La administración libertaria licitará el 51% de las acciones a un operador estratégico y colocará el resto en La Bolsa. Un 10% quedará en los trabajadores.
El gobierno de Javier Milei confirmó este viernes el inicio del proceso de privatización de AySA, pero con viento a favor será recién en 2026. El plan contempla la venta del 90% del capital accionario mediante una licitación pública para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial (IPO) para abrir el capital a inversores institucionales y ciudadanos.
El 10% restante seguirá en poder de quienes trabajan en la empresa, bajo el Programa de Propiedad Participada. El objetivo declarado es mantener el control del Estado sobre los activos, delegando la operación a un privado bajo un modelo concesionado.
Fuentes oficiales dijeron a Letra P que los pliegos se publicarán durante este semestre. En paralelo, avanzará la definición de un nuevo marco regulatorio y la redacción de un nuevo contrato de concesión.
El precio y las condiciones definitivas dependerán tanto de la demanda como de los términos contractuales, por lo oficialmente estimaron que “difícilmente se conozca un valor cierto” antes del primer trimestre de 2026.
Una vez adjudicada la operación, la empresa podrá habilitar la posibilidad de ofrecer públicamente acciones mediante una oferta pública inicial (IPO), abriendo su capital a inversores.
Según el comunicado oficial de la empresa encargada del servicio de agua potable y desagües del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la medida apunta a transformar la gestión, garantizar un servicio más eficiente y lograr sustentabilidad financiera tras casi dos décadas de subsidios.
Fuentes de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) consultadas por Letra P aclararon que esta privatización no es una reedición del modelo impulsado durante la gestión de Carlos Menem.
"Nada que ver con los 90. Acá tenés una empresa que ya es privada, solo que las acciones las tiene el Estado. Y no se cuidó la tarifa porque los ingresos estaban asegurados con el financiamiento del Tesoro", diferenció.
El mensaje apunta a diferenciarse de la experiencia de Aguas Argentinas, el consorcio privado que operó desde 1993 hasta su salida en 2006.
Según la compañía, aquella gestión terminó afectada por un marco regulatorio débil y problemas contractuales. Actualmente, aseguran, el nuevo modelo incorpora estos aprendizajes, establece reglas claras y garantiza la supervisión estatal.
Tras la reestatización en 2006, AySA operó bajo influencia política y una dependencia financiera alta. Hasta 2023, recibió más de u$s 13.400 millones en subsidios, de los cuales un 70% se destinó a expansión, sin revertir las fallas estructurales.
Según los datos oficiales:
42% de agua no contabilizada (pérdidas o conexiones clandestinas).
88% de morosidad de usuarios, lo que fomentó una "cultura del no pago".
80% de incremento en los costos operativos.
Este año, con ajustes tarifarios y recorte de subsidios, AySA mostró por primera vez desde 2007 un superávit operativo, aunque en el Presupuesto 2025 sigue previendo asistencia del Tesoro para gastos y obras.
La empresa proyecta una facturación de $ 1,7 billones, con un aporte estatal de $ 60.000 millones para gastos corrientes y $ 304.000 millones para inversiones.
El proceso se hará en dos etapas que recién tomarán forma el año próximo:
Selección del operador estratégico con experiencia y solvencia para gestionar la empresa.
Oferta pública inicial (IPO) para vender el resto de las acciones en el mercado local o extranjero.
El esquema buscará ampliar la participación ciudadana, con inversores minoritarios que tendrán derecho a información, participación en asambleas y nominación de directores.
Todo el proceso será supervisado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), cuyos voceros respondieron a Letra P que la operatoria sigue las reglas vigentes, con algunas normativas específicas para facilitar las privatizaciones.
La valuación de la empresa se hará por el Valor Actual Neto (VAN) de los flujos proyectados, un estándar en el sector. El objetivo: garantizar transparencia y competitividad en las ofertas.
El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (OSN), que representa al personal de AySA, mostró cautela frente al anuncio. Ante una consulta de este medio, el secretario general José Luis Lingeri recordó la experiencia de la era menemista: “Es igual que en los 90 y finalmente los inversores se fueron porque no les dieron tarifas y no hicieron expansión porque no era rentable. Si no hay tarifa sustentable, no es negocio para nadie”.
Lingeri confirmó que "ya hubo retiros en los que se fueron 1.500 trabajadores" y planteó: "Ellos saben perfectamente que el ajuste ya está hecho, así que vamos a reclamar para sostener la plantilla de personal, esta es nuestra condición".
El dirigente gremial advirtió, que aún faltan definiciones clave como la aprobación del Congreso, el marco regulatorio y las condiciones de concesión.
Mientras tanto la Casa Rosada apuesta a mostrar este anuncio como un hito en su política de reformas estructurales, aunque para los actores del sector es un proceso abierto y aún incierto.
"Hace rato que se viene hablando de esto, pero hacen este anuncio ahora porque estamos cerca de las elecciones y tienen que mostrar algo", dijo Lingeri.
La historia del servicio de agua en Argentina, desde la estatal Obras Sanitarias de la Nación (OSN) hasta la actual AySA, ha sido un entramado complejo de cambios de gestión, desafíos financieros y esfuerzos por expandir y mejorar la infraestructura.
Tras la privatización en 1993, Aguas Argentinas buscó modernizar y expandir redes, pero las tarifas dolarizadas y el incumplimiento de inversiones generaron quejas y una eventual quiebra técnica, lo que llevó al Estado a subsidiar la empresa hasta su reestatización como AySA en 2006.
Durante el período 2006-2015, AySA incorporó nuevos partidos bonaerenses y aplicó una Tarifa social, aunque la expansión de la red se estancó y las obras se vieron afectadas por crisis económicas.
Entre 2016 y 2020, la empresa enfrentó tarifas "pisadas", dependencia del subsidio estatal, falta de inversión, baja calidad de servicio y una plantilla de personal sobredimensionada.
Más recientemente, se observa una fluctuación entre modelos de gestión que buscan eficiencia operativa y sostenibilidad financiera, con períodos de reactivación de obras y digitalización; pero también desafíos como el congelamiento tarifario y la dependencia del presupuesto nacional, evidenciando un continuo debate sobre el equilibrio entre el servicio público y la viabilidad económica.
