Casi al mismo tiempo que convocaba a una audiencia pública para fines de febrero destinada a tratar las revisiones tarifarias quinquenales (RTQ) de Edenor y Edesur; el gobierno de Javier Milei comenzó a desmontar, con receta menemista, una serie de reglamentaciones heredadas de las gestiones kirchneristas que, considera, afectaban el negocio de las generadoras eléctricas.
Mediante de la resolución 21/25, la Secretaría de Energía a cargo de la macrista María Tettamanti dispuso una desregulación gradual del sector de generación. Entre otras medidas, limitó el rol de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa).
La movida oficial tiene como objetivo ir "normalizando" el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista y lo hace con reglas que la administración de Carlos Menem ya estableció en los años 90.
La letra chica de la resolución introdujo tres cambios:
El sistema eléctrico de Javier Milei
Pese a que la administración libertaria confía en que los cambios garantizarán un sistema eléctrico "más eficiente, competitivo y sostenible", especialistas energéticos consultados por Letra P relativizaron el impacto de las medidas.
Las voces técnicas advirtieron que no están dadas las condiciones para que los grandes usuarios y distribuidoras puedan contratar en forma directa con las generadoras la provisión de energía y que, mientras se mantenga el cepo cambiario y las restricciones para girar dividendos al exterior, no se puede esperar la llegada de inversiones que permitan ampliar con urgencia el parque de generación.
Cammesa
Toto Caputo y la deuda de Cammesa
Secretaría de Energía
Si bien aún restan conocerse las disposiciones reglamentarias del nuevo formato eléctrico, tanto empresarios como analistas del sector consideran que, antes de avanzar con el desplazamiento de Cammesa de las tareas que tiene asignadas, las autoridades de Energía deben resolver dos cuestiones:
Por el lado de los nuevos contratos directos de venta de energía que podrán concretar las generadoras con las distribuidoras eléctricas, el problema principal son los posibles congelamientos de tarifas que dispongan los gobiernos provinciales y la no aplicación de los ajustes automáticos mensuales que se comprometió a autorizar la administración mileísta para las operadoras privadas de la región metropolitana de Buenos Aires.
De darse alguna de estas posibilidades, las distribuidoras dejarían de pagar la totalidad de los contratos de energía y entrarían en default con las generadoras.
Interna energética
Puertas adentro de la administración libertaria, el primer paquete de reformas para reconfigurar el negocio eléctrico provocó un nuevo cortocircuito entre Tettamanti y el vicepresidente de Cammesa, Mario Cairella.
Cairella, quien accedió al cargo con el apoyo del diputado José Luis Espert y del asesor presidencial Santiago Caputo, cuestionó off the record las medidas diseñadas por el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo.
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Toto Caputo con el equipo energético de Javier Milei
En un grupo privado que integran el empresariado y consultores energéticos, Cairella argumentó que los cambios presentados son los mismos que impulsó el ex secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo.
Asimismo, planteó que el nuevo programa energético no toma en cuenta la realidad del sector y el papel que aún debe seguir teniendo Cammesa para garantizar la provisión de combustibles a las generadoras y poner en orden las cuentas en rojo que arrastra la compañía por los incumplimientos en los pagos que acumulan las distribuidoras.
Desacuerdos libertarios
Este nuevo cortocircuito se suma a otros dos que se produjeron en los últimos 30 días y que dejaron en evidencia la falta de cohesión en quienes tienen bajo su responsabilidad la política energética.
A fines de diciembre, Cairella se opuso al recargo tarifario que Tettamanti quería implementar para financiar el proyecto de ampliación de las redes de transmisión del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Hace dos semanas, la secretaria de Energía le bajó el pulgar a una movida de Cairella que, con el argumento de que estaba en riesgo el abastecimiento interno, apuntaba a contratar usinas térmicas flotantes y a firmar un acuerdo de importación de 1.000 MW con Brasil a un precio más elevado que el reconocido a las generadoras locales.