticio, apenas 1.200 exportan; el resto produce exclusivamente para el mercado interno.
Una ejecutiva de una multinacional alimenticia radicada en el país aseguró a Letra P que “el costo de desarrollar etiquetados diferenciados para exportación es muy alto. Para vender en Brasil, por ejemplo, tenemos que fabricar envases especiales o colocar etiquetas que tapen los sellos negros”.
En contraste, un empresario pyme que también integra COPAL relativizó ese argumento para el caso de las grandes compañías. “Fijate que las multinacionales cambian los envases todo el tiempo, ahora mismo incorporan motivos del Mundial de fútbol. A mí me encantaría poner una bandera o una pelota en mis productos, pero si la selección queda afuera en primera ronda tengo que tirar todo el stock. Ellos manejan otros volúmenes y pueden absorber esos costos”, explicó.
El proyecto oficial sostiene que los octógonos negros utilizan parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que resultan “inconvenientes para las matrices alimentarias del país” y generan una superposición regulatoria, ya que Argentina ya cuenta con un sistema obligatorio de información nutricional incorporado al Código Alimentario Argentino y vigente en el Mercosur.
Otra fuente de la industria de bebidas cuestionó la norma actual: “Está basada en el perfil nutricional de la OPS, que es el más estricto de la región, y provoca que el 80% de los productos tenga sellos. Eso termina confundiendo al consumidor”.
“El modelo brasileño, que es el que se busca armonizar dentro del Mercosur, resulta razonable para todos”, afirmó la ejecutiva de la multinacional con participación en COPAL.
En el Mercosur avanzan conversaciones para unificar criterios regulatorios. Brasil y Paraguay utilizan leyendas del tipo “alto en…”, pero no aplican los parámetros de la OPS de manera directa, sino adaptaciones nacionales.
Uruguay, en cambio, mantiene los octógonos negros como Argentina, aunque con límites nutricionales definidos localmente. En los tres casos, las exigencias son más laxas que las argentinas.
El Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social (Cenarsecs), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, realizó un estudio sobre etiquetado frontal que concluyó que tres de cada cinco argentinos redujeron el consumo de alimentos o bebidas por la presencia de sellos de advertencia, a apenas dos años de la implementación plena de la ley.
El 94% de los encuestados afirmó comprender el significado de los octógonos; el 79% aseguró haber modificado hábitos de compra a partir de esa información y el 52% indicó que dejó de consumir o redujo la compra de productos con sellos de advertencia.
En paralelo, unas 300 organizaciones de la sociedad civil, asociaciones médicas, entidades académicas y profesionales de la salud repudiaron el proyecto de derogación mediante un comunicado en el que reclamaron “priorizar la evidencia científica que avala la efectividad de los sistemas de etiquetado frontal”.
